La pobreza infantil en México crece, entre 2018 y 2020 se incremento 2.3 puntos porcentuales, pasó de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento, debido en gran parte a la crisis de los ingresos familiares como consecuencia de la pandemia sanitaria; contexto que plantea la urgencia de formular, promover y dar seguimiento a las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tarea fundamental del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Los 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes, representan el 30.4 por ciento del total de la población del país. En Guerrero y Chiapas, 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza, mientras que en Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León 3 de cada 10 presentaban esta condición.
De acuerdo con el estudio Pobreza infantil y adolescente en México 2020, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el incremento en la pobreza extrema fue el principal componente que empujó el aumento de la pobreza infantil; en dicho periodo la pobreza extrema pasó de 8.7 por ciento a 10.6 por ciento en la población de 0 a 17 años.
El estudio arrojó que en nuestro país, las niñas, niños y adolescentes son quienes padecen más la pobreza comparados con otros grupos etarios, para la niñez la pobreza oscila en 52.6 por ciento y para el resto de la población es de 43.9 por ciento.
En 2020, 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional, lo que significa que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes contaban con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos.
Por grupo etario, se establece en el estudio, el 54.3 por ciento de la población en primera infancia (de 0- 5 años) se encontraba en situación de pobreza, frente al 52.8 por ciento de la población de 6 a 11 años y el 51 por ciento de adolescentes.
De las niñas, niños y adolescentes que hablan una lengua indígena, 9 de cada 10 estaban en situación de pobreza. La carencia social más pronunciada para la niñez fue la de acceso a la seguridad social; en 2020, el 58 por ciento de la población infantil y adolescente no tenía acceso. La carencia por acceso a los servicios de salud fue la que más aumentó entre 2018 y 2020, se incrementó de 14.3 a 27.5 por ciento.
Las estadísticas reflejan que la niñez ya enfrenta un contexto adverso que tenderá a agravarse si se concreta la propuesta de desaparecer al Sippina, que significaría un retroceso en los derechos de estas poblaciones.
El Sipinna es un modelo de protección que cuenta con la dimensión normativa institucional y articulación en los derechos de la niñez y para fortalecerlo se requiere que continúe como una Secretaría Ejecutiva y un sistema con carácter deliberativo no consultivo, además de que sus decisiones sean vinculantes.
El Sipinna y el DIF, son sistemas complementarios, pero totalmente distintos, porque en tanto el primero es el coordinador de políticas públicas, el segundo es un sistema de asistencia social encargado de la restitución de derechos. Esta claro que desaparecer al Sipinna tendrá efectos negativos que van desde la falta de coordinación al interior del Gobierno Federal, ausencia de políticas públicas integrales en el tratamiento de este segmento de la población, debilitamiento del monitoreo y evaluación, y hasta la disminución de la participación ciudadana.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
