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El Estado debe saldar la deuda que tiene con las víctimas de desapariciones mediante una debida respuesta y atención al problema que por sí mismo debilita sus instituciones, afecta el tejido social y vulnera el estado de Derecho, afirmó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Durante la presentación de la recomendación general sobre Desaparición Forzada de Personas, emitida por Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Veracruz, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez demandó investigar y aclarar los casos de desaparición ante la gravedad del flagelo que significan para la sociedad.
Destacó que los casos se cuentan por miles sin que a la fecha se pueda determinar cuántos corresponden a desapariciones forzadas, por lo que el Estado debe dar atención prioritaria para llegar a la verdad en cada uno de ellos mediante investigaciones exhaustivas y pertinentes en las que se localice a las personas desaparecidas y se identifique a los responsables para que sean sancionados.
“Por su naturaleza e implicaciones, es un crimen de gravedad extrema, pluriofensivo, que en modo alguno debe quedar impune. La existencia de un solo caso de desaparición forzada de personas es inaceptable y debe mover a autoridades y sociedad para llegar a la verdad del mismo y propiciar que esta práctica se elimine por completo”, aseguró.
Urgió a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares e instó al gobierno federal a “quitar el candado” que puso a la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU para que los particulares puedan dirigirse directamente Comité de Desapariciones de Naciones Unidas a plantear sus casos.
La recomendación general presentada por Namiko Matzumoto destacó que en las desapariciones se observó un patrón sistemático de omisiones por parte de las autoridades que generan impunidad y que en 81 expedientes analizados se acreditó la violación a derechos humanos en la documentación de personas desaparecidas entre 2011 y octubre de 2016.
“Pudo constatarse que recurrentemente existieron irregularidades en las investigaciones que en muchos casos impidieron que hubiera resultados satisfactorios”, señaló.
