San José.— Una fina telaraña política de favores comerciales, tributarios y sanitarios protege en Guatemala a un núcleo de menos de 10 empresas privadas que acaparan el lucrativo negocio del suministro de fármacos e insumos médicos al Estado guatemalteco, define necesidades y listados, e impone precios y condiciones: es el cártel de las medicinas.
El clan empresarial opera una red lubricada por el financiamiento electoral (lícito e ilícito) para generar compromisos insoslayables para los políticos y garantizarse el acceso monopolizado de las ventas de medicamentos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aparato estatal clave en los servicios de salud de un país de aguda desintegración social.
Con más de 55% de sus 18 millones de habitantes atrapado en la pobreza, el reducido círculo privado demostró su poder en febrero de 2023, al lograr que el gobierno de Guatemala se abstuviera de renovar un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) que empezó en 2016 y, luego de más de seis años, ordenó el mercado… pero atizó el malestar de la cadena privilegiada.
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Al evitar entrar en mayores argumentos para justificar el fin del programa, el IGSS alegó que “finalizó como finalizan muchos contratos”, mencionó que “ese es el razonamiento” y reiteró que “ya se terminó el convenio con ellos, y no se va a renovar”. El nombre oficial fue Proyecto de Adquisición de Medicamentos y Fortalecimiento de Capacidades del IGSS (AMEDIGSS).
“Sin el convenio con UNOPS se vuelva a lo que había antes: el saqueo de la seguridad social por la vía de los sobreprecios y de la imposición de condiciones al IGSS”, alertó el politólogo guatemalteco Manfredo Marroquín, expresidente y consultor de Acción Ciudadana (AC), agrupación no estatal de Guatemala que estudia los fenómenos sociopolíticos de ese país.
“Sin la UNOPS, las compañías favorecidas con estos negocios definirán hasta la lista de medicamentos e insumos que debe comprar el IGSS. Esto sólo servirá para sus intereses como oferentes: el listado tampoco ha sido necesariamente el que realmente necesita el IGSS”, añadió el dirigente de AC, filial guatemalteca de Transparencia Internacional (TI), instancia mundial no estatal con sede en Alemania que monitorea la decencia en la función pública.
“Está demostrado que los principales sectores financistas de las campañas electorales en Guatemala son dos industrias: la farmacéutica y la constructora de obra gris. Esta ha sido una ruta para garantizarse el negocio a través del financiamiento electoral”, aseveró.
Guatemala está en campaña para los comicios generales (presidenciales, legislativos y municipales) de junio próximo y la segunda ronda de los presidenciales en agosto de este año.
Antes de la entrada en vigencia en 2016 del pacto con UNOPS, que integra el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como mecanismo operacional, el “grupito” empresarial privado “decía hasta lo que el IGSS debía comprar”, relató Marroquín a EL UNIVERSAL.
Al comenzar a regir en 2016, el andamiaje de la UNOPS desbarató las reglas y las rutinas establecidas unilateralmente por décadas por las poderosas estructuras privadas, rompió el monopolio, abrió el mercado a nuevos competidores y logró, de 2016 a 2023, un ahorro de unos 250 millones de dólares al IGSS que fueron invertidos en reparar, remodelar, rescatar o ampliar la infraestructura hospitalaria.
Por su predominio comercial, “el núcleo” expandió su acción más allá del ámbito público o estatal, manipuló al privado y afianzó su mando en la oferta nacional de fármacos e insumos biomédicos en general.
“Grandes detalles”
Con elementos aportados por Marroquín y dos fuentes de alto rango dentro de UNOPS en Guatemala, que aceptaron contar entretelones del escenario bajo rango de anonimato, EL UNIVERSAL reconstruyó los modos operativos a los que esa representación se enfrentó y que, durante más de seis años, dejaron de controlar uno de las actividades con más ganancias en Guatemala.
La modalidad de UNOPS “no importó medicamentos ni insumos”, por estar sujeta a la normativa guatemalteca de que deben adquirirse en el mercado interno, pero sí influyó en evitar pagos extraordinarios y consiguió un promedio de 55% de ahorros que “es algo impresionante: cuantifica el costo de la corrupción”, explicó una fuente guatemalteca familiarizada con la trama.
UNOPS penetró fibras sensibles del poder económico guatemalteco, por lo que “romper los cárteles de los medicamentos” le costó “muchísimo” a esa oficina, “incluyendo sufrir problemas de seguridad”, subrayó uno de los informantes.
Un dato evidenció la realidad previa a 2016, con 80% de la oferta controlada por 10% de empresas, por lo que las perspectivas apuntaron a que, en un plazo de dos a tres años, se retornará al viejo esquema.
Las fuentes destacaron que tampoco puede denunciarse que el gobierno, mediante el IGSS, “canceló” el acuerdo con UNOPS. “Simplemente se esperó que llegara a su fin y no lo renovó. Terminó operaciones a finales de febrero de 2023 y cierra la parte administrativa a finales de agosto próximo”, añadió una de las fuentes.
Entre otros asuntos esenciales de la red corrupta, las fuentes dibujaron un boceto con algunos de sus piezas fundamentales:
1.- El núcleo de empresas se infiltró entre numerosos sectores, no todos, del personal guatemalteco de salud que, a cambio de dinero, viajes, premios en especie y otros beneficios, aceptó someterse a las reglas del cártel. En el caso de los médicos, por ejemplo, aceptaron recetar determinados medicamentos a sabiendas de que en los almacenes de “la mafia” había suficientes existencias.
Al persistir una coordinación de los galenos para que, en una determinada enfermedad, la receta debía ser la previamente pactada con “el núcleo”, el IGSS cumplía con el siguiente paso de acudir a comprar los medicamentos a los oferentes ya escogidos.
Así era la secuencia con cada una de los tratamientos: de hecho, los vendedores se convirtieron en los que definían lo que el IGSS tenía o no que comprar.
2.- Un elemento vital fue el precio. Con UNOPS se abrieron subastas públicas y la oferta ganadora sería la que presentó el precio más bajo y en una tabla comparativa con los valores del mismo producto en tres países.
3.- El pasado 19 de abril, UNOPS informó que “después de seis años, AMEDIGSS llegó a su fase natural de finalización debido a la terminación del convenio establecido con el IGSS.
“Durante este periodo, el IGSS, a través de AMEDIGSS, logró la entrega de más de 929 millones de dosis de medicamentos, por medio de 25 licitaciones, de las cuales dos se desarrollaron bajo la modalidad de la Subasta Inversa Electrónica (SIE), ampliando la base de proveedores a más de 100 empresas”, puntualizó.
“Esto contribuyó al abastecimiento continúo de las 120 unidades médicas” del IGSS “y alcanzó ahorros de más de 250 millones de dólares”, reportó.
A partir de 2016 la UNOPS “brindó asistencia técnica al IGSS en materia de adquisiciones de medicamentos e insumos médicos” y “soporte en materia de fortalecimiento institucional”, planteó.
La meta fue avanzar a la “descentralización de servicios especializados orientados a optimizar la oferta de salud pública de calidad” para los 3 millones 200 mil afiliados a la seguridad social guatemalteca, indicó.
4.- “Se acabó la transparencia”, aclaró una de las fuentes de UNOPS en la capital guatemalteca a consulta de este periódico.
De acuerdo con el recuento de hechos que ese informante compartió con este medio, el Estado con AMEDIGSS hizo “gran cantidad, muchas” compras directas de baja cuantía, por unos 12 mil dólares cada una.
Las compañías insertadas en “el núcleo” privilegiado y preferido o predilecto crearon varias nuevas sociedades anónimas para evitar quedar fuera y, al amparo de protocolos invariables, seguir manteniendo algunas formas monopólicas.
“El mercado no se libera para vender medicamentos porque existen y proliferan las viejas normas. Para defender esos antiguos sistemas, Guatemala tampoco se ha adherido a protocolos internacionales sobre el registro de medicinas”, describió.
El panorama podría exhibirse con una aspirina. Aunque sea un medicamento avalado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), tampoco podrá entrar al mercado guatemalteco y primero deberá someterse al aval de un laboratorio del gobierno de Guatemala para obtener una licencia que le autorice a entrar e incorporarse a los canales comerciales.
Como una forma de bloquear a los productos que están fuera de los controlados por “la mafia”, el laboratorio podría tardar “uno, dos o muchos años” en emitir la autorización o registro, explicó.
La fuente preguntó: “¿Cómo puede compararse un laboratorio de la FDA con uno de Guatemala? De ninguna manera, pero esa traba sólo sirve para defender un mercado que está protegido por esas prebendas y en beneficio de unos favorecidos. Esto desestimula la competencia de farmacéuticas internacionales, que saben que no vale la pena desgastarse ni perder el tiempo”.
Con la salida de UNOPS del entarimado, las previsiones son de retroceso de Guatemala en el abastecimiento de medicinas e insumos al Estado.
La comunicadora social guatemalteca Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (Sedem), de Guatemala, compartió a este diario un pronóstico pesimista: “Agravamiento de la ya de por sí calamitosa situación del sistema de salud”.
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