San José.— En altamar, en pistas clandestinas de aviación o en escondites urbanos y rurales y sin necesidad de dinero en efectivo, los cárteles del narcotráfico de México y Colombia pagan con paquetes de cocaína las deudas con sus socios de Costa Rica por servicios de combustibles, transportes, bodegas, mecánica, alimentos y demás andamiaje logístico y estimulan un fenómeno criminal: las narcofamilias.
Los clanes u organizaciones criminales locales reciben la droga como pago de los gastos que hicieron para cubrir las necesidades de mexicanos y colombianos a su paso por tierra, aire y mar por Costa Rica con alijos de cocaína cuyo destino es México y Estados Unidos. Obligados a recuperar sus inversiones con ganancias, los proveedores deben crear redes para procesar las cargas.
Cuando los cuerpos policiales y judiciales los desbaratan, los núcleos se desintegran: los mayores de edad van a las cárceles para adultos, pero separados por sexos y por precaución policial y judicial.
Los menores quedan recluidos en las prisiones infantiles y juveniles o, si el Estado despoja a sus progenitores del derecho a la patria potestad, su destino es ser enviados a un albergue estatal.
“Es una tragedia familiar”, afirmó el sacerdote costarricense Edwin Aguiluz, responsable de la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
“Un involucramiento de toda o una parte de la familia en narcotráfico es un altísimo riesgo de que todos sus miembros o algunos sean encarcelados. Se pierden la convivencia y la estabilidad del hogar”, declaró Aguiluz a EL UNIVERSAL.
Sitio clave
Con una crucial posición geográfica entre los principales centros de producción de cocaína en Colombia y los grandes mercados de consumo en EU, Costa Rica sufre el acoso de los cárteles del narcotráfico internacional, que utilizan corredores aéreos, terrestres y marítimos de Centroamérica como pasadizos del contrabando de drogas.
Los corredores funcionan de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú a Centroamérica, México y EU. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) están entre los más activos en los últimos 20 años en Costa Rica.
La penetración del narcotráfico aceleró la violencia en Costa Rica, que abolió el ejército en 1948 y depositó su seguridad en una policía civil de unos 14 mil efectivos.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de seis en 2000 a 11.1 en 2020, precisó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La Organización Mundial de la Salud definió que si la tasa es de dos dígitos, se trata de una epidemia.
Aparato criminal
Fuentes policiales antidrogas relataron que, con su red de proveedores, distribuidores, mulas o burros, correos, cobradores, mensajeros, vendedores, bodegueros, procesadores de mercancías y cocineras, la estructura de la narcofamilia se rige por la lealtad: sin ser imposible, la traición entre parientes es más improbable.
En la cadena hay abuelas, abuelos, suegras, suegros, padres, madres, esposas de hijos, esposos de hijas, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, tíos, tías, niños y niñas. Reclutados como correos para trasladar mercancía sin generar sospecha, los menores caen en la drogadicción y completan el círculo de la drogodependencia.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó a este diario que mil 436 organizaciones de narcotraficantes fueron desarticuladas de mayo de 2006 a diciembre de 2018, con 291 internacionales y mil 145 locales y, del total, 373 fueron clanes de familias.
De 149 —114 locales y 35 foráneas— intervenidas del 1 de enero al 6 de diciembre de 2021, 31 calificaron como familiares, indicó.
La cifra de decomisos de Seguridad Pública de cocaína subió de 857.4 kilos en 1989 a montos en toneladas —7.8 en 1997; 32.4 en 2007 y 8.5 en 2011—, con 15.6 en 2012; 19.8 en 2013; 25 en 2014, a 32.5 en 2018; 51.5 en 2020 y 37.6 del 1 de enero al 9 de noviembre de 2021.
Encubiertas en su imagen tradicional de mujeres confinadas a tareas hogareñas, numerosas costarricenses se convirtieron en narcoabuelas y narcomadres como operadoras de laboratorios artesanales de droga en las cocinas de sus casas y jerarcas del negocio al menudeo de cocaína, marihuana y crack o piedra en barriadas urbanas y rurales de Costa Rica.
Obtenido de residuos de cocaína mezclados con otros productos, el crack penetró masivamente en la población costarricense por su bajo precio. Seguridad Pública alertó hace 10 años que esa droga, que genera rápida y aguda adicción, se convirtió en Costa Rica en un “disparador de asaltos, de agresiones y de intimidación”.
Los reductos narcofamiliares funcionan 24/7 —todo el día, todos los días— y sus operadores callejeros permanecen alertas a la llegada de clientes… o de agentes policiales y judiciales.
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