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Hong Kong.— El gobierno proBeijing de Hong Kong dejó en suspenso ayer el proceso de aprobación de la ley sobre extradiciones a China, retrocediendo ante las masivas manifestaciones de la oposición, que decidió mantener la movilización hasta la retirada total del texto.
“El gobierno ha decidido suspender el proceso de enmienda legislativa” para “reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (...) y escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad”, declaró a la prensa Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo; sin embargo, después, los líderes de las protestas indicaron que mantienen la manifestación prevista para hoy, pese a la paralización del proyecto de ley.
“Tenemos que decirle al gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el Ejecutivo retire la ley”, afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente Civil de Derechos Humanos.
La manifestación había puesto a Lam bajo presión, incluso dentro de sus filas, en las que algunas voces le pedían dar marcha atrás. La coalición Civil Human Rights Front llamó a los ciudadanos a acudir masivamente este domingo a un nuevo acto para exigir la dimisión de Lam.
En 1997, Reino Unido traspasó la soberanía de esta colonia a China, con un estatuto político y económico especial. Este territorio, un centro financiero internacional, sufrió el pasado miércoles escenas de gran violencia cuando las fuerzas antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de miles de personas.
Tres días antes, una megamarcha de un millón de asistentes, de acuerdo con los organizadores, pidió la supresión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, opaco y bajo influencia del Partido Comunista.
En una rueda de prensa, la mandataria de Hong Kong anunció la suspensión del proyecto de ley, precisando que no se ha fijado una fecha para reintroducirlo: “El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones al respecto.
“No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor”, agregó. Según Lam, la ley de extradición era necesaria para solventar las lagunas y evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes, pero admitió que el gobierno subestimó la reacción de la opinión pública.
Cuando se le preguntó si renunciaría, la jefa del Ejecutivo evitó responder directamente y pidió al público que les dé “otra oportunidad”. Ella dijo que había sido funcionaria durante décadas y todavía tenía trabajo que quería hacer.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, felicitó al gobierno hongkonés por haber “tenido en cuenta las preocupaciones de ciudadanos valientes que se pusieron de pie para defender sus derechos humanos”.
El gobierno chino dijo: “Apoyamos, respetamos y entendemos esta decisión”. Según el diario South China Morning Post, Lam celebró el pasado viernes por la noche una reunión de urgencia con sus consejeros, mientras que responsables chinos se encontraron en Shenzhen para buscar una salida a la crisis.
“¿No deberíamos tranquilizar a los ciudadanos? Creo que postergar un poco [el proyecto de ley] no es mala cosa (...)”, declaró Ann Chiang, una parlamentaria pro-Beijing, en i-Cable News, pero otros políticos fuertemente afines a China habían aconsejado a Lam que no cediera ante los manifestantes.
Para Beijing, preocupado por la desaceleración de su economía debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, las manifestaciones en la antigua colonia era inoportunas, a pocos meses de las celebraciones en octubre de los 70 años de la fundación de la China comunista.
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