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Otorgar amnistía a los narcotraficantes, como lo planteó el aspirante presidencial del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, representaría el olvido del Estado frente a la comisión de delitos, además de que el Ejecutivo federal no está facultado para otorgar este beneficio sin consultar al Congreso, señalaron juristas.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Alberto Nava Garcés afirmó que es un mecanismo muy complejo, que se concede esencialmente en delitos de índole política y que en un marco de violencia del crimen organizado, como el que se ha registrado en los últimos años en México, es inviable.
“Es una carta de impunidad que se está ofreciendo, lo cual es grave. Por otro lado, tendría ciertas consecuencias en el plano internacional por el hecho de que si una persona, por los delitos de que estamos hablando, que serían delincuencia organizada, obtuviera una amnistía eso no significa que no seguiría siendo perseguido por autoridades internacionales. ¿Cómo enfrentaría el Estado mexicano un proceso de extradición?”, cuestionó.
Nava Garcés expuso que esta figura tampoco garantiza que las personas beneficiadas no volverán a cometer actos ilícitos. “Es un tema bastante complejo para considerarse como una de las posibilidades en una política criminal”, matizó.
Modelo colombiano. El especialista en Derecho Penal Comparado del Inacipe Javier Dondé Matute precisó que la amnistía es un instrumento que sirve esencialmente para dar un incentivo a los actores que participan en un conflicto armado y que en muchas ocasiones va aparejada de una comisión de la verdad.
“Me da la impresión de que López Obrador está pensando en términos de una justicia transicional, es decir, un espacio para transitar de una situación de conflicto armado hacia una situación de paz, como lo que está sucediendo en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, aseveró.
Recordó que los ex presidentes José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente, amnistiaron a presos políticos y a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero que eran situaciones de carácter político.
Sin embargo, consideró que se podría implementar un proceso como en Colombia, en el que la amnistía no sea plena sino que se plantee una reducción de penas.
El académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Federico Arriola aclaró que la amnistía no la da el Ejecutivo federal, sino que es facultad del Congreso a través de una ley.
“No es para efectos futuros igual que el indulto, la amnistía es general y del Congreso”, indicó.
