Los penales del Estado de México “están reventados”, con 34 mil internos sobreviviendo amontonados, detenidos con actos de tortura por ser pobres, morenos, indígenas, estar mugrosos y ser ignorantes, acusó Antonio Lara Duque, fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
El sistema penitenciario del Estado de México es el más grande del país, con 22 penales diseñados para albergar a 14 mil personas, lo que representa una sobrepoblación general de 142%, informó el 17 de agosto Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario en Chiconautla, Ecatepec.
“La salida fácil es dejarlos en la cárcel, violando el estándar internacional de la presunción de inocencia, que establece que ‘nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario’, por lo que en el Estado de México cada preso tiene que comprobar su inocencia, o de lo contrario, seguirá entre las rejas”, lamentó Lara Duque.
“La cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza, la ignorancia y la rebeldía”, aseguró el activista cuya organización recorrió el Estado de México en lo que llamaron la Caravana Mexiquense: Dignidad, Justicia, Libertad y Vida para exigir la libertad de los injustamente presos.
De acuerdo con el primer Informe de Personas Injustamente Presas, realizado en 2020, en el Estado de México 58% son detenciones arbitrarias, en su mayoría realizadas por la policía ministerial (hoy Policía de Investigación), 85% de las aprehensiones se realizan sin una orden de un juez, 66% de los arrestados son torturados para que se declaren culpables y/o son extorsionados para que puedan obtener su libertad.
“Mis padres, condenados sin un traductor”
Lo torturaron por horas, afirman
Antonio Candelaria Reyes, un joven de entonces 22 años, fue detenido el 20 de abril de 2015 cuando paseaba en el centro comercial Mundo E, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ahí fue detenido por varios sujetos que comenzaron a golpearlo, en hechos que quedaron grabados en un video que su madre Alicia mostró a EL UNIVERSAL, prueba que un juez no aceptó.
Luego de su detención, funcionarios se lo llevaron a un lugar desconocido donde lo torturaron por horas, golpearon, amenazaron con armas de fuego en sus partes genitales, le dieron toques y lo ahogaron.
Sus padres Antonio y Alicia empezaron a buscarlo esa misma noche e incluso levantaron un acta de desaparición.
Sin poderse comunicar con su familia, Antonio fue trasladado a un penal en Nayarit acusado hasta de secuestro, donde un juez federal desestimó las pruebas en su contra y lo regresaron al Estado de México ahora por extorsión, delito que él desconoce, donde no hay ninguna prueba pericial que compruebe su responsabilidad, pues ni su voz ni su número telefónico aparecen en el registro de llamadas de la víctima, apuntó su padre.
Aun sin pruebas y luego de ser víctima de tortura, Antonio fue condenado a 40 años de prisión por un delito que no cometió, reiteró su padre.
Desde hace ya siete años se encuentra recluido en el penal de Barrientos, donde sus padres tienen que pagar mil 500 pesos a la semana como renta por el lugar que ocupa, para dormir y por el ingreso de comida, mientras él aprendió el oficio de peluquero, en busca de poder sostener los gastos que implican estar preso.
Antonio y Alicia, padres de Antonio Candelaria Reyes, han luchado durante siete años para demostrar la inocencia de su hijo.
En la cárcel, sólo “por ser moreno”
Daniel Plácido Arroyo, originario de San Pedro Totoltepec, Toluca, es padre de familia, reconocido por su honestidad y por ser trabajador; fue detenido prácticamente por estar lleno de grasa mientras laboraba en una vulcanizadora.
Para los ministeriales y jueces no contó que era “un excelente estudiante desde la primaria hasta la universidad, donde obtuvo el título de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación, indica su hermana Laydi Plácido, quien junto con su madre Celia Arroyo llevan años exigiendo la libertad del joven.
El día 5 de noviembre de 2015, aproximadamente a las cuatro de la tarde, Daniel se encontraba trabajando en una vulcanizadora cuando llegaron dos vehículos sin placas del que bajaron un grupo de personas armadas con vestimenta negra, quienes lo detuvieron apuntándole y obligándolo a subir a una camioneta.
No le presentaron orden de aprehensión y las personas que lo detuvieron lo amenazaron con golpes al estómago y lo torturaron sicológicamente, después de varios días le mostraron fotografías de su esposa; si no se declaraba culpable de un delito que no cometió, la violarían enfrente de él.
La juez, quien examinó el certificado del médico legista donde se corroboró las lesiones en el cuerpo de Daniel, no ordenó ninguna investigación en contra de los policías que llevaron a cabo la detención ilegal y, a pesar de ello, la juzgadora lo vinculó a proceso.
Durante todo el proceso jamás se presentaron pruebas contundentes en su contra, “sólo bastó el dicho de un testigo singular que dijo reconocerlo por estar sucio de sus ropas y por ser moreno”. El 9 de octubre de 2017 fue condenado a 65 años en prisión por un delito que no cometió.
A Daniel Plácido lo detuvieron a punta de golpes y lo torturaron, pero el juez rechazó esas pruebas, contaron sus hermanas Cecilia y Patricia.
“Si no declaras, abusamos de tus hijas”
Patricio Oliva y Sergio Nolasco, trabajadores de la construcción, fueron detenidos en mayo de 2009. Cuando tocaron a la casa diciendo que tenían que pagar un taxi para Patricio, salió su hijo y tras él su padre, quien fue obligado, con amenazas y armas de fuego, a subir a una camioneta gris donde había dos personas vestidas de negro y encapuchadas; lo golpearon.
Su familia acudió al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli para interponer una denuncia de secuestro y delincuencia organizada. Además, Rosa, la madre de Sergio, también fue detenida e involucrada en las acusaciones; no obstante, la mujer logró salir de prisión luego de ocho años, al obtener un amparo.
Durante esta detención arbitraria, sin orden de aprehensión, los ministeriales amenazaron a Patricio diciéndole que si no se declaraba culpable violarían a sus hijas enfrente de él.
Las irregularidades en este caso empezaron desde su secuestro y detención arbitraria, al prohibirle comunicarse con su familia y su abogado defensor hasta el día de su audiencia el 4 de junio de 2009, donde le dictaron auto de formal prisión por los delitos de portación de arma prohibida, delincuencia organizada, robo a casa habitación y violación.
Sin pruebas científicas de saliva, semen o dactilares, o las tres pantaletas de las víctimas que presuntamente se extraviaron, tampoco hubo armas de fuego, Patricio y Sergio fueron condenados a 70 años de cárcel por un delito que no cometieron; a la fecha llevan 13 años sin justicia, afirmó la abogada Evelin López.
Sergio fue condenado a 70 años de cárcel. Patricio Oliva, detenido arbitrariamente.
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