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Bruselas.- La batalla por los dineros de la Unión Europea (UE) inició formalmente este jueves con la celebración de una cumbre extraordinaria invocada para tratar de definir el primer presupuesto colectivo sin la participación del Reino Unido en casi cinco décadas.
Como es habitual en cada uno de estos ciclos, los socios llegaron a las negociaciones divididos y atrincherados en bloques, entre donantes y receptores, generosos y austeros, europeístas y euroescépticos.
Sin embargo, a diferencia de ejercicios anteriores, a la batalla por definir el Marco Financiero Plurianual 2021-2017, los diversos frentes desembarcaron con sus propias luchas internas.
Las fisuras al interior de los múltiples bandos complicarán aún más que se alcance un acuerdo antes de finalizar el año.
El punto de arranque de las conversaciones fue la propuesta del Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que fija en el 1.074% del PNB la aportación de las capitales y sitúa en aproximadamente 1.094 billones de euros el techo de gasto.
Esta el grupo de los “Frugales”, también llamados por sus detractores como los “Avaros”. El núcleo duro lo conforman Holanda, Suecia y Dinamarca, al que se suma Alemania y Austria. Se caracterizan por ser contribuyentes netos, aportan más recursos de lo que reciben, y su apuesta es limitar la contribución nacional en 1% del PIB.
“Nuestra posición es clara, no nos moveremos. La ruta más corta hacia nuestra posición es 1%”, insistió durante la apertura de las pláticas el premier holandés Mark Rutte.
Los “Amigos de la Cohesión” lo forman 18 países y se distinguen por tener regiones pobres que dependen de los subsidios de la Unión. Está compuesto por gobiernos antagónicos, desde los socialistas de España y Portugal, hasta los nacionalista de Polonia y Hungría. Su talón de Aquiles son los escándalos de corrupción; Hungría, Grecia, Polonia, Rumanía y Bulgaria han sido blanco de señalamientos por parte de la Oficina Europea Antifraude. Entre la clase diplomática de Bruselas, se bromea llamándoles los “Amigos de la Corrupción”.
También está el campo de los “Camaradas del Campo” integrado por los beneficiarios de las ayudas agrícolas. Son 18 países y van desde la rica Francia hasta la pobre Croacia.
El presupuesto agrícola de la UE ha ido retrocediendo, pasando de ser destino de alrededor del 70% de los fondos colectivos en la década de los 80 a 35% en la actualidad. El próximo paquete prevé un nuevo recorte, a menos del 30%. Los dineros serían desviados al financiamiento de rubros como seguridad fronteriza y el Pacto Verde.
Su meta es evitar que se sigan desviando recursos colectivos del campo, pero están confrontados sobre la manera como esos fondos deben llegar al campo. Algunos piden que el dinero sea para los campesinos, otros quieren que sea para desarrollo rural. También hay quien reclama que se supediten las ayudas a normas de protección ambiental.
“La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo es altamente decepcionante y no compartimos muchos de los aspectos que se han planteado”, sostuvo el jefe del gobierno español Pedro Sánchez.
Por su parte, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Suecia y España, integran el sector de los “moralistas”, los que piden endurecer las reglas del cumplimiento del estado de derecho introduciendo un mecanismo de condicionalidad, es decir, que el acceso a los recursos financieros estén sujetos al respeto de los valores europeos.
Con ello pretenden darle a la Comisión Europea una poderosa herramienta para frenar la cruzada antidemocrática en Budapest, Varsovia y Bucarest.
Otro bando incorpora a los que están convencidos de que sin la modernización de los objetivos políticos Europa quedará obsoleta. Berlín, París, los nórdicos y el Benelux quieren más dinero para innovación, inteligencia artificial y la transición digital.
No obstante, no todos tienen la misma visión sobre el destinatario, el gobierno alemán quiere dar prioridad a las plataformas que impulsen el desarrollo, mientras que el francés apuesta por defensa y el sector espacial.
Si la falta de sintonía entre los países no fuera suficiente, habría que añadir la postura del Parlamento Europeo, que reclama el 1.3 % del PIB de los países, es decir, 230 mil millones de euros más de lo propuesto por Charles Michel.
Para que el presupuesto sea aprobado, requiere en primera instancia el apoyo unánime de todos los Estados parte. El Parlamento, en un segundo procedimiento, podrá aprobarlo o rechazarlo, más no modificarlo.
“No aceptaremos cualquier acuerdo”, advierte el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.
