“Se mantiene incidencia delictiva”

Aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva, además de que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.

Un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, titulado Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación, sostiene que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad, pues desde 2008 aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros, que lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país.

El análisis elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro destaca que entre 2020 y 2021 —como consecuencia de la reforma constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio— aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron en el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa de 2019. Sin embargo, en la mitad de estos delitos la incidencia delictiva también creció, lo que sugiere que el hecho de que haya más personas en la cárcel no garantiza que se cometan menos delitos.

En este sentido, subraya que en los últimos dos años, la población penitenciaria del país creció 13.4%, al pasar de 202 mil 337 personas presas en enero de 2020, a 229 mil 621 en agosto de 2022.

Los feminicidios aumentaron 3.2%; el abuso sexual, 23%; la desaparición forzada, 13%; y los delitos electorales, 557%, en el marco del proceso electoral de 2021.

En contraparte, acorde con el IBD, otros delitos han disminuido sin que se les aplique la prisión automática, como el robo de vehículos, el cual, entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 disminuyó 40.4%, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el caso del robo de combustible, se logró una disminución de 94%, aunque el descenso comenzó antes de la reforma de 2019, “por lo que parece obedecer más a la estrategia contra el huachicol implementada por el gobierno federal que a la implementación de la prisión preventiva oficiosa”, dice el investigador.

Según el documento, además de las penas privativas de la libertad, existen otros factores que repercuten en la incidencia delictiva y, por tanto, diversas alternativas de intervención pública que deben ser exploradas para disuadir y erradicar las conductas criminales que amenazan la tranquilidad de las personas.

El estudio señala que en México existe una situación sui generis que promueve la confusión, pues coexisten dos figuras reconocidas por el sistema jurídico: la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa.

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