“Tragedia en Paso Exprés marcó un precedente legal”

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Cuernavaca. — Aquel 12 de julio de 2017, al filo del mediodía, dos mujeres lograron sortear los cordones de seguridad y se acercaron al sitio, donde el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, lidiaba con la prensa respecto al socavón formado en el Paso Exprés, que se había tragado un auto con dos pasajeros.

“Dejen tener mas datos para compartir con ustedes”, afirmó el secretario en un intento por controlar la situación, pero llovían las preguntas sobre el surgimiento de la oquedad y la caída de un vehículo con dos hombres a bordo, padre e hijo.

Ese día fue lluvioso por la madrugada, pero soleado al amanecer. En las primeras horas, ambos hombres salieron desde el municipio de Emiliano Zapata rumbo a Jiutepec para abastecerse de pollo y después venderlo en la Central de Abastos. Su auto recorría el kilómetro 93+600 cuando se lo tragó un socavón.

Una de las mujeres se abrió espacio entre los periodistas y cuando lo tuvo cerca buscó cuestionarlo, pero fue atajada por otra del equipo de Comunicación del gobierno federal.

“Soy la hija del señor y hermana del joven que están en el auto que cayó al hoyo”, dijo la muchacha.

Benito Neme Sastré, exdirector de Caminos y Puentes Federales (Capufe), acompañaba a Ruiz Esparza, reaccionó de inmediato y ordenó a su personal llevar a las mujeres al interior de una ambulancia, lejos de la prensa, lo que se interpretó como un acto de sensibilidad, pero también para distanciar a los deudos de los medios de comunicación. Enseguida se colocaron policías para impedir que se acercaran a los familiares.

Tres días después, los miembros de la familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, las víctimas, convocaron a conferencia de prensa y anunciaron el rechazo de un millón de pesos ofrecido por la SCT como reparación del daño.

A dos años de la tragedia, los familiares ya no habitan su casa del municipio de Emiliano Zapata. Vecinos aseguran que muy de vez en cuando llegan a ir, porque prefirieron vivir en otro lugar y mantenerse lejos de los reflectores.

Fernando Aguilar Palma, alcalde de esa demarcación, recuerda muy bien a sus vecinos fallecidos en el socavón: “Diario salían temprano a trabajar, en la Central de Abastos. Eran como muchos de nosotros, tenían sueños, pero uno nunca sabe”.

El abogado de los deudos, Darío Oscos Coria, asegura en entrevista telefónica para EL UNIVERSAL que en el momento en que la SCT y los “responsables solidarios” pretendieron menospreciar su responsabilidad fue necesario un juicio eficaz para garantizar una indemnización integral por daño moral, independientemente del material.

—¿Quiénes fueron los responsables solidarios?

—Varios que prefiero no identificar, pero en forma pública muchos asomaron la cabeza y todos ellos fueron.

—¿Qué experiencia les dejó el caso del Paso Exprés?

—Fue un asunto de alta complejidad social y jurídica y de un enfrentamiento que tuvieron que soportar las familias de los deudos, por todas las gestiones que trataron de hacer los responsables solidarios para evadir su responsabilidad, o para minimizar al máximo el importe a pagar por indemnización por concepto de daño integral.

—¿Se marcó una pauta legal?

—Creo que sí. Se generó adeudo reparatorio que proveyera la indemnización de deudos de las familias y los menores Marca un precedente importante, porque revela que personas modestas, debidamente asesoradas, pueden lograr la protección constitucional de una indemnización integral por hecho ilícito catastrófico que si bien no restituye la vida, hace llevadero el duelo.