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San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.- Familiares de Rosario Luis Merino , de 22 años de edad y estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), exigieron justicia por el asesinato de la joven , perpetrado con arma blanca el pasado viernes en Oaxaca.
La mujer cursaba sus estudios en enfermería en la ciudad de Puebla y que por periodo vacacional regresó a su ciudad natal, San Juan Bautista Tuxtepec, cuando fue atacada con arma punzocortante sobre la avenida 20 de Noviembre, en el centro de ese municipio de la región de la Cuenca.
Sus parientes lamentaron que hasta el momento no haya ninguna persona detenida por parte de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, ni se cuente con indicios del o los probables agresores.
En los últimos cuatro días de Semana Santa, cuatro mujeres fueron ultimadas en la entidad por ataques armados o por armas blancas, hechos con los que suman la muerte violenta de 39 oaxaqueñas durante el 2019.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca contabilizó hasta el pasado 12 de abril 35 feminicidios, a los que se adhieren los registrados entre los días 16 y 19 de abril en las regiones de la Cuenca y el Istmo.
La defensora de derechos humanos, Yésica Sánchez Maya, condenó los actos feminicidas en medio de una alerta de violencia de género contra las mujeres declarada hace más de siete meses, el 31 de agosto del 2018.
Aseveró que las acciones por parte de la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas (SMO), así como de la Fiscalía General de Oaxaca, “son parte de una simulación y acciones mediáticas respecto a las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres”.
Los feminicidios no deben calificarse en razón al sujeto activo, apuntó la activista en relación a que la Fiscalía clasifica el delito de manera distinta cuando el asesinato de un mujer lo cometen presuntamente integrantes de la delincuencia organizada .
La representante de Consorcio Oaxaca demandó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres una revisión exhaustiva a las acciones emprendidas por las dependencias estatales involucradas en acatar la alerta de género .
Así como ordenar la transparencia de los recursos aplicados en actos públicos en comparación a los relacionados con atender, sancionar y erradicar la violencia.
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