Hubo un error de los legisladores del Congreso de la Ciudad de México al haber aprobado el Registro Público de Agresores Sexuales para consulta de todas las personas —y no del Ejecutivo local al proponerlo—, pues no pensaron en la vulneración jurídica, el derecho a la reinserción y penas inusitadas que están prohibidas en la Constitución, indicó Na- shieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM).
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“Donde está el problema de la emisión de la ley no está en la administración pública, está en el Legislativo, porque quien aprobó las modificaciones [a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia] fue el Legislativo”, comentó la titular del órgano autónomo que impugnó dicho registro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de que la Corte invalidara su acceso público, Ramírez dijo que no está eliminado, sino que las autoridades podrán tener esa información para uso de políticas públicas y de investigación e intervención criminalística.
“Lo que determina la Corte no es que desaparezca el registro de agresores sexuales, es que este registro esté actualizado, tenga los datos y que permita que todas las autoridades involucradas y responsables de la seguridad de las mujeres puedan tener la información”, explicó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Nashieli Ramírez cuestionó que al hacer pública esta lista con fotos y nombres de personas con una sentencia o proceso por agresión sexual, no garantizaban que se combatieran los delitos en contra de las mujeres, sino que incluso podría servir como una doble condena para los involucrados y su entorno.
Ejemplificó que en otras partes del mundo se concluyó que los registros públicos de agresores sexuales, como en Canadá, no funcionan como una política para desactivar las agresiones de esta índole.
“Al hacerlo público no ha servido de mayor cosa, lo segundo importante, cuando tú generas esto de manera pública, lo que haces es depositar en los individuos, en la gente, una responsabilidad que ninguno de nosotros tenemos, es decir, de qué me sirve a mí tener una lista con una serie de fotos y nombres donde yo no puedo actuar, donde yo no puedo hacer nada, y esa es responsabilidad del Estado y no de los ciudadanos. Y tercero, al hacerlo público implica no nada más un daño al agresor por sí mismo, sino a todo su entorno”, aseveró.
La presidenta de la CDHCM enfatizó que las y los ministros de la Suprema Corte reconocieron que las agresiones sexuales son problemas presentes, por lo que es un bien tutelar proteger a las mujeres.
Sobre la decisión de la SCJN, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha señalado que se acatará. Mientras que ayer la fiscal Ernestina Godoy comentó que la Corte definió que sí exista el registro pero que no sea público, y se seguirán inscribiendo los agresores pero se consultará bajo determinados requisitos.
EL UNIVERSAL solicitó la postura de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien a través una tarjeta informativa indicó que los ministros declararon la validez del registro con dos modificaciones: que sea medida administrativa y no de seguridad de naturaleza penal, y que no sea público y sólo las instituciones de la Ciudad podrán consultarlo.
Destacó que no se alcanzó la validez del registro como se planteó en la reforma, pese a que todos los ministros reconocieron que el Estado debe tomar medidas para proteger a personas vulnerables como lo son mujeres, niños, niñas y adolescentes; sin embargo, dijo, no señalan qué medidas tomar. Aún así consideró al registro un avance.
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Alcances
La Corte determinó que el registro seguirá vigente con algunas restricciones, además de no ser público, los jueces tampoco podrán ordenar en sus fallos que los sentenciados por delitos sexuales y feminicidio queden inscritos.
Eliminaron la porción relativa a la inscripción y a partir de qué momento es efectivo el término de 10 años como mínimo y máximo de 30 que señala la ley.
Como parte de los efectos, el pleno determinó que, por tratarse de materia penal, serán retroactivos al 21 de marzo de 2020, fecha en la cual entraron en vigor las disposiciones invalidadas. Con información de Manuel Espino
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