Tijuana.— Habían pasado tres días desde que sus captores comenzaron a negociar su rescate. Su familia no se negaba a pagar, pero no lograban conseguir la suma completa. Una tarde, uno de los hombres armados despertó a Mariel, la tomó del brazo y la sacó del cuarto; la llevó al primer piso de la casa donde la retenían junto a otras mujeres. Ahí, le sacaron sangre que luego guardaron junto a otros frasquitos, que también estaban llenos.
“Si tu familia no paga, no te preocupes, nosotros de todos modos te vamos a sacar dinero”, le dijeron y luego se echaron a reír.
Ella nunca supo a qué se referían, pero al ver el resto de los tubos con sangre sintió que no le quedaba mucho tiempo de vida y que, seguro, alguno de sus órganos terminaría en una bañera con hielo. “¿Para qué otra cosa la querrían?”, dice.
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Mariel es una migrante mexicana que fue secuestrada en Tijuana y enviada a una casa de seguridad en la zona de Otay junto a otras mujeres. Aunque quisieron denunciar, la fiscalía se negó a aceptar su declaración; sólo una de ellas pudo lograrlo, acompañada por personal de Derechos Humanos; sin embargo, el fiscal no reconoció el secuestro y registró el caso como extorsión.
Fue en mayo de 2023 cuando Mariel intentó cruzar la frontera desde Tijuana a Estados Unidos. En aquella ocasión, brincó el muro en el área de Playas de Tijuana con otro grupo de personas.
Todos fueron asegurados, pero al ser entregados por personal estadounidense a autoridades migratorias de México resultaron abordados por uno de los mismos migrantes, quien les ofreció cruzarlos.
Se trataba de un joven de no más de 20 años, que les pidió alrededor de 4 mil dólares a cambio de llevarlos y entregarlos para que iniciaran su trámite de asilo. Mariel y otros aceptaron. Comenzaron a planear las fechas una vez que les permitieron salir de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde estaban asegurados.
“Pasaron varios días hasta que quedamos y me mandaron a un hotel en el área de la 5 y 10, sobre bulevar Díaz Ordaz, ahí mandan a todos. Esa noche llegó una camioneta con dos o tres muchachos, yo nada más miré a dos. Cuando me subí, uno salió de atrás, me puso una cosa en la cabeza y me dijo ‘esto es un secuestro’, ya de ahí me congelé”, recuerda la mujer.
Mariel fue trasladada a una casa de dos pisos, color salmón. La recibió una señora que se encargaba de hacer las llamadas telefónicas. Varios hombres armados la cuidaban a ella y a otras mujeres, algunas incluso con niños. Aunque Mariel nunca vio a menores, cuando iba al baño escuchaba su llanto.
Le arrebataron su celular para comenzar con las negociaciones. Pedían a su familia, que vive en Estados Unidos, 8 mil dólares para dejarla en libertad, pero tardaron en juntarlos. Sus captores, desesperados, le tomaron una muestra de sangre, como lo hicieron con otras mujeres, recuerda Mariel. La sangre la guardaron en frascos pequeños.
Cuando la familia al fin logró juntar el dinero, las instrucciones eran depositarlo en una cuenta de banco con registro en Puebla, en pequeñas cantidades y a nombre de diferentes personas para no levantar sospechas, como si se tratara de remesas. Tras cinco días en custodia, Mariel fue liberada durante la madrugada, la subieron a una camioneta y la abandonaron en una calle oscura.
Una familia residente del área la encontró en medio de una crisis nerviosa y la resguardó. El hecho fue reportado al número de urgencias y, aunque nadie dio crédito al secuestro, pidió información para denunciar. Aun cuando se había salvado, no podía olvidar el llanto de aquellos niños ni al resto de las mujeres... y se preguntaba para qué querían la sangre.
“Fui a denunciar y la persona que me atendió me regañó, me dijo que era mi culpa y que (...) me iban a detener, que si había pagado ese dinero que mejor se los hubiera dado a ellos, me dio miedo y me fui”.
Mariel presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE); el personal la acompañó a la Unidad Antisecuestro y, por segunda ocasión, rechazaron recibir la denuncia.
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La enviaron a otras oficinas y allí la hicieron pasar más de seis horas en el Ministerio Público, donde finalmente recibieron la denuncia, pero por el delito de extorsión. El agente que firmó el documento, César Alejandro Arce Paniagua, le advirtió que no insistiera ni se asesorara, luego se retiró.
Sobre sus agresores no hay indicios de ninguna detención, tampoco sobre el paradero o el rescate de otras víctimas. Se solicitó información del caso a la FGE, pero no se recibió respuesta.
María Angélica, otra migrante, también fue secuestrada y liberada tras el pago del rescate; a ella también le sacaron sangre. “Quise denunciar, pero no aceptaron mi denuncia, me dio mucho miedo, no confío, no sé si son buenos o malos, pero me da mucha tristeza las mujeres que se quedaron. ¿Quién va a ir por ellas?”, se pregunta.
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