En el último año, de noviembre de 2021 al mismo mes de 2022, la sobrepoblación de los penales a nivel nacional casi se duplicó al superar 99.46%.
A nivel nacional, los centros penitenciarios documentaron en el decimoprimer mes de 2022 una sobrepoblación de 12 mil 714 personas privadas de la libertad (PPL), casi el doble comparado con el mismo mes de 2021, que registró 6 mil 374.
La capacidad de los penales en el país es de 217 mil 286 espacios, pero al cierre de noviembre pasado la población carcelaria fue de 230 mil internos, de acuerdo con las últimas cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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En noviembre de 2021, se registraban 217 mil 42 espacios, pero se llegó a una población de 223 mil 416.
El reporte de Seguridad y Protección Ciudadana indica que de los 230 mil internos procesados en noviembre de 2022, 92 mil 892 no cuentan con sentencia, mientras que 137 mil 108 ya han sido sentenciados.
Especialistas expresaron que una de las causas del incremento de la población carcelaria se debe a la reforma al artículo 19 constitucional, aprobada en 2019, que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, así como corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros.
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Alejandro Hope, analista de seguridad, detalla que crece el número de personas en prisión, pero no crecen en paralelo los espacios. “La combinación de punitivismo y austeridad republicana es un coctel explosivo”.
El analista señala que se requiere dejar de utilizar la prisión como solución para todos los problemas posibles e imaginables. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una lista de 14 medidas cautelares distintas.
Asevera que la prisión preventiva es sólo una de ellas, “hay 14 medidas cautelares… [es necesario] reducir el número de personas que deben enfrentar su proceso tras las rejas. 40% de la población carcelaria no cuenta con una sentencia, se necesita dejar de utilizar la prisión preventiva como muleta del sistema de justicia penal”.
José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, organismo en temas de derechos humanos, dice que se deben ponderar otras medidas cautelares y enfatiza que el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce 14 medidas cautelares diferentes y de éstas lo que están pidiendo es la prisión preventiva, pero esa debe ser la última razón.
“Tenemos que estar atentos a cuántos de estos casos que han sido víctimas del uso y abuso de la prisión preventiva están optando por irse a juicios abreviados, que es peligroso porque se están llevando sentencias sin juicio”, considera.
Alejandra Silva, experta en temas de derechos humanos y reinserción social, expresa que a la mayoría por cometer un ilícito los meten a la cárcel mientras los juzgan; entonces, si el individuo resulta ser inocente pues le dicen “usted disculpe”, pero ya lo dejaron dos años en prisión.
“Por ejemplo, antes una persona cometía un delito, llegaba ante el juez (…) la vinculaba a proceso y decía: ‘te vas a quedar en tu casa, una vez a la semana vas a venir a firmar’, pero hubo una presión política muy fuerte desde 2019 porque comentaban que no estaban metiendo a la cárcel a los acusados de algún delito, entonces empezaron a usar la prisión preventiva”, externa la especialista.
Elena Azaola, integrante del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, comenta que “muchas personas están sometidas a juicio y los abogados recomiendan el procedimiento abreviado, es decir, que se declaren culpables para que les den una pena supuestamente menor, y en ocasiones no son culpables”.
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