Edgar Torres Garrido. El fiel compañero

Los últimos seis años de la vida de Edgar Torres Garrido han estado ligados a Emilio Lozoya Austin, la persona que lo llevó a ser director de Pemex Fertilizantes y hoy, junto a su mentor, a ser inhabilitado para ocupar un cargo como servidor público y a devolver cientos de millones de pesos.

Con una trayectoria discreta en el servicio público, Torres Garrido inició en 1997 en la Secretaría de Hacienda, donde posteriormente se incorporó a Banrural como gerente de Planeación Financiera. Más tarde, en Financiera Rural ocupó la titularidad de la Unidad de Administración Integral de Riesgos y en 2010 fungió como director de Análisis Económico y Consultoría en FIRA.

En enero de 2013, Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos, lo sumó a la empresa estatal que encabezaba como asesor ejecutivo de su equipo y dos años después, el 4 de agosto de 2015, Torres Garrido fue nombrado director general de Pemex Fertilizantes. La suerte le sonreía.

Este nombramiento fue motivo para que su alma mater, el ITAM, emitiera una felicitación pública en inglés, en la que se leía: “Congratulations to Edgar Torres Garrido, who earned a bachelor’s degree in economics at ITAM, for his appointment as general director of Pemex Fertilizers”.

Tras salir de Pemex, nuevamente su amigo y mentor Lozoya Austin le tendió una mano y lo sumó a la empresa que había fundado y que encabeza, Makech Capital, donde es jefe de inversiones.

Este martes, otra vez sus nombres se vuelven a unir, al ser inhabilitados en conjunto por la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, un castigo de 15 años en los que no podrá ser funcionario público.

Pero es una noticia que Torres Garrido ya esperaba. En septiembre de hace un año, en los últimos meses de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, la SFP le abrió un procedimiento de responsabilidades, tras una acusación de la Auditoría Superior de la Federación por haber participado en la adquisición presuntamente irregular de la planta de Grupo Fertinal en 2015.

Hoy la SFP lo obliga a devolver al gobierno federal una cifra que pocos mexicanos podrían pagar, y tal vez ni la empresa en la que Torres trabaja: 620 millones de pesos.