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La acusación más grave que la Procuraduría General de la República emitió contra Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por delincuencia organizada no prosperó y fue vinculada a proceso por lavado de dinero.
Ese delito establecido en la ley como operaciones con recursos de procedencia ilícita no merece prisión preventiva de oficio, pero el juez de control ordenó mantenerla en reclusión mientras dure su proceso penal, debido al riesgo de fuga que representa la imputada.
En la audiencia, que inició el viernes a las 13:14 horas y concluyó cerca de la una de la mañana de ayer, el juez de control Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, declinó competencia en favor de su homólogo, con sede en Cuernavaca, Morelos, debido a que González Valencia permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”.
“Para el efecto de preservar la competencia por razón de seguridad, pero además potenciar el principio de inmediación, pues es el centro de justicia más próximo al lugar de internamiento de la imputada”, argumentó el juez, según lo informado por el Consejo de la Judicatura Federal.
En la causa penal 244/2018 el juez escuchó a las partes y los abogados de González desahogaron los medios de prueba que ofrecieron, y en el auto de vinculación a proceso el juzgador precisó que la modalidad en la que se continuará la investigación será la de adquirir, ocultar y transferir, dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que provienen de una actividad ilícita, según el tipo establecido en el Código Penal Federal.
La audiencia se realizó a puerta cerrada a petición de los cuatro fiscales de la PGR que acudieron a formular su acusación y de la defensa de González Valencia, quien incluso solicitó la salida de los medios de comunicación de la sala.
“Sí su Señoría, solicito que salgan porque tengo temor de mi integridad física y no quiero que esté la prensa”, dijo.
El Consejo de la Judicatura precisó que la fiscalía sólo logró acreditar que González Valencia, junto con otra persona, recibió recursos provenientes de una actividad ilícita para constituir y liquidar diversas empresas con el fin de blanquear el origen del dinero.
