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La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos condenó enérgicamente el ataque perpetrado en contra del ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho y su familia.
La federación reprobó el asesinato de De la Toba Camacho, así como de su hijo, Fernando de la Toba Lucero, y se solidarizó con la esposa e hija, quienes resultaron gravemente heridas.
Manifestó que, ante estos hechos, los 33 integrantes de la federación extienden su más sentido pésame a su familia, amistades y equipo de trabajo.
“Quienes integramos la Federación, vemos con preocupación este vil y cobarde acto, por lo que hacemos un enérgico llamado a las autoridades locales y federales para
esclarecer los reprochables hechos en los que nuestro compañero y su familia fueron víctimas.
"Como organismos públicos de derechos humanos exigimos justicia para quien, con su actividad, buscaba defender la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”, dice el comunicado.
En el documento, piden que se incluya en las líneas de investigación, la labor que realizaba a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, en la respectiva entidad federativa.
“En momentos en los que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalecen, demandamos una investigación profunda y seria que permita encontrar a los responsables de tan cobarde crimen. Como defensoras y defensores de los derechos humanos, alzamos la voz para pronunciarnos en contra de cualquier acción u omisión que busque debilitar nuestra labor, en demérito de los derechos humanos”, afirmaron.
Asimismo, exigimos justicia para quien con su actividad buscaba defender la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
“La ejecución de nuestro compañero pone en riesgo la defensa de los derechos humanos, pues es una clara señal de la vulnerabilidad de las garantías para que un ombudsman en nuestro país pueda realizar su trabajo de manera segura. Esta labor no debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o privación de la vida para las y los titulares o sus familiares”.
“Es evidente que la pauperización del entorno de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil, como de los organismos públicos autónomos, ha generado que la defensa de los derechos humanos se haya convertido en una labor de riesgo”, indicó.
“No obstante de este hecho, cada titular de los organismos públicos estatales, refrendamos nuestro compromiso de no claudicar en la alta y honrosa encomienda para la protección de los derechos fundamentales de las personas en México”, afirmó.
Por ello, exigimos al titular del Poder Ejecutivo Federal y Gobernadores de las Entidades Federativas tomar todas las provisiones necesarias para que ninguna persona defensora de derechos humanos, familiares o colaboradores sea objeto de ataques que pongan en riesgo su integridad personal. Requerimos acciones urgentes, efectivas y preventivas a fin de garantizar el sistema de protección no jurisdiccional, en el entendido de que este acontecimiento, no solo ha lastimado a De La Toba, sino a la confianza institucional para ejercer este tipo actividades.
Reconoció la labor que realizó De La Toba al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, así como sus aportaciones en el seno de esta federación.
“Nuestro compromiso como frente unido entre las y los ombudsperson será honrar su memoria, por lo que daremos puntual seguimiento a las investigaciones y demandaremos que no quede impune”, advirtió.
El documento está firmado por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Harley Sosa Guillén, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como por los demás ombudsman del país.
