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La Paz, Baja California Sur-. La situación en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz se mantiene tensa este lunes, pues se han manifestado familiares desde el mediodía, acusando que los reos están incomunicados, incluso uno de los internos realizó una denuncia vía telefónica acusando maltrato y cobros indebidos de parte de directivos.
Toda la mañana familiares han acusado a autoridades estatales de ser las responsables de la inestabilidad en el centro penitenciario y señalaron su molestia porque a los internos, dijeron, los tienen limitados en su alimentación. Pusieron en altavoz a un interno que se comunicó a escondidas, vía celular .
“Nos han limitado la comida, no nos han dado de tomar agua, estamos encerrados sin salir a los patios, y nos sacaron todas nuestras herramientas de trabajo, refrigeradores, todo… el director también quería que uno le pagara semanalmente mil pesos para protección, para privilegios que uno ocupara aquí. A todos les pedía y quería que el dinero lo pidiéramos a la familia”, expresó el interno en una llamada que realizó desde el penal a un familiar .
“Nosotros lo único que pedimos es que se nos dé la oportunidad de trabajar, así ayuda a su familia uno, es parte de la reinserción que uno requiere aquí…lo que pedimos es que no nos tengan oprimidos o bajo amenaza, de que si no nos calmamos vamos a ser trasladados”.
El joven dijo que se comunicó a través de un celular que consiguió y comentó que el motín del sábado ocurrió porque no les permitieron hablar con el director mientras éste realizaba un recorrido. Cuando llegó el grupo antimotín de la Policía Federal –afirmó- “alzamos las manos porque con ellos no tenemos problema”.
Y es que insistió en que la situación en el penal de La Paz había estado “tranquila”, hasta hace unos días que hubo cambios en la dirección y llego Andrés Martínez, quien resultó lesionado en el motín.
Al terminar la llamada, los padres de familia siguieron molestos y exigieron que les permitieran el ingreso, el cual comenzó a realizarse paulatinamente ; en tanto, también llegó el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el diputado Camilo Torres, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.
Ante ellos, insistieron: “¡Los tienen ahí sin comer, sin tomar agua, les quitaron todas sus cosas de trabajo! Allí trabajaban para poder mantener a sus familias”, gritó una mujer.
Entre gritos, hombres y mujeres acusaron que desde el arribo del nuevo director, Andrés Martínez Chávez, las medidas internas de seguridad se endurecieron, incluso para familiares directos.
“Nos quitaron hasta la puerta principal, nos mandaron a entrar por la puerta de atrás. Nos han puesto trabas para verlos”, expusieron.
Asimismo, se inconformaron porque retiraron todo el equipo de tiendas y comedores que operaban algunos internos con permiso –afirmaron- de autoridades anteriores, y exigieron que aparezcan los refrigeradores, mesas, licuadoras, hornos de microondas, que ocupaban para trabajar.
Con todo, la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que el penal opera con "normalidad" y confirmó que seguirán restringidas las visitas familiares y conyugales por seguridad y prevención, en tanto continúa un ordenamiento en el penal, pues persistían "privilegios".
mpb
