En lo que va de este 2023 se han registrado en el país al menos ocho ataques armados en contra de fiscales, funcionarios de seguridad pública y alcaldes, con saldo de tres bajas, la mayoría en Guerrero, estado azotado por el resurgimiento de La Familia Michoacana.

El más reciente atentado escaló al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero, Fernando García Fernández, ultimado el martes pasado afuera de su oficina en Chilpancingo, al parecer por integrantes de Los Ardillos, en presunta represalia por sus acciones contra este grupo criminal con influencia en el centro de la entidad, según las primeras líneas de investigación del caso.

“Sin ninguna duda se trata de un desafío abierto no sólo en contra del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, sino en contra del propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, consideró el experto en seguridad David Saucedo.

El especialista agregó que la serie de ataques contra funcionarios del gobierno federal y estatal en Guerrero se debe a que “uno de los grupos criminales que se está disputando el control en el estado identifica con claridad que el nuevo gobierno se está inclinado a favor de otro grupo rival”.

De acuerdo con el conteo realizado por EL UNIVERSAL, los ataques del crimen organizado han provocado la muerte del delegado de la FGR en Guerrero, Fernando García Fernández; el fiscal regional en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero, el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadra, así como del director de Seguridad Pública del municipio de Juan R. Escudero, Juan Carlos Vitrago.

En entrevista con Radiofórmula, el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco afirmó que lo sucedido en el mencionado estado, donde operan al menos 14 grupos criminales, la mayoría escisiones del cártel de Los Beltrán Leyva, representa un desafío para el que se requiere un cambio en las estrategias de seguridad.

“No podemos especular por cuanto lo que hay detrás del homicidio [del delegado de la FGR en Guerrero]. Lo cierto es que esto representa un desafío, una abierta confrontación, una minimización de las acciones llevadas a cabo por el gobierno y, por lo mismo, estamos obligados a replantear las estrategias y a redoblar esfuerzos”, dijo.

Dos días antes del atentado contra el delegado de la Fiscalía General de la República, un comando armado de La Familia Michoacana secuestró y asesinó al fiscal regional en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero, el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadra, quien tenía apenas cinco días en el puesto y cuyo vehículo habría recibido por lo menos 50 impactos de bala.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la muerte del teniente coronel en el municipio de Coyuca de Catalán podría estar relacionada con las detenciones y aseguramientos realizados por la Guardia Nacional, el Ejército y autoridades locales.

“Por lo que vemos, tiene que ver con operativos realizados de aseguramientos en días pasados”, dijo.

El 6 de septiembre pasado, el director de Seguridad Pública de Juan R. Escudero, Juan Carlos Vitrago Flores, fue asesinado por hombres armados que le tendieron una emboscada en la cabecera municipal.

Al inicio de este mes, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron a balazos al presidente municipal de Teocaltiche, Jalisco, Juan Manuel Vallejo Pedroza, quien resultó ileso, pero dos de sus policías murieron.

En agosto pasado, un grupo armado secuestró a la titular de la agencia del Ministerio Público Jaquelín González Salgado en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente. Días después fue localizada con vida.

En tanto, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, sufrió en julio pasado un ataque del crimen organizado cuando circulaba en la carretera Reynosa-San Fernando, con presencia de células de los cárteles Del Golfo, los Zetas y Del Noreste, del que salió ileso.

En ese mismo mes, sujetos armados atentaron contra el alcalde de La Concordia, Chiapas, Miguel Ángel Córdova Ochoa, y mataron a tres de sus escoltas en Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, en mayo, un escolta de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, fue agredido con un arma de fuego.

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