Washington/Bruselas. -La desesperación por reactivar las economías, en medio de la pandemia de coronavirus, ha impulsado una idea: la de crear pasaportes de vacunación que permitan a negocios, escuelas o centros turísticos recibir gente con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, al mismo tiempo han surgido voces en contra que subrayan que un pasaporte así sólo generaría segregación y discriminación, empezando por el hecho de que los países marchan a muy distintos ritmos en el tema de la vacunación anti-Covid. Eso, sin contar con el tema de la privacidad de la información.
El único pasaporte de vacunación reconocido y aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el de la fiebre amarilla, establecido en 1969, un cartón tríptico amarillo que se solicita a los viajeros a ciertos países del mundo. Esa enfermedad es la única especificada en las regulaciones internacionales de salud, si bien existe la posibilidad que la OMS requiera prueba de vacunación de otras enfermedades en casos de brote específico de algún virus.
“Ahora mismo, la posición de la OMS es que las autoridades nacionales y los operadores de viaje no deberían introducir requerimientos de prueba de vacunación contra el Covid-19 para viajes internacionales como condición de salida o entrada por múltiples razones”, explica la organización, especificando por ejemplo que no está totalmente demostrado el freno de la enfermedad en aquellos que están vacunados y, especialmente, la desigual distribución de vacunas y la disparidad en el suministro de dosis.
Estados Unidos, desde su privilegio de tener las herramientas, los sistemas y los recursos necesarios para una vacunación masiva a un ritmo frenético, en gran parte por la aplicación de un nacionalismo y proteccionismo únicos, ya ve cerca el momento post-Covid y la llegada del instante en el que los expertos proclamen que hay suficiente inmunidad de rebaño como para empezar a desmitigar las medidas aplicadas.
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Hasta entonces, el deseo de regreso a la denominada normalidad es intenso tras un año de restricciones, y las empresas y organizaciones que se han visto afectadas quieren soluciones rápidas para que su actividad vuelva a ser lo que era antes.
Hay aerolíneas que están probando una demostración de vacunación a través de una aplicación; algo parecido ha hecho Nueva York con su Excelsior Pass, un sistema digital que sirve de prueba para aquellos lugares que soliciten que los asistentes estén vacunados. Walmart también está ofreciendo a los estadounidenses que se vacunan en sus tiendas entrar en un portal digital para acceder a su estado de vacunación cuando sea necesario; la mayoría de proveedores sanitarios incluyen la vacunación por Covid en los historiales de sus clientes.
Todas estas propuestas no son otra cosa que algo como una versión de un “pasaporte de vacunación” contra el coronavirus, el camino que muchos ven como único factible para una recuperación económica adecuada que evite un resurgimiento de brotes y evadir el miedo de clientes a ser contagiados.
Lo que sí ha despertado es muchas dudas, especialmente éticas y morales aunque también prácticas, así como las reticencias de aquellos reacios a compartir información y preocupados por la privacidad de sus datos, especialmente médicos.
Las dudas no son solo por privacidad, sino también los retos que presenta en cuanto a discriminación: igual que el coronavirus afectó más a ciertos grupos demográficos -normalmente desfavorecidos en la sociedad-, aplicar una herramienta de este tipo también generaría una segregación y clasismo en la población, tanto doméstica como internacional.
Además, ampliaría lo que para algunos es el debate real: un pasaporte sería solo la demostración de la desigualdad y el privilegio de ciertas naciones, entre ellas Estados Unidos, y su capacidad de superar una de las crisis de salud pública más importantes de la historia reciente.
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Por el momento, la Casa Blanca, aunque está estudiando el asunto de forma interna, niega que tenga en sus objetivos la creación de un sistema nacional sobre la vacunación de sus ciudadanos.
“Seré clara: el gobierno no apoya ahora ni apoyará nunca un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial (de vacunación)”, dijo la portavoz presidencial, Jen Psaki, hace unos días. Salía al paso de las dudas sobre la privacidad de datos o una posible obligatoriedad gubernamental a vacunarse. “Hay un movimiento en el sector privado para identificar maneras en las que poder volver a eventos donde haya mucha gente (…) Es donde se originó la idea, y esperamos que sea ahí donde se concluya”, añadió.
Por ahora, Estados Unidos cuenta como prueba de vacunación un trozo de cartón rectangular rellenado a mano por algún médico o aquél que suministra la vacuna al paciente. Una especie de tarjeta que, por otra parte, ya ha despertado un mercado de copias que se venden por Internet para aquellos que quieran demostrar falsamente que han recibido la vacuna, un ítem especialmente preciado para aquellos antivacunas que se niegan a ser inmunizados, ya sea porque no creen en ellas o porque declaran que nadie, ni el gobierno ni ninguna autoridad sanitaria, debe obligarlos a hacerlo.
El tema polariza a los estadounidenses:
*Una encuesta reciente de YouGov apunta que, en su conjunto, 39% de los estadounidenses está a favor de implementar un pasaporte de vacunación mientras que 40% está en contra; posiciones divididas por ideología: 61% de demócratas está a favor, 62% de republicanos en contra.
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*Casi una veintena de universidades, entre ellas Rutgers, Brown o Cornell, ya han anunciado que pedirán a sus alumnos prueba de vacunación para atender el semestre que empieza este otoño.
*Varios gobernadores de estados republicanos, entre ellos Texas y Florida, han decretado que se prohíba cualquier tipo de pasaporte de vacunas. Por su parte, se espera que se exija prueba de vacunación para entrar a Hawaii a partir de este verano.
En Europa, en contraste, la propuesta toma cada vez más forma. De cara al verano que se avecina, las instituciones de la Unión Europea están explorando la manera de devolverle a la ciudadanía el derecho a circular libremente al interior del bloque en el contexto de una pandemia que no cede.
La fórmula puesta sobre la mesa lleva el nombre de Certificado Verde Digital, el cual no sólo proporcionaría prueba de que la persona ha sido vacunada, también los resultados de las pruebas de Covid-19 y datos sobre la adquisición de anticuerpos como resultado de la recuperación de esa enfermedad.
Será disponible para los ciudadanos comunitarios, de manera gratuita y en formato de papel o digital, es decir en un teléfono con código QR. La información estará disponible en inglés y el idioma oficial del país emisor.
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Únicamente las vacunas reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pueden incluirse en el documento, aunque cada país puede optar por aceptar o no un biológico no reconocido por la autoridad sanitaria comunitaria; Hungría por ejemplo cuenta con la vacuna china CanSino, la india CovidShield y la rusa Sputnik V, no avaladas aún por la EMA.
La información contemplada será muy básica: nombre, fecha de nacimiento, información relevante sobre la vacuna, la prueba o la recuperación. Los datos no serán centralizados a nivel europeo.
Tendrá validez en los Estados miembros, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y quedará invalidado el día en que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia.
La iniciativa fue lanzada oficialmente por la Comisión Europea el 17 de marzo y el Parlamento Europeo activó un mecanismo de urgencia para pronunciarse en el plenario de junio.
Para el promotor de la iniciativa, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, es la manera más pragmática de asegurar la libre circulación de todos los ciudadanos y sin discriminación, pues la vacunación no puede y no debe ser una condición previa para permitir la movilidad.
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“Nuestra intención es facilitar que se vayan eliminando paulatinamente las restricciones permitiendo la libertad de movimiento seguro hasta el final de la pandemia. Queremos ofrecer una herramienta de confianza y que se entienda fácilmente”.
El alcance jurídico del certificado se limitará solo a la libertad de movimiento en desplazamientos terrestres, aéreos y marítimos, de manera que si los Estados optan por darle otra finalidad, como un documento que sirva además para asistir al teatro, cine, conciertos o zoológicos, deberán adaptar su legislación nacional justificando ese uso.
En cuanto al manejo de los datos, éstos solo podrán ser retenidos por las autoridades nacionales y con fines de control de la epidemia; y no por las instancias encargadas de controlar los registros, como serían las aerolíneas en los puntos de abordaje.
En una segunda fase se contempla diseñar un sistema que permita el reconocimiento de estos certificados emitidos por terceros países; Israel y Bahréin han puesto en marcha iniciativas similares.
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Interrogantes en el aire
Los intercambios de puntos de vista al interior del legislativo comunitario han arrojado ante todo preguntas en torno al manejo de los datos, la discriminación y aspectos relacionados a la seguridad de la vacuna.
El eurodiputado del Partido Popular Europeo, Jeroen Lenaers, considera que permitirá a los ciudadanos mostrar de una manera rápida, sencilla y homologada de que cumplen con las condiciones para desplazarse, aunque dice que existe el riesgo de la falsificación.
En la bancada socialista, así como en los liberales de Renew Europe y los Verdes, hay simpatía por reestablecer la libre circulación de manera ordenada y lo antes posible, pero advierten sobre el manejo de los datos, el uso alternativo de los certificados y las dificultades para la aplicación efectiva.
Preocupa a la eurodiputada Tineke Strik que termine siendo una herramienta discriminatoria, ya que con base a este documento podría restringirse el acceso a servicios públicos o la libertad de movimiento de aquellos que no pueden cumplir con alguno de los tres criterios, sea por cuestiones económicas o geográficas.
“El fin del certificado va a depender de la proclamación del fin de la pandemia por parte de la OMS. Un instrumento comunitario no puede quedar supeditado de manera indirecta a lo que haga un organismo de afuera, esto puede menoscabar los interés de la Unión”, denuncia el eurodiputado de los Reformistas Europeos, Nicola Procaccini.
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Fuera de los pasillos institucionales, la iniciativa encuentra el mayor apoyo en los países que dependen del turismo, uno de los sectores más afectados por los encierros. Incluso el reclamo por la creación de un certificado comunitario libre de coronavirus viene de mucho antes. En una misiva fechada el 12 de enero, el premier griego Kyriakos Mitsotakis, llamó la atención de la Comisión Europea sobre la urgencia de crear un pasaporte de vacunación para reestablecer la actividad económica a niveles previos a la pandemia.
Sectores como el turismo y el transporte igualmente han acogido con entusiasmo la propuesta. El sector de la aviación, que incluye a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), pide la rápida adopción y el inmediato inicio de los preparativos para su implementación.
En un pronunciamiento señalan que 54% de los europeos tiene como objetivo hacer un viaje antes de finales de julio y 41% de ellos, desea viajar a otro país europeo. “El 89% de las personas está de acuerdo en que los gobiernos deben estandarizar las pruebas y los certificados de vacunas”, indica.
“La coordinación de la UE es vital para evitar una situación fragmentada con 27 certificados diferentes relacionados a pruebas, vacunación e inmunidad”, señala European Tourism Manifesto, una alianza que representa a unas 60 organizaciones de viaje.
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En el ámbito multilateral, hay quienes muestran sus reservas. La OMS ha desaconsejado introducir la prueba de vacunación contra Covid-19 como requisito para viajes internacionales, dado que aún se desconoce la eficacia del biológico para reducir la transmisión de la enfermedad a otros, así como el tiempo de duración de la protección.
Además considera que la vacunación preferencial de los viajeros podría resultar en una escasez de suministros de vacunas para las poblaciones prioritarias.
La medida discutida en Bruselas no tiene precedentes. Las iniciativas emprendidas hasta ahora son de alcance nacional, circulan bajo el nombre de pase o pasaporte de vacunación, y los usos previstos son diversos. Por ejemplo, en Suecia es para viajes y la asistencia a eventos culturales y deportivos. También cuentan con documentos similares Dinamarca, Polonia y Estonia.