El 3 de septiembre de 2014 fue la última vez que Eudocia Baranda vio con vida a su hijo , quien dos días más tarde cumpliría 20 años. Dice que lo notó inquieto, preocupado, y le comentó que días antes a él y a otros compañeros los amenazaron con desaparecerlos si regresaban a Iguala.

“Cuando llegó, me platicó que los habían amenazado. No me dijo quiénes. Entonces, su papá le dijo que ya no volviera a la escuela, pero el respondió que no me preocupara porque ya le daban tres comidas en la escuela y que se iría porque quería ayudarnos con los gastos de la casa, y quería que sus hijos no vivieran la pobreza que él enfrentó”, cuenta.

La mujer dice que no está satisfecha con las detenciones de cuatro militares: el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, porque asegura que no son los únicos militares que estuvieron involucrados en el caso Iguala.

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“El gobierno sabe dónde los tienen o qué pasó con nuestros hijos. El Ejército tiene muchas cosas qué decir y qué aclarar, pero parece que este gobierno lo encubre. No nos conformamos con las detenciones de cuatro militares. Queremos que se abran los archivos del 27 Batallón de Iguala, que se inspeccionen las cámaras de seguridad, pero que hagan algo en ese lugar”, menciona con tono de desesperación.

Expone que en estos cuatro años de gobierno no ha visto avances en la investigación, “porque nos dicen lo mismo y aunque nos aseguren que nuestros hijos ya no están, no nos vamos a callar. Lo que queremos son pruebas para saber si nuestros muchachos están muertos o no. Aunque nos duela, pero queremos pruebas”. Destaca que aunque el gobierno federal insista en que sus hijos fueron asesinados, “tenemos fe en Dios en que sí los vamos a encontrar, porque nos dicen puras mentiras”.

Eudocia y su esposo son campesinos y cultivan maíz y frijol, y en ese entonces estaban preocupados porque Marcial Pablo, quien acababa de ingresar a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, estaba cumpliendo su semana de prueba, que fue descrita por algunos estudiantes del plantel como una semana de “torturas físicas, sociales y sicológicas” en la investigación de la anterior gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Le pedí que dejara la escuela y que se quedara, porque sé que las pruebas que les hacen hacer son muy duras y muy feas, pero tampoco me escuchó y sólo me respondió que había que luchar y estudiar para convertirse en maestro. Tenía el sueño de arreglarnos nuestra casa y llegar a casarse”, comenta.

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