A la fiesta electoral que vivirá hoy Costa Rica, con unas elecciones presidenciales y legislativas sin favoritos, se coló un intruso: el matrimonio entre personas del mismo sexo, tema que relegó a segundo plano los grandes problemas nacionales como déficit fiscal, deuda externa, pobreza, inseguridad o empleo.

De las 06:00 horas locales (mismo tiempo del centro de México) a las 18:00, 3 millones 322 mil 329 electores podrán sufragar hoy en 6 mil 612 mesas en 2 mil centros de votación, con 70 juntas en 42 países, para elegir a un presidente, dos vicepresidentes y 57 legisladores. Es casi seguro que el 1 de abril habrá segunda vuelta presidencial. El ganador asumirá el próximo 8 de mayo para una gestión de cuatro años.

El escenario electoral cambió abruptamente el pasado 9 de enero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), con sede en esta capital, anunció una histórica decisión al ordenar que en Costa Rica y en otros 19 países americanos —incluido México— se reconozca legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La Corte argumentó que la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en 1969 en Costa Rica, “no protege un determinado modelo de familia. Debido a que la definición misma de familia no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales, el Tribunal consideró que el vínculo familiar que puede derivar de la relación de una pareja del mismo sexo se encuentra protegido por la Convención Americana”.

El veredicto impactó en el corazón de la campaña política, pero a favor del fundamentalismo religioso en una nación todavía marcada por el conservadurismo. El pastor evangélico Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, repudió el fallo, anunció que sacaría a Costa Rica de la Corte y levantó una oleada política que se reflejó en su inesperado ascenso en las encuestas electorales.

En diversos estudios de opinión pública al 31 de enero, Alvarado se afianzó en el primer lugar en la intención de voto, por encima del abogado y empresario Antonio Álvarez, del opositor Partido Liberación Nacional, la fuerza política que acumula más de 38 años de gobiernos en casi 70 de estabilidad democrática. El conflicto provocado con el dictamen sobre los matrimonios del mismo sexo arrinconó el debate sobre la situación socioeconómica, que es frágil con una pobreza de 20% en una población de 4.9 millones de habitantes y una creciente inseguridad: 2017 cerró con más de 600 homicidios, el número más alto en la historia de Costa Rica.

Con un déficit fiscal de 6.4% en 2017 y previsiones oficiales de que llegaría a 7.1% en 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de un crecimiento de 4.7%, en 2015; de 4.3%, en 2016, a 3.9%, en 2017, y pronósticos de que bajará a 3.6%, en 2018. Pese a que la mayoría fue contratada a largo plazo, la deuda externa pública y privada es un foco de inquietud y sumó 26 mil millones de dólares al tercer trimestre del año anterior tras llegar en 2014 a 21 mil 627 millones de dólares, según el Banco Central de Costa Rica. El Banco reportó que la inflación, de 0.77% en 2016, subió a 2.57% en 2017 y se prevé que cerrará 2018 en 3%. Otra alarma está en el desempleo, que es de 9.3% en una fuerza laboral de un millón 995 mil personas.

“Costa Rica se juega mucho en materia económica” en estos comicios, dijo el banquero y analista económico costarricense Gerardo Corrales a EL UNIVERSAL. A la comunidad financiera internacional, agregó, el pastor evangélico —que ofreció poner orden en las finanzas públicas— “le causa desconfianza”.

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