En México la orfandad se ha agravado principalmente por la Covid-19 y los feminicidios; se estima que en nuestro país existen cerca de 212 mil 900 menores de edad en situación de orfandad por la pérdida de uno o ambos padres, cifra que se incrementa a 226 mil 700 al sumar el fallecimiento de los abuelos que tenían la custodia, números que son alarmantes pero que están lejos de dimensionar la gravedad del problema debido a que se carece de un padrón nacional sobre la orfandad.
Antes del inicio de la pandemia, en nuestro país había 33 mil niñas, niños y adolescentes en orfanatos, casas hogar o albergues en espera de que alguien los adoptara, y para 2022 la cifra podría ser de alrededor de 40 mil menores de edad en espera de una adopción.
Es una dolorosa realidad que se agudiza cuando la orfandad es por feminicidio debido a que lastima a la sociedad y acaba con la estabilidad de muchas familias, situación que plantea la urgencia de crear un padrón nacional de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, para la instrumentación de políticas públicas y acciones afirmativas que atiendan de manera integral a las víctimas indirectas, con una perspectiva de derechos humanos, enfocada a su restitución.
Las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio enfrentan situaciones de discriminación y desigualdad que complican, aún más, su desarrollo integral, porque la pérdida de la madre incrementa problemas como el que los niños dejen la escuela, tengan que trabajar o pierdan su infancia, además, de colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad a ser víctimas de trata de personas, explotación laboral, sexual y a la pornografía infantil.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), arrojan que la mitad de la población infantil vive en condiciones de pobreza: 3 millones 720 mil se encuentran en pobreza extrema, y uno de cada 10 menores de edad no asiste a la escuela.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3.2 millones de menores de entre 5 y 17 años tienen que trabajar, de éstos 2.1 millones lo hacen en actividades no permitidas, y 1.1 millones trabajan en labores domésticas no adecuadas, contexto en el que la mendicidad infantil se plantea como un problema que va en aumento.
De acuerdo con la organización civil Pozo de Vida, en nuestro país se calcula que existen cerca de 260 mil niñas y niños abusados a través de la explotación sexual, mendicidad forzada y trabajos forzados.
Las víctimas de orfandad por feminicidio además de los apoyos económicos requieren que se les garantice una reparación integral que incluya atención psicológica especializada, necesidades de salud, alimentación o vivienda con cobertura a largo plazo, así como reforzar a las y los cuidadores en esta tarea.
Es positivo contar con un Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, publicado el 4 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, para garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos, la protección social y la asistencia a niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron asesinadas por ser mujeres, es primordial la creación de un padrón nacional, que contenga la información y documentación actualizada de las víctimas indirectas para la elaboración de un diagnóstico sobre la problemática y sus causas, así como para la instrumentación de protocolos de atención e indicadores de evaluación.
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Alejandra Barrales (@Ale_Barrales)
