Este lunes, la bancada de Morena y sus aliados someterá a votación la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para reformar al , que entre otras cosas, modifica las reglas para la elección de la presidencia de dicha institución.

Se realizará este lunes a través de una sesión extraordinaria al interior de las Comisiones Unidas de Transparencia y Justicia, en la víspera del debate de la reforma electoral que ha acaparado los reflectores, motivo por el que la oposición denuncia intento de albazo y fast track.

“Todos estamos distraídos en el tema de la reforma electoral y aprovechan esto para dar fast track a esta otra iniciativa retrógrada y lesiva del Ejecutivo federal, que va a debilitar directamente la autonomía del tribunal, cambia las reglas del juego para que una persona con nombre y apellido acceda a la presidencia”, denunció el diputado panista Saúl Téllez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

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La propuesta, que fue enviada por el Ejecutivo federal el pasado 3 de noviembre, se da en pleno proceso de renovación de la presidencia del TFJA, y entre otras cosas, busca cambiar los requisitos para presidir el órgano jurisdiccional creado hace casi 90 años.

EL UNIVERSAL ya había dado a conocer que para algunos sectores de ese instituto, la propuesta busca allanar el camino a la magistrada Natalia Téllez Torres, toda vez que prescribe el impedimento para que un miembro de la Tercera Sección se postule a la presidencia y además agrega que “se dará preferencia al o la de mayor antigüedad y se privilegiará la equidad de género”.

“Los magistrados de la Tercera Sección hoy están completamente impedidos para postularse porque su cargo les exige ocuparse 100% en temas anticorrupción, por lo que eliminar este impedimento implica conflictos de interés.

“Sí es una reforma con nombre y apellido, me refiero a la magistrada Natalia Téllez, quien es una persona que tiene afinidad directa con la Cuarta Transformación, con la estrategia del Presidente, y además es amiga personal de la secretaria de Economía”, agregó Téllez Hernández.

Al respecto, el propio López Obrador ha justificado su propuesta, al sostener que permitirá “romper cotos de poder”.

“Es una iniciativa para abrir el abanico, para que más personas tengan posibilidades y se busca lo mejor y que haya honestidad, porque no debe haber corrupción en tribunales y ese es el propósito, abrir, para que hombres y mujeres puedan participar y sean los mejores, para romper los cotos de poder que existen en todos los poderes”, declaró el pasado 10 de noviembre.

Para el diputado morenista Hamlet García, secretario de la Comisión de Justicia, el que se haya convocado este lunes para votar la iniciativa, no representa un albazo. Además, rechazó que la propuesta tenga “nombre y apellido” o alguna dedicatoria.

“Permite la igualdad entre los magistrados para que puedan aspirar a presidir el tribunal, no tiene nada que ver con una dedicatoria, sino de un momento que se tiene que apoyar la incursión de las mujeres en la política y en todos los ámbitos de la vida pública del país”, sentenció el morenista.

Adicionalmente, la propuesta agrega como causal para que los magistrados sean removidos “tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones”. También establece que será motivo de despido no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de la función judicial, acosar u hostigar sexualmente valiéndose de su posición jerárquica sobre otra persona de su entorno laboral, o intervenir para la contratación de parientes, cónyuges o concubinas en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del tribunal.

De igual forma, propone ampliar de tres a cuatro años el periodo del presidente del tribunal, y señala que en caso de ausencia, el magistrado con mayor antigüedad en la sala superior será quien tome el cargo de suplente.

La iniciativa establece además que los servidores públicos del TFJA estarán obligados a guardar “absoluta reserva y confidencialidad de la información de los procedimientos que se substancien a fin de evitar faltas administrativas”, y suprime un párrafo del artículo 9 en el que se establece que “las sesiones del pleno general, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas”.

Permite que los magistrados cuenten con 10 días siguientes a la fecha de la sesión que emita una sentencia, para cambiar el sentido de su voto: “cuando un o una magistrada disienta de la mayoría, podrá formular, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la sesión, voto particular que exprese las razones que lo fundamentan”.

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