San José. – Nayib Bukele emprendió una carrera casi sin obstáculos para reelegirse el 4 de febrero de 2024 como presidente de El Salvador, sin importar las acusaciones de que violó los derechos humanos para combatir a las pandillas criminales y resquebrajó la institucionalidad democrática y sin adversarios de peligro, mientras los partidos tradicionales opositores están colapsados por su historial de corrupción con un exgobernante preso y dos en fuga.
Y así, el temor de que Bukele —casado, con una hija y descendiente de cristianos palestinos y católicos salvadoreños— busque eternizarse en el poder recorrió a El Salvador.
Bukele avanzó como potente aspirante presidencial desde que, el 27 de marzo de 2022, implantó un estado de excepción o emergencia para atacar a las pandillas con una táctica militar y policial de tierra arrasada y encarceló a más de 67 mil salvadoreños bajo sospecha de integrar las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18). El operativo fue denunciado por activistas de derechos humanos como ilegal por los arrestos arbitrarios.
“El régimen de emergencia ha violentado totalmente los derechos humanos de la población salvadoreña”, afirmó el abogado salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
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“Hoy se siguen cometiendo detenciones ilegales arbitrarias. La realidad sigue siendo catastrófica para muchas familias salvadoreñas por las violaciones a los derechos humanos y por la inseguridad que ahora se vive precisamente por los ataques de las fuerzas del gobierno”, dijo Montenegro a EL UNIVERSAL.
“Bukele tiene que responder por todas las muertes en los centros penales en el estado de excepción”, añadió, en referencia a informes, minimizados por el gobierno, de que unas 160 personas, en su mayoría jóvenes, perecieron bajo custodia de agentes estatales de seguridad en las prisiones salvadoreñas.
“Con este régimen, el gobierno violenta los derechos de la población a la seguridad, la vida y la integridad física y moral. Hay muchas denuncias de torturas y maltratos por parte de los captores (militares, policiales y judiciales) y de agentes de centros penitenciarios”, recalcó.
Ante estas controversias, el gobernante admitió que los presos tienen derechos humanos, pero que “a nadie le importan” los de “la gente honrada” víctima de las maras.
Con esas banderas políticas, como imponer una mayor seguridad interna y reducir la cifra de asesinatos en un país que, como El Salvador, se convirtió en el siglo XXI en uno de los más violentos del mundo, Bukele se lanzó a su reelección.
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El número oficial de homicidios subió de 2 mil 544 en 1999 a 6 mil 656 en 2015 y bajó a 2 mil 398 en 2019, mil 322 en 2020, mil 147 en 2021 y 495 en 2022.
Empresario, publicista, derechista, rumbo a cumplir 42 años el 24 de este mes y hábil operador de redes sociales de internet como armas de propaganda de sus políticas y designios, Bukele inició anteayer la contienda para los comicios de 2024 con la expectativa de que será el primer presidente salvadoreño en reelegirse en las urnas desde el final de los gobiernos militares que gobernaron a El Salvador de 1931 a 1979.
“Habló el partido más grande en la historia de nuestro país” y en 2024 “el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra”, proclamó Bukele en Twitter para festejar la decisión del gobernante partido Nuevas Ideas de ratificarlo, el pasado domingo, como su candidato presidencial tras ganar ese día unas elecciones primarias… como único competidor.
“La democracia se escribe de abajo hacia arriba”, alegó el gobernante, cuyo primer quinquenio empezó el primero de junio de 2019
Bukele aspira a reelegirse pese al reiterado cuestionamiento de los partidos opositores, de derecha e izquierda, de que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección consecutiva.
Con su triunfo en 2019, Bukele varió el mapa político que dominó a El Salvador con el final de los 12 años de guerra civil —de 1980 a 1992— con los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de 1989 a 2009, y del izquierdista y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de 2009 a 2019.
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Los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez (2014-2019), del FMLN, huyeron a Nicaragua por acusaciones de cometer millonarios actos de corrupción. El exmandatario Antonio Saca (2004-2009), de Arena, fue condenado confeso en 2018 a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero. El expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), de Arena, es indagado por supuesto blanqueo de dinero y activos.
Con ambos partidos en deterioro y sin líderes que puedan hacerle sombra, Bukele reeditaría en 2024 la victoria que obtuvo, el 28 de febrero de 2021, en las elecciones parlamentarias al ganar 56 de 84 escaños con Nuevas Ideas y subir a 64 con otras alianzas.
El gobernante llegó al primero de mayo de 2021 con suficiente caudal para apoderarse de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y afianzarse en lo que sus rivales le acusaron: un creciente autoritarismo, sostenido también por su mando en las fuerzas militares y policiales.
Asido a esos timones, el mandatario superó los obstáculos constitucionales.
Promulgada en 1983, la carta magna definió que “no” podrá ser candidata a presidente de El Salvador la persona que “haya desempeñado” ese cargo “por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
Al promulgar “la alternabilidad” en la Presidencia, planteó que “la violación de esta norma obliga a la insurrección”.
Pero en un polémico fallo del 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte, sometida a Bukele, aprobó la reelección presidencial consecutiva. En una sorpresiva interpretación, ordenó al TSE “permitir” que “una persona que ejerza” la Presidencia “y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior” compita “por una segunda ocasión”.