La consultora Integralia difundió su informe La huella de Otis en Acapulco, un análisis de las secuelas políticas, económicas y sociales, en el cual detectó un aumento de la violencia en Guerrero tras el paso del desastre natural.
Dentro del estado, la violencia afectó algunas regiones en mayor medida después del huracán; se formó una franja entre los municipios de Acapulco, Coyuca y Chilpancingo con altas tasas delictivas que se cruzan con la entidad, mismas que se mantuvieron en el primer bimestre de 2024.
El informe señala que una explicación a dicho fenómeno es que los grupos criminales expandieron sus actividades a otros territorios con el propósito de compensar la suspensión de sus operaciones en Acapulco y evitar el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas.
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“Lo anterior no solamente habría propiciado mayor violencia entre grupos criminales, sino también un incremento de la incidencia delictiva y otras actividades ilícitas no reportadas por las cifras oficiales, como el cobro de piso o el control violento de las rutas de transporte público”, explicó la consultora.
Un elemento a destacar es que el colapso de las economías locales afectó a grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana o el Cártel Independiente de Acapulco. Delitos como el narcomenudeo y la extorsión mostraron reducciones de más de 50% en el último trimestre de 2023.
No obstante, se monitoreó un incremento de los robos, probablemente por la falta de vigilancia y la ola de saqueos desarrollados en los días y semanas siguientes al azote de Otis.
En los primeros dos meses de 2024 se registró un incremento de extorsiones y homicidios. Integralia recordó al respecto los videos que se mostraron en redes sociales donde miembros del crimen organizado castigan con violencia a operadores del transporte público.
“A pesar de la fuerte presencia del Ejército y la Guardia Nacional, el crimen organizado se apropió de nueva cuenta de la explotación de las economías locales, situación que podría recrudecer en los próximos meses, pues Guerrero atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad que ha motivado un cambio abrupto de los titulares de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo que no augura necesariamente mayor eficacia en el combate al crimen organizado”, expuso el informe.
En las últimas semanas se registró el control de grupos criminales sobre las economías locales en el puerto de Acapulco, exhibiendo la profunda debilidad institucional de Guerrero, insistió.
Rezago social
Otra temática que documentó Integralia es el rezago social que se vive en Acapulco tras el paso del huracán Otis, el cual se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. La población sin derechohabiencia a servicios de salud representa 41% y las viviendas con piso de tierra llegan a 33.3%.
Las casas que no disponen de agua entubada de la red pública representan 17.9%, los hogares sin drenaje son 9.4% y los que no disponen de un excusado son 0.9% del total en la entidad.
En materia de educación la población de 15 años y más con educación básica incompleta es de 22% y la de 6 a 14 años que no asiste a la escuela es de 12%. El análisis de la consultora mostró además que la reconstrucción de Acapulco después del paso de Otis evidenció la profundización de las desigualdades sociales, puntualizó.
“Se observa una tendencia donde las zonas con mayores niveles de bienestar reciben más apoyo, mientras que las comunidades menos desarrolladas quedan en desventaja en el proceso de reconstrucción que no alcanza a llegar a las zonas marginadas de Acapulco”, recalcó.
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Los hallazgos del análisis detallaron que el huracán Otis tuvo un impacto profundo y diverso en los indicadores de rezago social en Acapulco, que afectó de manera negativa sobre todo en la educación, la salud, las condiciones de vivienda, y el acceso a servicios básicos, lo cual plantea desafíos en la recuperación y el desarrollo sostenible de la comunidad a futuro.
“La reconstrucción ofrece una oportunidad para rectificar desigualdades históricas y construir una base más sólida para el futuro de todas las comunidades afectadas, asegurando que los esfuerzos no solo reparen los daños, sino que también promuevan una mayor equidad y resiliencia”, subrayó el estudio.
Indicó que la respuesta gubernamental a la emergencia presentó áreas críticas que requieren mejoras, en especial, en la efectividad de la asignación de los apoyos, ya que la aplicación de programas de asistencia tuvo efectos mixtos; por un lado se benefició a la economía de la población y, por el otro, desincentivó la búsqueda de empleo.
El resultado de dicho análisis, agrega, resaltó la necesidad de una mejor planificación y respuesta ante el desastre natural, ya que las medidas emprendidas no han sido suficientes para reactivar una ciudad turística, donde las brechas de desigualdad social se han ampliado, y solo entre 10% y 15% de los negocios lograrán abrir a principios de 2024, mientras otros cerrarán definitivamente por falta de apoyo.