La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
En el documento, publicado en la versión vespertina de este lunes del DOF, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias p ara iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
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Señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”.
El acuerdo no lo menciona, pero la más grandes obras de infraestructura del presidente son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
El acuerdo, suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entra en vigor este martes, estipula que la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
El ministro en retiro, José Ramón Cossío, escribió en su cuenta de Twitter que el decreto es "evidentemente" inconstitucional. A su vez columnistas de EL UNIVERSAL como Alejandro Hope y Valeria Moy cuestionaron el decreto, y alertaron que ello abre la puerta a la opacidad en las obras:
Alfredo Lecona también alertó que el Decreto es "gravísimo":
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