Bruselas.— A pesar de los cambios favorables registrados a partir de la resolución sobre feminicidio adoptada por el Parlamento Europeo hace 15 años, las muertes de mujeres sigue siendo un fenómeno sistemático en México.

Esa fue una de las conclusiones que arrojó la conferencia sobre feminicidio celebrada en el edificio Altiero Spinelli y que en su edición 11 se centró en el acceso a la justicia.

El foro fue continuidad de los trabajos iniciados desde la resolución del Parlamento Europeo, del 11 de octubre de 2007, sobre feminicidios en México y Centroamérica, documento considerado parteaguas al haber colocado por primera vez el tema en la agenda de la Unión Europea (UE). “Si bien hay progresos, han sido lentos y todavía queda mucho trabajo por hacer”, declaró la eurodiputada Tilly Metz al cierre de la conferencia patrocinada por el Grupo de los Verdes.

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“A pesar del avance que representa el haber puesto el tema en la agenda de prioridades en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, sigue habiendo una profunda debilidad en el acceso a la justicia para las mujeres”, dijo Marta Ibero, de la Red EU-LAT, la ONG que conduce la agenda mexicana en derechos humanos ante las instituciones comunitaris.

Luego de que México fuera sentado en el banquillo de los acusados del pleno de Estrasburgo, las autoridades adoptaron leyes modelo, convenciones, protocolos, mecanismos y manuales operativos; sin embargo, los avances normativos, técnicos y protocolarios han sido insuficientes para poner fin a la violencia a mujeres en el país.

Selma Maxinez, abogada de Círculo Feminista de Análisis Jurídico, aseguró que la situación sigue siendo “horrible”: alrededor de 70% de las mexicanas a lo largo de su vida han sufrido algún tipo de violencia de género, y el segundo delito más recurrente en el país, después del robo, es el de violencia familiar. Del universo de mujeres que han sufrido violencia, ocho de cada 10 no denuncia por falta de confianza en las autoridades, miedo de las consecuencias por parte del agresor o falta de conocimiento sobre a quién acudir, continuó.

“De 10 a 11 mujeres son asesinadas al día en México y siete son desaparecidas, una cifra alarmante y que como consecuencia de la pandemia aumentó”, sostuvo, precisando que durante abril de 2020 en el país se registraron por hora 143 llamadas de emergencia por algún tipo de violencia familiar. “La violencia de género se manifiesta en todos los espacios, el laboral, el público, doméstico”, indicó.

Igualmente expuso el caso de Luz Raquel Padilla, quien murió en julio luego de ser quemada por su vecino. La víctima de 35 años había denunciado amenazas y solicitado medidas de protección. “Desde la resolución del Parlamento Europeo han habido cambios en el ámbito legislativo. El regular el tipo de feminicidio en el Código Penal Federal fue muy importante porque fue un mensaje político e institucional de que esta conducta discriminatoria no puede ser tolerada; sin embargo, han faltado políticas públicas que atiendan el tema de protección y prevención”, detalló Maxinez en conversación con EL UNIVERSAL.

“Se ha tenido un avance legis- lativo importante; sin embargo, la ley penal no ha sido suficiente para prevenir el feminicidio, porque no ha habido políticas públicas que resuelvan la situación estructural de violencia contra la mujer”, insistió. Aseguró que seguirán habiendo feminicidios mientras los responsables de impartir la justicia no reciban capacitación en materia de género, las instancias de protección continúen careciendo de recursos y no se fortalezcan los centros de justicia para las mujeres, las oficinas que tienen el primer contacto ante abusos y peligros.

La feminista y antropóloga Rita Segato, sin referirse a un país en específico, afirmó que la violencia contra la mujer seguirá mientras prevalezca la creencia de que defensores del patriarcado son defensores de una moral y de las costumbres. “Lo que hay que transformar es la sociedad, es esa pirámide invertida cuya base es ese patriarcado que enseña la desigualdad desde primeros días de la vida de cualquier persona”.

Linda Cabrera, subdirectora de Sisma Mujer, propuso seguir el camino de Colombia, en donde se están emprendiendo demandas judiciales no sólo contra los agresores, también contra los Estados y las instituciones por omisión o complicidad. “Los feminicidios no son un asunto privado ni exclusivo de los agresores, es uno de Estado. El Estado debe asumir responsabilidad directa en cada feminicidio”, subrayó.

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