Activistas y organizaciones sociales llevan a cabo una colecta de 20 mil firmas para pedir a las autoridades del estado que se consulte a la ciudadanía sobre la construcción de la fábrica cervecera Constellation Brands, que ha generado oposición entre habitantes del Rancho Mena, en Mexicali. Margarita Ávalos, integrante de Ollin Calli, organismo que trabaja por los derechos laborales, explicó que la organización apoya a Mexicali Resiste en su lucha en la defensa del agua, por lo que decidieron lanzar una consulta pública a través del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California.

Ollin Calli junto con miembros de la Asamblea Popular Tijuana desde hace un par de días se colocaron frente Palacio Municipal para pedir firmas a los ciudadanos, ya que de acuerdo al proceso que exige el IEE deben juntar mínimo 14 mil firmas. Ellos se fijaron como meta obtener 20 mil.

“Tenemos gente en diferentes puntos del estado juntando firmas. Estamos en la lucha con Mexicali Resiste y también con estos jóvenes que enfrentan un juicio. Seguiremos con el objetivo: concientizar sobre los recursos naturales y frenar la construcción de la planta”, advirtió.

Los dos jóvenes a los que se refiere son José Luis y Francisco Javier “N”, quienes están acusados de lesionar a funcionarios y policías estatales durante el enfrentamiento que el 16 de enero sostuvieron agentes y manifestantes contra la construcción de un acueducto que llevará agua a la cervecera. José Luis y Francisco Javier, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), son parte de los seis detenidos durante los enfrentamientos, pero sólo ellos permanecen en prisión, pues la juez Leticia Contreras determinó que su detención era legal.

En la audiencia de vinculación a proceso que se llevó a cabo este martes los representantes legales de los universitarios presentaron testimonios a fin de probar que los acusados fueron los agredidos por las corporaciones y que pueden testificar que ninguno agredió a los oficiales. Hasta el cierre de la edición la juez aún no determinaba si los acusados serían vinculados a proceso.

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