Culiacán.— En la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, Sinaloa, cada inicio de año con la cosecha de papa llegan decenas de familias de jornaleros agrícolas, en su gran mayoría indígenas tarahumaras procedentes de la sierra de Chihuahua.
Estas familias, cuyo trabajo hace posible la cosecha y venta de 400 mil toneladas del tubérculo, viven en asentamientos temporales, en casas de lámina de cartón donde la extrema pobreza e insalubridad son cotidianas; por vivir ahí pagan una renta semanal de 200 pesos.
Las muertes de cuatro infantes a finales de marzo, uno de ellos de tan sólo seis meses de nacido, y la hospitalización de al menos 20 más debido a desnutrición, fiebre, vómitos y complicaciones respiratorias visibilizó la situación de precariedad en la que se encuentran: en total marginación, explotación laboral, carentes de seguridad social y espacios dignos para vivir.
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Al respecto, la investigadora en Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Leonor Tereso Ramírez, consideró que en el estado priva un descuido gubernamental y una actitud poco humana de la parte patronal sobre las condiciones de vida de los asalariados del campo.
Señaló que esta situación de pobreza extrema y mala salud no es un problema exclusivo de los jornaleros temporales, sino que también golpea a trabajadores provenientes de estados del sur del país —como Guerrero y Oaxaca— que se han asentado desde hace años en las orillas de los valles agrícolas, que abarcan los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, formando colonias irregulares carentes de servicios públicos y asistencia médica y social.
La investigadora universitaria puntualizó que nadie puede justificar que se permita que estos trabajadores vivan hacinados, con sanitarios colectivos y sin agua potable, bajo el criterio de que “ellos están acostumbrados por sus tradiciones”.
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Subrayó que es necesario que autoridades, patrones y la sociedad fomenten que cuando se contrate a comunidades de grupos étnicos se les otorguen servicios de transporte y viviendas dignas, así como apoyo educativo y salud para sus hijos, lo que no implica que se pretenda modificar sus creencias ni cultura.
“Una realidad que duele”
El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, señaló que la muerte de los niños de familias de indígenas tarahumaras en la sindicatura de Juan José Ríos fue a consecuencia de una mezcla de desnutrición y condiciones antihigiénicas de vida; responsabilizó a los padres por descuidar la salud y seguridad de los menores.
Explicó que en el asentamiento se encontró un “alarmante hacinamiento”, decenas de personas en pequeñas viviendas construidas de madera, con techos de lámina de cartón y piso de tierra, sin agua potable y con sanitarios colectivos. Estos lugares fueron clausurados. No descartó que en esta comunidad de estancia temporal se presenten problemas de drogadicción y alcoholismo que se sumen a su situación de pobreza y a la poca atención que se les brinda.
“Estas viviendas están ocultas en los traspatios de construcciones de materiales, por lo que a simple vista no se refleja una realidad que duele”, expuso.
González Galindo citó que en las inspecciones realizadas se documentó que las familias de jornaleros viajaron con 283 menores de edad, de los cuales 87 de ellos tienen edades de tres meses a un año.
De ese grupo, 20 niños y niñas presentaron diversos problemas de salud, por lo que tuvieron que ser enviados a hospitales para su atención médica.
Sólo tres de ellos requirieron una atención médica más especializada por sus condiciones de desnutrición, deshidratación y complicaciones pulmonares.
Una pequeña de nombre Nancy, de ocho meses de edad, falleció el pasado 1 de abril; fue la cuarta menor que murió en esta comunidad en un periodo de tres semanas. El primer caso se documentó a mediados del mes de marzo.
Las autoridades estatales descartaron el brote de un virus y señalaron falta de cuidado de los padres. Sin embargo, el problema de fondo es otro: la extrema pobreza en la que vive este sector de la población.
Condiciones laborales deterioradas
Los jornaleros de la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres e incluso menores de edad son contratados por día y su ingreso es de 300 pesos por jornada.
Laboran en el surco, en las recolecciones de la papa. Su estancia en Sinaloa no supera los tres meses, que es lo que dura la cosecha, además de que no están acostumbrados al calor.
Su contratación se gesta a través de “enganchadores”, quienes acuden a las comunidades serranas de Chihuahua y, a través de intérpretes, ofrecen a la gente traslado a los campos de cultivo y alojamiento en renta.
En la sindicatura de Juan José Ríos, principal asentamiento temporal de jornaleros, los “alojamientos” son en realidad galerones divididos con tablas.
Los propietarios de estos “inmuebles” son también los intermediarios entre los productores de papa y los jornaleros.
No sólo brindan el servicio de transporte, además venden la comida a los trabajadores.
Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura y Ganadería del estado, con una amplia experiencia en el cultivo de la papa en el norte de Sinaloa, admite que las condiciones de vida de los tarahumaras que bajan de la sierra a trabajar en el campo se han ido deteriorando con el paso de los años.
Evocó que en el pasado existían normas que establecían ocho horas de trabajo en el surco, con descansos intermedios, salarios semanales y alojamientos dignos para los empleados.
Explicó que las primeras migraciones temporales de tarahumaras a los campos de siembra estaban controladas, con registros de trabajadores y servicio de transporte a sus lugares de origen, una vez que concluían las cosechas.
Ahora, en cambio, muchas de esas condiciones se han perdido y entre los trabajadores hay un profundo problema de drogas y alcoholismo, por lo que, señaló, se tiene que trabajar en colaboración con el sector agrícola, autoridades municipales y diversas dependencias estatales para revertir esta situación y devolver la dignidad al trabajador.
La reubicación
Las autoridades municipales han prometido que para la próxima temporada de siembra y cosechas se garantizará que los trabajadores del campo tengan espacios dignos para vivir.
El alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero (Morena), reveló hace unos días que los jornaleros empiezan ya a regresar a sus lugares de origen.
Ahora se promueve que las familias que se quedarán hasta finales de abril se trasladen a un albergue que fue rehabilitado por las autoridades.
A pesar de que este espacio cuenta con agua potable, colchonetas, cocinas y sanitarios, se encuentra ubicado fuera de la ruta del camión que todos los días los lleva y los trae de los campos, por lo que ha sido rechazado por los trabajadores, quienes deben pagar renta y comidas y no están en condiciones de solventar, además, los gastos de transporte.