El coordinador de Morena en el Senado de la República , anunció trámite inmediato a comisiones para su dictaminación y al pleno para su aprobación, a la minuta que permite al gobierno apropiarse del dinero de cuentas bancarias abandonadas , para fortalecer a los cuerpos policíacos en el país.

Durante la inauguración del foro “Los derechos humanos en el siglo XXI, Mitos y Realidades”, el legislador recordó que esta minuta es una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito para que “todos los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con aquellas excepciones dedicadas la beneficencia pública, prescriban a favor de la seguridad pública y se destinen para la política y acciones de combate a la delincuencia para la Federación, los estados y municipios”.

Detalló que el Senado le dará turno de inmediato para poder constituir el fondo que establece la reforma al artículo quinto transitorio aprobada por la Cámara Alta la semana pasada.

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El líder de los senadores de Morena aseguró que la delincuencia organizada vulnera la percepción de certeza y, sobre todo la presencia del Estado de derecho, afecta la dinámica social, la vida de todas las personas y todas las actividades.

Sostuvo que los métodos usados por organizaciones criminales para cumplir sus objetivos son demasiado violentos ahora y han ampliado su horizonte de actividades ilícitas, ya no sólo la extorsión, el soborno y el secuestro, sino que ya intensifican el lavado de dinero, el traslado de bienes y valores ajenos y afectan mecanismos de transparencia tributaria y formalidad, con acciones como el cobro de piso y de impuestos ilegales por la venta de mercancías o por el desarrollo de actividades.

Ricardo Monreal puntualizó que el crimen organizado representa una de las más graves amenazas a la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y a la convivencia humana, por lo que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito prevé que los recursos “mostrencos” (que no tienen dueño) y que tengan más de 6 años sin actividad en el sistema financiero, se destinen a fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país.

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Se estima que actualmente estos recursos suman alrededor de 10 mil millones de pesos.

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