“Estoy pagando por un delito que no cometí”

La vida de Jorge Ignacio Cervantes dio un cambio radical en dos años. De ser un emprendedor enfocado al medio ambiente, pasó a dormir en una celda en el Reclusorio Sur: su expareja sentimental lo acusó de agredirla físicamente y es procesado por lesiones dolosas calificadas, lo que asegura que no cometió, es inocente y acusa que sigue preso por las influencias de su denunciante y por la mala implementación de la justicia mexicana.

Desde su celda, el preso —aún no sentenciado— platicó con EL UNIVERSAL. Está consciente que su situación es difícil y sólo pide que su caso sea revisado a fondo, pues afirma que junto con su familia han encontrado una serie de irregularidades en el proceso legal, desde la omisión de pruebas de su parte, hasta desplantes de los jueces que no han querido trasladar el expediente a un juzgado “familiar”, donde el tema se podría resolver en una sola audiencia.

“Ahora con un señalamiento o que una mujer suba algo en redes sociales es suficiente para que te juzguen, te sentencien y te hagan de todo sin darte la oportunidad de aclarar nada, ese es mi caso.

“Estoy pagando por un delito que no cometí y que, según las leyes, en caso que así pudiera ser, ya estaría yo libre, pero no, mi caso ni siquiera lo ha tomado en serio el Tribunal Superior de Justicia local, hay muchas irregularidades”, narra vía telefónica.

A decir de Jorge Ignacio, el problema empezó cuando decidió terminar una relación sentimental con su expareja, ésta —explica— a manera de represalia lo acusó de violencia y agresiones.

“Nada de eso es cierto, yo nunca la toqué y desde ahí empieza el problema, porque ella presentó lesiones que yo no le hice, pero las tenía desde años atrás, de cuando tuvo un accidente vehicular, te hablo de 10 o más años atrás y así se las validaron como pruebas; de hecho, cuando dice que la agredí, yo estaba en otro lugar y eso lo puedo demostrar, pero no me quieren tomar en cuenta esas evidencias.

“Yo tengo mamá, sobrinas, amigas mujeres y estoy en contra de todo tipo de agresiones contra ellas. Por eso no entiendo qué pasa con mi caso, si ella y su papá son muy influyentes, pues lo están demostrando, pero ya no sé qué más quieren de mí, estoy aquí porque en juicio abreviado no acepté decir que sí a un juez porque no fue así, yo no la agredí y por eso tengo preso dos años, mi abogado me dice que incluso por este tipo de agresiones dolosas son un año ocho meses de prisión, yo llevo más tiempo sólo por los abusos de poder de la familia y los amigos de ella”, indica.

Esta situación afectó la salud del imputado; no ha podido encontrar un dormitorio “decente” donde pueda dormir, pues como el caso no se ha judicializado, está en un área de internamiento temporal; además, su situación económica ha mermado, pues de su bolsa tiene que pagar comida, “derechos de piso” y otros impuestos que los reos imponen a cambio de que no le pase nada o lo agredan.

“Sólo pido que revisen mi caso, es todo, cualquier juez se va a dar cuenta que es ridículo que yo siga preso por eso, incluso puedo seguir el proceso en libertad y ni a eso me dan derecho.

“Hay muchas irregularidades y ningún juez me quiere hacer caso. Legalmente el juez debería proclamarse si acepta o no las pruebas en un lapso de 24 horas y estas pruebas le fueron entregadas el 14 de diciembre de 2022 y el 16 de enero de 2023 y es fecha que no decide si aceptará las pruebas, sólo para tenerme preso.

“Estas pruebas son evidencia científica que determinan el engaño de la mujer, en donde salen a relucir las lesiones que la mujer ha tenido a lo largo de su vida, comenzando por el accidente sufrido cuando tenía 16 años: se han podido realizar dos peritajes; uno forense y otro de criminalística en donde queda exhibido científicamente el engaño de la mujer”, subraya.

Prosigue: “no existe nexo causal, presenté a dos testigos que declararon haber estado conmigo a la hora de los supuestos hechos. No se me ha podido ubicar en tiempo y forma en el supuesto lugar de los hechos, estoy seguro que por miedo a las cuestiones de género, el juez cita una y otra vez a la mujer, para que se realice las evaluaciones de siete especialidades médicas.

“Pero al día de hoy estamos hablando de 35 citas a las que Marcela no se ha presentado y de consecuencia este proceso se alarga y sistemáticamente está violando todos mis derechos de acceso a la justicia, entiendes… todo este tipo de trabas sólo las hacen para que yo siga preso y detenido, acabándome, deteriorando mi vida, mi salud y mis recursos”, denuncia.