Han pasado ya 8 años de lo acontecido en Ayotzinapa y lo que al principio se pensaba que era un asunto local, sin repercusiones, se convirtió en una bola de nieve que ha enlodado a autoridades municipales, estatales y federales tanto del pasado como del actual gobierno.
Hasta el momento, el abominable crimen ocurrido el 26 de septiembre de 2014 no ha sido esclarecido; es cierto, han detenido y juzgado a varios participantes de los hechos, pero no es suficiente. Aún quedan muchas dudas y preguntas por responder.
El informe de la presidencia de la comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa dado a conocer hace algunas semanas por Alejandro Encinas, arroja muchas luces sobre lo que ya muchos sabían, pero no decían: la colusión entre los grupos delictivos de la zona, las autoridades municipales y los integrantes del ejército. Desde el principio, varias personas señalaron haber sido testigos de la participación de algunos elementos uniformados en el operativo implementado en Iguala y sus alrededores, la madrugada del 26 de septiembre.
En 2018, meses antes de las elecciones federales, el ahora Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se comprometió ante los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, a resolver el asunto lo más pronto posible, generando falsas expectativas no sólo entre las familias que exigían la recuperación de sus hijos vivos sino también en una sociedad ávida de justicia. El prometer no empobrece como dice un conocido refrán, y es que a cuatro años de esa promesa las cosas siguen igual o peor.
El informe de Encinas es similar al informe de la verdad histórica que en su momento presentó el entonces Procurador Jesús Murillo Karam ahora detenido por las actuales autoridades. No olvidemos que hace casi 8 años el entonces titular de Procuraduría General de la República informó que había evidencias de que varios de los desaparecidos ya estaban muertos, generando con ello el malestar y rechazo de quienes los seguían buscando con la esperanza de encontrarlos vivos.
El documento presentado recientemente por Encinas señala básicamente lo mismo: la mayoría de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos fueron asesinados esa misma noche. Todavía más, indica igual que aquél, que en el operativo para su desaparición participaron integrantes del crimen organizado, elementos del ejército mexicano y policías municipales. ¡Vaya noticia!
Injusticia y engaño es lo único que los familiares han recibido por parte de un gobierno que al principio afirmó enérgicamente que daría con la verdad y hasta sus últimas consecuencias. Es por eso que las inconformidades, protestas y movilizaciones de quienes exigen que se esclarezcan estos hechos se han recrudecido, sobre todo en los días recientes al aniversario. Es claro, no hay voluntad política suficiente para que la justicia llegue hasta donde debería llegar y prometieron que llegaría. La revictimización a las familias que provocó este informe tuvo un paupérrimo logro: una lacónica disculpa del titular del ejecutivo.
Tantos años de lucro electoral sobre el dolor de padres y familiares es imperdonable…hasta para Andrés Manuel López Obrador, otrora su justiciero, hoy su victimario.
