Nuevo Laredo. La deuda pendiente

Nuevo Laredo

Kassandra relata que el golpe seco con el que derribaron la puerta trasera de su vivienda interrumpió su sueño. En la casa, ubicada en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivía la joven de 18 años con su padre y su hija, una bebé de dos años.

El pasado jueves 5 de septiembre, cuando faltaban unos minutos para las 8:00 horas, Kassandra escuchó el golpe y segundos después unos cinco hombres entraron al cuarto donde ella dormía con la bebé; pudo ver que su padre —que entonces vestía playera, bermuda y chanclas— intentó acercarse, pero fue regresado a golpes por los hombres armados, con ropa negra y el rostro cubierto con pasamontañas.

“Se lo llevaron a la cocina, lo golpeaban y le exigían que sacara las armas, él les decía que no sabía de qué hablaban, que tenía forma de comprobar su trabajo como empleado de una refresquera”, repetiría después la joven en varias entrevistas.

En su testimonio, Kassandra narra que fue testigo del momento exacto en que los agentes obligaron a su padre a vestirse con ropa tipo militar, con la que apareció muerto horas más tarde.

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La versión de las autoridades

La tarde del 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó a través de un comunicado que ocho personas “identificadas como integrantes de un grupo delictivo” habían sido abatidas durante un enfrentamiento con agentes estatales “que repelieron la agresión”.

De acuerdo con el documento, los elementos policiales realizaban un recorrido en la colonia Valles de Anáhuac, donde detectaron una camioneta negra sin placas, desde la cual dispararon en su contra, por lo que inició una persecución. Los ocupantes del vehículo se refugiaron en un domicilio desde el que continuaron los disparos contra los policías, hasta que fueron abatidos.

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Los testimonios

Seis días después del presunto enfrentamiento, el 11 de septiembre, Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo (CEDHNL), Organización No Gubernamental, informó en conferencia de prensa que contaba con testimonios que comprobaban que el enfrentamiento nunca existió y que las ocho personas abatidas habían sido víctimas de una ejecución extrajudicial.

Reveló que contaba con un video y las declaraciones de un hombre que fue identificado como Ramón, chofer de una grúa —quien habría sido contratado para tras- ladar una camioneta blindada, la misma que presuntamente decomisaron las autoridades estatales— hasta la vivienda donde supuestamente se resguardaron las ocho personas abatidas.

En el video se observa a una grúa arrastrar el vehículo. “El convoy resguarda a la grúa que arrastra la camioneta Tundra y posteriormente le piden al chofer ingresar la unidad. Le piden que se retire, no sin antes tomarle fotos y a su credencial de elector. Tenemos el documento en el que esta persona le informa a sus superiores del traslado de la colonia Bella Vista a Valles de Anáhuac, que es un recorrido como de cinco kilómetros”, explicó Raymundo Ramos.

Informó que el CEDHNL documentó los testimonios de los familiares de las víctimas en los que aseguran que elementos estatales allanaron sus domicilios, torturaron, vistieron y finalmente mataron a las ocho personas. Añadió que cuenta con el certificado de defunción de una de las víctimas, en el cual se precisa que la persona murió por “el tiro de gracia”.

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Las intimidaciones

El 12 de septiembre, el CEDHNL denunció actos de intimidación en la casa de Ramón, quien ese día debía presentar su testimonio ante la Fiscalía General del Estado.

Raymundo Ramos dijo que al menos 10 vehículos de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones de Tamaulipas rodearon la casa del chofer.

“Son policías estatales, Ramón estaba citado en la fiscalía de Tamaulipas para ser entrevistado, pero suponemos que la intención de los policías es que no saliera y no pudiera ser entrevistado”, declaró a medios de prensa.

Además, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, declaró que desde que se dio a conocer la denuncia sobre la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas, la Fiscalía del Estado, en ejercicio de su autonomía, abrió de oficio una carpeta de investigación sobre el tema.

Dos días después, el 13 de septiembre, el CEDHNL informó que, al no existir  garantías de seguridad para Ramón, sería trasladado a Estados Unidos en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.

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Sanciones

El 23 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas giró órdenes de aprehensión contra siete elementos de la Policía Estatal presuntamente relacionados a la ejecución de las ocho personas.

José “N”, Guadalupe “N”, Juan “N”, Edith “N”, Concepción “N”, Francisco “N” y Urbina “N” estarán sujetos a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.

El agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad los elementos necesarios para obtener el resultado legal referido, ante el planteamiento de la existencia de una probable responsabilidad de los involucrados.

Compromiso

El gobierno del estado aplicó medidas cautelares tanto a implicados como a quienes levantaron las denuncias por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Olivia Lemus, titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Tamaulipas, declaró que se ha “trabajado en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y con personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sobre todo en la implementación de las medidas cautelares que fueron solicitadas por la Segunda Visitaduría de la CNDH, específicamente por parte del doctor Enrique Guadarrama López”.

Explicó que éstas consisten en proporcionar un número de emergencia para activar la fuerza del estado de manera inmediata, en caso de que se encuentren en riesgo.

“Se dispuso de una vigilancia mediante rondines, los cuales se llevan a cabo en los domicilios de los titulares y en las oficinas del Comité Municipal de los Derechos Humanos en Nuevo Laredo de manera aleatoria y periódica, esto lo realiza la Policía Federal para que en coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Pública sean quienes materialicen la presente medida”.

Por otra parte, manifestó que con la liberación de las siete órdenes de aprehensión contra los agentes involucrados se demuestra que las autoridades competentes están trabajando de manera rápida para continuar con las investigaciones correspondientes, aunque las órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas.

Comentó que es importante precisar que la carpeta de investigación se encuentra en trámite y que todavía tiene diligencias de integración por agotar, igual que los procedimientos de queja que están en la CNDH y que fueron iniciadas de oficio.

La Comisión de los Derechos Humanos en Nuevo Laredo no está conforme con la investigación y han pedido que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, pues temen que quede en el olvido. El fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, dice que no será así y firmó un acuerdo para crear una Fiscalía Especial que investigue la presunta ejecución extrajudicial.

A tres semanas de que ocho personas fueron asesinadas, un hombre tuvo que abandonar el país, otras viven confinadas y no hay detenidos.