San José. – Impredecible en 2019, la ecuación coronavirus-confinamiento-embarazos desembocó en 2020 en un mayor deterioro de la deficiente que prevaleció en América Latina y el Caribe desde antes del Covid-19 y que se prolongó a 2021 con un acelerado desgaste en una agravada crisis humanitaria.

Por el efecto indirecto de la enfermedad , más de 12 millones de mujeres descontinuaron en 2020 el uso de anticonceptivos modernos en la zona. Para marzo de 2021, con el generalizado golpe sanitario y el aislamiento, el número aumentará a 20 millones, con unos 12 millones imposibilitadas por las dificultades socioeconómicas de obtenerlos gratis en los servicios públicos de salud o de comprarlos en los privados.

Los datos, planteados a finales de 2020 en un estudio de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), se sumaron a otro inquietante panorama descrito por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por impacto de la epidemia, 10 países del área registraron en 2020 una merma del 40% en el tratamiento prenatal y en algunos se reportó un cese del 40% al 86% de los servicios de planificación familiar de atención primaria, reveló la OPS.

“Por supuesto que, en estos momentos, las mujeres están más desprotegidas: su situación se agudiza”, describió la guatemalteca Alejandrina Cano , directora de la (no estatal) Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), al recordar que, por las secuelas económicas de la crisis, “muchas” embarazadas se quedaron sin trabajo.

“Con la pandemia mucho menos se les ha proveído de insumos necesarios para evitar quedar embarazadas o tener control adecuado en sus embarazos. Aumentaron las cifras de violencia sexual a las mujeres en el confinamiento. La salud sexual y reproductiva son asuntos que poco se abordan”, dijo Cano a EL UNIVERSAL.

Convencida de que la ruinosa condición que, antes de 2020, mostró el aparato público de salud de Guatemala en el trato integral a la salud reproductiva fue una copia del que exhibió el resto del área, Cano narró: “Ya estaba colapsado, tenía muchas deficiencias y lo que vino a hacer (la emergencia) es solo reafirmar esas carencias y dejadez del Estado con la salud sexual”.

Consecuencias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pertenece al andamiaje de la ONU, anticipó en un informe de diciembre de 2020 que el SARS—CoV-2 (siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2) y su propagación “suponen” que se profundizarán “las brechas existentes entre hombres y mujeres en diversas dimensiones”.

Al instar a incorporar una perspectiva de igualdad de género en las políticas, medidas y programas para mitigar el conflicto y la posterior recuperación, CEPAL aseguró que “los efectos en la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, que constituye un factor clave para su autonomía, pueden ser particularmente graves”.

Entre los saldos de la emergencia están los “riesgos” para “el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, indicó.

“Es preocupante”, remarcó, por su parte, el costarricense Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del UNFPA.

En niñas y adolescentes “las consecuencias inmediatas” son la “pérdida de sus oportunidades de desarrollo” y los “altos costos económicos que tiene el embarazo temprano para el Estado y la sociedad”, explicó.

“La oferta de servicios de salud sexual y reproductiva ha sido afectada de manera desproporcionada desde el inicio de la pandemia, impactando negativamente la atención y, en consecuencia, aumentando las muertes maternas y los embarazos no intencionales”, señaló, en una declaración remitida a este medio.

“Se ha estimado a nivel mundial que una reducción de un 5% en la cobertura de intervenciones esenciales en salud sexual y reproductiva en el contexto de Covid-19 resultaría en un incremento de 8.6% de las muertes maternas, mientras que una reducción de un 25%, llevaría a un incremento de la mortalidad materna de un 38.6%”, detalló. “No queremos más niñas embarazadas”, reafirmó.

Aumento

La tasa de fecundidad aumentó en América Latina y el Caribe en pandemia.

Un estudio del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos, precisó que Colombia pasó de 305 mil 269 nacimientos en 2019 a 342 mil 949 en 2020.

La tasa de fecundidad aumentó en especial en el grupo de 15 a 18 años, que en 2019 era de 27.56 % y en 2020 pasó 29,85%, añadió. La tasa de fertilidad en Colombia llegó a 13 por cada mil mujeres en 2020 frente a 12.08 por cada millar en 2019.

El Salvador, uno de los países más restrictivos en prohibir un aborto bajo cualquier circunstancia, registró cifras parciales de 13 mil 578 embarazos de enero a agosto de 2020, más de la mitad del total de 2019, con 21 mil 739.

El Ministerio de Salud de Ecuador reportó, a septiembre de 2020, un incremento de 3 mil 320 embarazos entre marzo y julio de 2020 con respecto a 2019, aseguró el Centro, basado en una investigación propia denominada “La salud reproductiva es vital”. Del total, 486 son de menores de 19, y de estos 190 en niñas de 10 a 14 años.

Entre otros factores de algunos países, el informe mostró lo siguiente:

Argentina.

El acceso a la salud reproductiva ya era limitado antes de la pandemia por factores como el sistema de salud fragmentado, que dificulta coordinar lineamientos comunes, un deterioro de las condiciones de trabajo de profesionales de salud y la sobrecarga laboral por la crisis sanitaria.

“La situación empeora al tener en cuenta la escasez de insumos y la falta de disponibilidad de personal capacitado para atender oportunamente a quienes requieren prestaciones de salud reproductiva, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos o las capitales provinciales”, puntualizó.

Bolivia.

El impacto sobre los servicios de salud reproductiva fue prominente, ya que fue excluida por el Estado como servicio esencial, lo que la relegó a segunda categoría de atención sanitaria ante el aumento de casos de coronavirus. Los servicios de salud reproductiva en Bolivia estuvieron suspendidos en la cuarentena estricta.

Chile. 

En una falta de regulación en salud reproductiva, el Estado chileno solo reconoció como esenciales el embarazo, parto y puerperio. El sistema chileno privado de salud excluye del acceso a la población más vulnerable, a migrantes irregulares y a personas alejadas de centros urbanos. En el primer semestre de 2020 aumentó en 39% la muerte materna en comparación con el mismo periodo de 2018 y 2019.

Uruguay. 

El informe aseveró que, aunque las autoridades sanitarias solicitaron “que no se suspendiera” la atención en salud reproductiva en pandemia, “estos compromisos fueron muy frágiles para garantizar los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes”.

Perú. 

Por la epidemia se inhabilitó está el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. “La llegada del coronavirus al país puso en manifiesto la deuda que Perú tiene en materia de salud reproductiva”, describió.

La respuesta del Estado en salud reproductiva en 2020 “fue tardía”, en una omisión asociada a “falencias” en aborto terapéutico o por salud y en “la entrega y asesoría en métodos anticonceptivos para adolescentes”, señaló.

Brasil.

La investigación determinó que el “desconocimiento de la pandemia” por parte del gobierno, creó que un escenario que “puso en serio riesgo la vida de millones de mujeres, que no lograron acceder a atención oportuna en materia de salud reproductiva, debido a la falta de políticas públicas que asegurasen la provisión de estos servicios”.

“Ejemplo de ello fue el aumento del 7.8% en la cifra de muertes maternas ocurridas entre enero y junio de 2020 con respecto al año anterior. Según datos del Departamento de Análisis y Vigilancia Sanitaria de Enfermedades No Transmisibles (DASNT), Brasil pasó de 859 casos a 926”, reveló.

Sin garantía

Un pronóstico del UNFPA en abril de 2020 estableció que, si los estados eludían garantizar “el acceso y la gratuidad de métodos de planificación”, unos 18 millones de mujeres podrían perder esa opción en América Latina y el Caribe.

“Desafortunadamente estamos viendo estos efectos. No se ha garantizado el acceso a la anticoncepción en pandemia”, indicó a este periódico la colombiana Cristina Rosero, asesora legal en Bogotá del Centro.

“En cualquier situación de crisis es urgente la anticoncepción oral de emergencia para todas las mujeres, incluyendo niñas víctimas de violencia sexual. Se llegó a un desabastecimiento que impidió a la población continuar con los métodos regulares de anticoncepción o planificación que venía utilizando. Y ahora hay falta de información sobre salud reproductiva. Hay muy pocas nuevas usuarias”, puntualizó.

“El abastecimiento y distribución de métodos anticonceptivos debe garantizarse en todo momento durante la época del Covid-19. Su disponibilidad debe mantenerse, expandirse, no por el contrario desabastecerse y las barreras para su distribución y acceso deben eliminarse. Tampoco deben pedirse fórmulas ni recetas médicas en las farmacias”, sugirió.