Pese a la vulnerabilidad del país en materia de fenómenos naturales, contar con un atlas y con protocolos de riesgo no es parte de las prioridades para la mayoría de los municipios del país.
En México, 85% del total de municipios carece de atlas de riesgo y, por tanto, de planes o estrategias ante fenómenos naturales o accidentes de grandes magnitudes, lo que expone de sobremanera a más de 70 millones de mexicanos ante emergencias, destacaron diversos análisis legislativos y expertos.
Acorde con diversos análisis legislativos, exhortos e iniciativas presentadas en tribuna por las bancadas en la Cámara Alta, hay un desinterés de las autoridades por mil 970 municipios que no tienen ni atlas ni planes de prevención o mitigación de riesgos, como inundaciones, deslaves, sismos, lluvias, huracanes, tornados e, incluso, incendios, explosiones y otros fenómenos.
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Incluso en los municipios que sí cuentan con ese tipo de instrumentos, el panorama no luce mejor, pues 501 municipios que cumplen con tener instrumentos y planes de protección, no los tienen actualizados, cuentan con una obsolescencia de al menos 10 años pese al crecimiento de la población, de la mancha urbana y de nuevos asentamientos en zonas como laderas, lechos de ríos, barrancas o zonas costeras.
Lo que exige la ley
El artículo 86 de la Ley General de Protección Civil señala que en el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos atlas estatales y municipales deberán establecerse los diferentes niveles de gobierno.
Rafael Rodríguez González, con una maestría en Geografía por la UNAM, dice a EL UNIVERSAL que desafortunadamente a la par del desprecio por contar con atlas de riesgo actualizados en los 2 mil 471 municipios del país, se suma el perfil de los funcionarios de Protección Civil.
Refiere que esos cargos se entregan como “premio de compensación al sobrino, compadre, amigo o político que no alcanzó acomodo en el gabinete y que como consolación se pasea con un Jeep cuatro por cuatro por el municipio o estado.
“Son cargos que se entregan bajo la idea de que nunca ocurrirá una tragedia y en pocas ocasiones a verdaderos profesionales en la materia, a pesar de que cada año en el país se repiten emergencias y tragedias a causa de sismos, huracanes, lluvias, deslaves, incendios o accidentes en minas. Ahí tenemos la tragedia en la mina de Sabinas, los constantes deslaves en época de lluvias, la tragedia de La Pintada, en Guerrero, donde no hubo acciones de prevención, no se contaba con mapas de riesgos y las acciones de rescate fueron tardías”, apunta.
Indica que muchos asentamientos urbanos se encuentran en lechos de ríos, laderas, zonas que antes fueron minas, barrancas, cerca de las costas y a pesar de los riesgos latentes por sismos, huracanes, lluvias o deslaves, los encargados de protección civil no advierten del peligro, no cuentan con atlas de riesgo y generalmente, cuando ocurre una tragedia, se culpa a la naturaleza, pero no a la corrupción y negligencia de los políticos y funcionarios.
Los informes legislativos exponen que el Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que 45% del territorio de México está expuesto a inundaciones, por lo que cada año las dependencias en materia de Protección Civil y las entidades federativas que están más propensas por su ubicación geográfica a padecer depresiones y tormentas tropicales, así como huracanes, deben trabajar de manera coordinada para prevenir decesos y que la población pueda alejarse y evacuar a tiempo de las zonas de riesgo.
Marco Antonio Natale, diputado federal del PVEM, en un punto de acuerdo, subraya que los atlas de riesgo a nivel municipal facilitan labores de construcción y reparación, compra de inmuebles, demanda de servicios públicos y hasta la decisión individual de vivir o no en alguna zona, pues también deben ser públicos y de fácil acceso a la población de cada municipio y ciudad.
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“El inventario de atlas de riesgos en México revela que sólo 375 de los 2 mil 471 municipios del país cuentan con un documento de este tipo. Ante estas cifras, surge la importancia de desarrollar y actualizar la mayoría de los atlas de riesgos en el país, con la supervisión de la institución gubernamental especializada en estos temas”.
Se destaca que a pesar de que la misma Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgo del Cenapred indica que los atlas de riesgos se deben actualizar cada dos años, existen varios que fueron elaborados hace más de 10 años y aún no los han actualizado.
En diciembre del año pasado, la Asociación Mexicana de Urbanistas denunció en EL UNIVERSAL el cumplimiento a finales de 2022 de dos años desde que la Mesa Directiva del Senado turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, para su análisis y dictaminación.