Estadounidenses, guatemaltecos, hondureños, colombianos y salvadoreños son los extranjeros más detenidos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Del 1 de enero de 2019 al 13 de septiembre de 2023 se documentaron en total mil 40 extranjeros en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Lo anterior, en respuesta a una solicitud realizada por EL UNIVERSAL al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La solicitud proporcionada señala que los ciudadanos de Estados Unidos ocupan el primer lugar de detenidos por delitos federales en el país.
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Le siguen las nacionalidades guatemalteca, hondureña, colombiana y salvadoreña. Pero también hay de Cuba, Venezuela, Nicaragua e incluso de Rumania. Sin embargo, en su lista el organismo no proporciona la cifra total de extranjeros detenidos por nacionalidad.
Los delitos cometidos que ocupan los primeros lugares son contra la salud en diferentes modalidades, como posesión de clorhidrato de cocaína y marihuana, así como de metanfetamina con fines de venta. Le siguen portación de armas de uso exclusivo del Ejército, homicidio calificado, delincuencia organizada y secuestro, entre otros.
Los Ceferesos que concentran el mayor número de extranjeros detenidos son el Cefereso No. 18, ubicado en Coahuila; el Cefereso No. 13, en Oaxaca; Cefereso No. 15, en Chiapas; Ceferepsi Femenil No. 16, en Morelos, y Cefereso No. 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La información proporcionada detalla que de 2013 a 2016, en la administración del priista Enrique Peña Nieto, los extranjeros privados de la libertad en los Ceferesos sumaban 976.
La administración de López Obrador, de 2019 a 2022, documentó 827 y de enero a septiembre de 2023 reportó 213 internos para un total de mil 40.
Armando Rodríguez, integrante del (Casede), señala que las cifras dan cuenta de los centros penitenciarios donde son internados y de que la mayoría de los estadounidenses son detenidos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Comenta que la razón de que el Cefereso de Coahuila ocupe el primer lugar posiblemente se debe a que los extranjeros fueron trasladados ahí desde otros penales debido a la sobrepoblación, pero no significa que en esa entidad se estén cometiendo más delitos.
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“Por ejemplo, detienen a una persona en Ciudad Juárez, Chihuahua, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército; el Centro de Readaptación Social que queda más cerca puede ser el de Durango, pero si está sobrepoblado pueden mandarlo a Oaxaca”, dice.
Explica que en general la población penitenciaria vive en condiciones de hacinamiento porque el sistema está sobresaturado y añade que uno de los principales problemas es que no hay una clasificación adecuada de delincuentes.
“Detienen a un extranjero por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por la que le pagaron mil dólares, y lo meten con la población acusada por homicidio”, expone como ejemplo.
Armando Rodríguez indica que en algunos Ceferesos han empezado a llevar a cabo una clasificación, pero el avance es lento.
José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), considera que el principal problema con los extranjeros detenidos está relacionado con la portación ilegal de armas, los delitos contra la salud, la trata de personas y la delincuencia organizada.
“El tema nos habla de cómo el Estado ha trabajado bajo este modelo de la atención del delito como tal y, por lo tanto, ha identificado a una serie de personas que están cometiendo este tipo de ilícitos.
“Pero impacta directamente en un contexto de política criminal que el propio Estado quiere erradicar, como la portación ilegal de armas, la delincuencia organizada, la trata de personas, entre otros”, expresa.
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A su vez, Jorge Carreón, docente de Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, sostiene que sea cual sea la nacionalidad de las personas detenidas se deben asegurar los derechos humanos que tienen en su calidad de imputados para que llegue a buen puerto cualquier proceso.
Asevera además que las violaciones al debido proceso de los extranjeros es un asunto recurrente en México, con casos más paradigmáticos que otros: “Unos de ellos fue el de la francesa Florence Cassez... en donde no hubo una debida asistencia consular, no se le notificó en su momento al consulado francés y al final obtuvo la libertad después de un proceso viciado”, subraya.
Insiste en proteger los derechos de los foráneos detenidos y brindarles un intérprete y la certeza de que su consulado o embajada tendrán conocimiento de los hechos.