Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma que incluyó algunos delitos fiscales como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional.

La impugnación de la CNDH fue presentada cuando Luis Raúl González aún encabezaba el organismo al considerar que las modificaciones a diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionados con los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, son inconstitucionales.

El ministro, cuyo nombre no ha sido difundido aún por la Corte, ordenó emplazar al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para que rindan sus informes de ley.

La reforma impugnada por la CNDH incluyó al fraude fiscal , al contrabando por más de 7.8 millones de pesos y la emisión de facturas por servicios no prestados, como delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

Es decir, que si una persona es acusada y procesada por estos delitos no tiene derecho a continuar su juicio en libertad conforme a las reglas del sistema penal acusatorio.

Sin embargo, la modificación no fue elevada a nivel constitucional pues la lista del artículo 19 de la Constitución no fue reformada.

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Además, estos delitos también fueron incluidos en la Ley de Seguridad Nacional para que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenga la posibilidad de intervenir comunicaciones para investigar estos casos aunque no sea para aportar pruebas a algún juicio en curso.

shgm

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