Bruselas.— Siguiendo el ejemplo de la vecina Unión Europea (UE), el gobierno del premier británico, Rishi Sunak, ha decidido apostar a la externalización de la gestión migratoria como solución a la problemática de los movimientos irregulares.
El bloque comunitario eligió como socios de este modelo de cooperación a Turquía, Libia y Túnez, los puntos migratorios de partida en el Mediterráneo de mayor actividad. El Reino Unido, imposibilitado de delegar en Francia la protección de su frontera marítima en el Canal de la Mancha, ha tenido que recurrir a un socio localizado a más de siete horas de vuelo, Ruanda, nación ubicada en el corazón de África.
Sin embargo, Londres no tuvo la misma suerte de Bruselas. El plan se topó con múltiples obstáculos legales, intentando neutralizarlo ante las críticas de sus opositores. Organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos de Naciones Unidas denunciaron que Ruanda no es “nación segura” para el migrante, ni tiene capacidad administrativa para gestionar la problemática británica. En abril, luego de introducir una serie de enmiendas para darle la vuelta a los argumentos de la Corte Suprema que frenaban la iniciativa, el Parlamento británico finalmente aprobó el plan para transferir al país centroafricano la responsabilidad de gestionar las solicitudes migratorias de personas que llegan a las islas británicas irregularmente.
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“Esta legislación histórica no es sólo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global de la migración”, dijo Sunak en su momento. Afirmó que el proyecto disuadirá a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romperá con el modelo de negocios de las redes delictivas que explotan las necesidades de personas desesperadas. Sunak dijo el 22 de abril que el primer vuelo de deportados a Ruanda saldría en 10 o 12 semanas, una vez concluyan los trámites de revisión de lo que será un nuevo tratado vinculante en derecho internacional y ley nacional en el Estado africano.
Según la fórmula ideada por el gobierno conservador, todas las personas que hayan entrado irregularmente al reino después del 1 de enero de 2022 serán enviadas al pequeño país en la región de los Grandes Lagos de África.
Ahí, y no en suelo británico, se tramitará la solicitud de asilo. Si el procedimiento resulta positivo, conseguirá el estatuto de refugiado y tendrá derecho a permanecer en el país africano. A quienes no se les conceda el estatuto de refugiado o la protección humanitaria se les otorgará, en cambio, la residencia permanente para que puedan quedarse e integrarse en la sociedad ruandesa. Ninguna persona podrá ser trasladada a un país donde corra el riesgo de ser perseguida. La normativa internacional obliga a Ruanda a brindar asistencia jurídica en todas las fases del proceso. Para garantizar el debido proceso, Kigali aceptó la creación de un Comité de Supervisión, de ocho expertos independientes, cuya responsabilidad será velar por el cumplimiento de las obligaciones del tratado, supervisando el proceso de principio a fin.
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Argumentación amañada
Para la oposición laborista, los conservadores son genios en el universo de la manipulación. El plan Ruanda está sustentado por el gobierno de Sunak en un problema que viene de fuera, pero que se complicó por la negligencia de los gobiernos precedentes, dicen. Los conservadores ostentan el poder desde 2010, con la llegada al 10 de Downing Street de David Cameron. En 2022 arribaron a Reino Unido 47 mil 700 personas por la ruta del Canal de la Mancha, frente a unas 28 mil 500 en 2021 y 8 mil 500 en 2020. Muchas proceden de países seguros, como Albania, 28% del total, y todas viajaron a través de países seguros, como Francia. Hasta el 10 de diciembre, 29 mil 90 personas realizaron la misma travesía en 2023.
Los laboristas aseguran que el problema no está en el monto total de llegadas, sino en un descuido del combate a las redes de tráfico y la desatención de los procedimientos consulares. La suma ha resultado en una acumulación de casos a niveles insostenibles. “Este primer ministro no electo nos toma por tontos”, aseguró la laborista Ruth Jones, en un debate celebrado en la Cámara de los Comunes en enero pasado.
“Su afirmación de que lo ha resuelto es completamente falsa. El retraso actual es de casi 100 mil casos de asilo, razón por la que el número de personas en hoteles de asilo está a niveles récord, costando al contribuyente 8 millones de libras al día”. A estas cifras habría que sumar 17 mil personas clasificadas por la autoridad como desaparecidas.
Insistió en que la actual crisis es resultado de seis años de negligencia. “Los conservadores dejaron que las bandas de contrabandistas se apoderan del canal y permitieron que las decisiones del Ministerio del Interior en materia de asilo colapsaran. Este es el caos de los conservadores en materia de asilo y no están consiguiendo solucionarlo”. Los laboristas, candidatos a volver al poder en los comicios previstos para este año, dicen que la solución está en el reforzamiento de la seguridad fronteriza, el desmantelamiento de las redes delictivas y en acelerar los procesos de devoluciones de quienes no tienen derecho de estadía.
¿Beneficencia o lucro?
La opacidad ha sido el sello del plan Ruanda. A cuentagotas, los legisladores británicos han conseguido información sobre el costo. Lo que se sabe es que el dinero transferido al gobierno del presidente Paul Kagame equivale aproximadamente a un tercio del presupuesto de la National Crime Agency para el combate a la delincuencia organizada.
En abril de 2020 se extendió un cheque por 120 millones de libras y en el verano de ese año otro por 20 millones. Una factura más se pagó en 2023 por valor a 100 millones de libras y para la primavera de este año se prometieron otros 50 millones. El gobierno ha admitido que habrá más dinero en 2025 y 2026.
La prensa estimó en enero que el gobierno había gastado 400 millones sin ni siquiera haber puesto a una sola persona en un vuelo de deportación, dato que nunca fue desmentido. La oposición calcula que el costo hasta 2026 será de por lo menos 600 millones.
“En lugar de gastar esta enorme cantidad de dinero en un plan fallido para Ruanda, Gran Bretaña y los demás gobiernos europeos deberían pensar en el número de personas marginadas, que viven en la pobreza y mueren de frío en las calles de Calais y otras ciudades de Europa”, sostiene el veterano líder laborista Jeremy Corbyn.
Paul Kagame ha respondido a los críticos diciendo que no se trata de recibir dinero británico a cambio de que “tiren migrantes en Ruanda”; que debe verse en el contexto de “quiénes somos y qué queremos ser”. Afirma que su país tiene la tradición de abrir puertas al asilo, lo hicieron en 2018 para los refugiados que se encontraban atrapados en Libia aspirando llegar a Europa. Ahora, dice, pretenden replicar la estrategia para ayudar al Reino Unido y las personas acorraladas allá.
Ruanda tiene un largo historial de ofrecer protección a quienes la necesitan; acoge a más de 135 mil refugiados y solicitantes de asilo.
De acuerdo con la Fundación Bertelsmann, la economía ruandesa es una de las más dinámicas en África, con un crecimiento medio de 7% entre 2010 y 2019, y el repunte tras la pandemia de 10.9%. Se caracteriza también por su estabilidad política y bajos índices de corrupción.
“Esto es directamente atribuible al fuerte control autoritario del régimen sobre el país”. La organización alemana añade que el espacio para el reparto de poder, la pluralidad política, una sociedad civil independiente y la libertad de expresión, es mínimo.