La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está diseñada para un “poder unipersonal”; sus asuntos deben atenderse con la aportación de los 11 ministros, considera el ministro Alberto Pérez Dayán.
Candidato por segunda ocasión a dirigir la SCJN, ahora para el periodo 2023-2026, el juzgador afirma que su objetivo es demostrar que la administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) corre a cargo de todos los ministros y que el titular de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal sólo es quien comunica las decisiones colegiadas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Pérez Dayán advierte que un tribunal sin autonomía e independencia “no tendría ni legitimidad ni siquiera dignidad propia si obedecemos consignas para resolver.
De resultar electo el 2 de enero del año próximo, Pérez Dayán adelanta que creará una oficina encabezada por alguien con credibilidad acreditada, en la que magistrados y jueces puedan denunciar presiones, amenazas e intimidación gubernamental.
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¿Mantiene su candidatura?
—Desde luego que sí, firme y convencido.
¿Las decisiones en la Suprema Corte deben tomarse de forma colegiada?
—Una de las virtudes de trabajar en forma colegiada es que se pueden aprovechar las experiencias, el talento de todos, de ahí que el presidente de la Suprema Corte termine por ser uno más de 11, lo que importa es que 11 en la Corte y siete en el Consejo de la Judicatura Federal contribuyan de modo decisivo. Esta es una de las cuestiones que a mí me gustaría reforzar: el trabajo en comisiones de la Suprema Corte.
Este trabajo corresponde a los 11 ministros, de suerte que cuando se realice así estoy absolutamente seguro que el presidente de la Corte simplemente será un vocero, no un actor predominante en la vida de la Corte; nunca lo ha sido, más allá de que mediáticamente pudiera tener ese carácter.
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¿Cómo garantiza la autonomía e independencia del Poder Judicial?
—Lo primero de todo es sabernos libres y resolver libremente. La libertad que acompaña la autonomía, la independencia, supone precisamente eso, la responsabilidad de hacer las cosas con la convicción personal de que es lo correcto y, en el caso concreto, la aplicación de la ley se hace de la forma debida.
Es la característica fundamental de la Judicatura. Perdiendo la autonomía, perdiendo esa libertad de ir con absoluta independencia, perdemos todo.
¿A qué se refiere con todo?
—No tendríamos ni legitimidad ni siquiera dignidad propia si obedecemos consignas para resolver. Por ello uno de los puntos donde yo estoy apoyándome en mi plan de trabajo es la posibilidad de que exista alguien cuya credibilidad esté acreditada, a quien en determinados momentos los jueces y magistrados puedan acudir a denunciar cualquier intento de afectación a su libertad, no tanto de los que surgen propiamente de los litigios, sino de los indebidos por factores externos como amenazas, miedos o persecuciones de carácter institucional.
En su plan de trabajo menciona una “desmesurada” campaña de desprestigio contra el Poder Judicial. ¿Por qué la califica así?
—Porque en ocasiones la propia opinión puede servir para desorientar. Yo no creo que toda manifestación de desconcierto sobre una decisión tenga una motivación equivocada, pero el efecto que produce en una sociedad que debe creer en las instituciones es muy negativo.
Por desmesurado entiendo sólo lo que es desmedido. Me parecería que lo conveniente sería dar el posicionamiento de cada quien sin caer en una descalificación unilateral. Cada cosa tiene sus razones, nosotros tenemos unas, hay otras, será la sociedad quien valore, pero muchas de las decisiones, si no es que la inmensa mayoría de ellas, se toman con apoyo en el texto de la norma. Es para mí fundamental para asegurar que estamos cumpliendo con nuestra obligación.
¿Qué plantea para el combate a la corrupción y nepotismo en el Poder Judicial?
—Se ha intensificado el combate y es correcto intensificarlo, pues el Poder Judicial crece y en esa misma medida los instrumentos para su debido control tienen que ser más eficaces. Mucho de ello implica también el fomento de nuestros propios valores, el juzgamiento de nuestro personal, entendernos en la responsabilidad en la que estamos y procurar siempre esa transparencia que nos genera la tranquilidad de que hacemos exactamente lo correcto.
¿El Poder Ejecutivo está interviniendo en el proceso de sucesión en la Corte?
—Estamos total y absolutamente libres en ese sentido, no he percibido ningún otro tipo de acción real. Es conveniente que se considere que el Poder Judicial tiene su propio sistema de renovación y lo ejercerá en plenitud.
Por ahora no he visto ningún tipo de interferencia de ningún actor político en nuestro proceso de selección, no sólo en cuanto a la propia presidencia de la Corte, sino en la presidencia de las Salas.
¿Cuál es el principal reto de la Corte para los próximos cuatro años?
—Son varios los retos del Poder Judicial para los próximos cuatro años. Uno de ellos es superar todo el conflicto que nos dejó como sociedad la pandemia, mejorar nuestros sistemas de eficacia. Son muchos los retos que tenemos, pasando por corrupción, por austeridad, por muchos otros aspectos que son fundamentales en nuestra gestión.
Creo que atenderlos colectivamente como lo he propuesto, con la aportación de los 11 ministros y los siete consejeros de la Judicatura Federal nos dará la oportunidad de enfrentar todas estas exigencias de mejor modo. Mi objetivo es terminar demostrando que el presidente de la SCJN sólo es quien comunica e informa las decisiones cuando haya que informarlas, la administración corre a cargo de todos.
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