Washington.— El gobierno de Estados Unidos suspendió la deportación de José González Carranza, cuyo caso había desatado gran polémica, debido a que estaba casado con una soldado de las fuerzas armadas estadounideneses, quien murió en combate en Afganistán hace casi 10 años, informaron fuentes judiciales.

“¡Nuestro cliente está de regreso en Phoenix! ¡Gracias a todos!”, escribió en su página de Facebook el abogado Ezequiel Hernández. El caso se remonta al pasado 8 de abril, cuando un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentó por sorpresa en el domicilio del González Carranza, en la localidad de Phoenix (Arizona) para arrestarlo.

González Carranza entró irregularmente al país desde México en 2004 y tres años más tarde se casó con Barbara Vieyra, con quien tuvo una hija, Evelyn González Vieyra, quien es ciudadana estadounidense y tiene 12 años. Tras su detención, las autoridades comenzaron los trámites para su deportación y le trasladaron a un centro de acogida de inmigrantes en la localidad mexicana de Nogales, mientras que su hija se quedaba en el país para cuidar a sus abuelos maternos.

Hija de inmigrantes mexicanos, Vieyra se alistó en el ejército estadounidense en 2008, pocos meses después de nacer su hija, y se incorporó al cuerpo de la Policía Militar.

El 18 de septiembre de 2010 su patrulla sufrió una emboscada en la provincia de Konar, al este de Kabul, y un artefacto explosivo segó la vida de la soldado de 22 años. Después de la tragedia, un tribunal optó por dejar a González Carranza en libertad condicional, pese a que pesaba sobre él una orden de deportación por haber ingresado al territorio de manera ilegal. Finalmente, un juez optó por archivar el caso, alegando “razones humanitarias urgentes”, según explicó la defensa de González Carranza a The Washington Post.

Sin embargo, en 2018, un año marcado por la cruzada del presidente Donald Trump contra la migración ilegal que entra al país por la frontera con México, el ICE reabrió su caso.

González Carranza, de 30 años, debía personarse ante el juez en diciembre pasado, pero, según Hernández, su cliente no recibió la notificación, pues fue remitida a otra dirección.

Ante la polémica, las autoridades dieron marcha atrás a la repatriación de González Carranza y le permitieron regresar a Phoenix.

En tanto, el diario estadounidense The New York Times reveló que el gobierno emitió una orden para que los jueces migratorios ya no permitan que los migrantes que solicitan asilo queden libres bajo fianza, lo que implicaría que permanecerían detenidos lo que dura el proceso.

La orden, según el rotativo, no entraría en vigor sino hasta dentro de 90 días, y probablemente sea desafiada en la corte.

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