Guadalajara.— A casi tres años de que un tráiler con cadáveres mal conservados deambulara por la Zona Metropolitana de Guadalajara y revelara la crisis por la que atravesaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, poco parece haber cambiado.
El informe ¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco, elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), señala que en las morgues del estado están los restos de 6 mil 249 personas fallecidas sin identificar y 40% de ellos ingresaron en lo que va de la actual administración, que inició en diciembre de 2018.
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Es decir, prácticamente la mitad de las 12 mil 819 personas desaparecidas en Jalisco —según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas— podrían estar en el edificio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); sin embargo, no pueden ser identificadas y entregadas a sus familias.
El caso de Paulino
Paulino Monroy Salazar desapareció el 20 de mayo de 2020 en la carretera a Chapala. Cinco meses después su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio de El Salto.
A finales de enero pasado su familia lo reconoció plenamente en el IJCF, pero no se los han entregado porque los resultados de las confrontas genéticas no son concluyentes.
Para encontrarlo, la familia de Paulino acudió cada semana, durante ocho meses, al IJCF para ver las fotografías del Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar que tiene la institución y en cuya versión pública hay sólo 2 mil 265 registros; después de transitar una y otra vez por el terror de esas imágenes, una de sus hermanas lo reconoció.
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“El 26 de enero nos mostraron un cuerpo que sacaron de la fosa de Los Sabinos [131 cuerpos se localizaron ahí] y mi hermana lo reconoció por su vestimenta, por una cicatriz que tiene en la cabeza, su dentadura es igual, él usaba siempre dos pantalones y ese cuerpo tiene dos, él siempre traía una medallita en el brazo y ese cuerpo trae una igual; lo han reconocido su esposa, otras dos hermanas y un hermano, pero no nos lo quieren dar porque las confrontas genéticas no salen, nos dicen que los cuerpos tienen un líquido y que no sale la confronta”, explicó Araceli, otra de las hermanas de Paulino.
Como él, hay cientos de casos que ha documentado el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) a través del módulo de atención que desde octubre pasado colocó a las afueras del IJCF para apoyar a familias que llegan sin tener idea de la burocracia e indiferencia que deberán enfrentar.
Forense rebasado
Ana María busca a su hijo desde hace más de un año y es una de las voluntarias de Fundej que hace guardia en el módulo para mantenerlo abierto a diario desde las 10 de la mañana a las cuatro de la tarde; estima que cada semana llegan un promedio de 100 familias que buscan a algún desaparecido, y cuando lo encuentran en ese sitio la siguiente batalla es para que se los entreguen.
“No hay suficiente personal, ni antropólogos, ni genetistas; los cuerpos pueden tardar años aquí, falta mucho personal; a muchos no les quieren entregar el cuerpo porque está en segmentos y hasta que los encuentran todos... Es muy tardado, es mucho trabajo y poco personal”, dijo.
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En su informe, Cepad señala que en el IJCF hay 389 personas en los departamentos dedicados a los servicios periciales, pero sólo 30% de ellos (117) están adscritos a las áreas de identificación de personas y no todos cuentan con la especialización necesaria.
“Un elemento crucial para entender la crisis que se vive es la falta de coordinación entre autoridades encargadas de los procesos de localización sin vida, resguardo, identificación y disposición final de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar (…) Esto ha provocado una situación en donde los trabajos se ven rebasados por el número de peritos, el tiempo y el análisis que se requiere para atender esa demanda”, indica el informe.
Los datos de la fiscalía de Jalisco indican que tan sólo en 2019 y 2020 se recuperaron 445 cuerpos de más de 60 fosas clandestinas, además de nueve osamentas y casi 400 secciones anatómicas que se desconoce a cuántas personas pertenecen.
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A pesar de que las familias han denunciado los problemas en el IJCF, el gobierno estatal reaccionó hasta que se difundieron fotografías en las que se observan cuerpos en el piso, al pie de una cámara de refrigeración, las que evidencian la saturación del lugar y el mal manejo de los cuerpos, por lo que se ordenó el inicio de una investigación.
“Las imágenes mostradas corresponden a un mal procedimiento por parte del personal del Semefo que no coincide con el protocolo de actuación que se sigue en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por ello, desde que se tuvo conocimiento del hecho se inició con la apertura de procedimientos administrativos en contra de quien o quienes resulten responsables y se aplicará la sanción correspondiente”, indicó el coordinador del gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben en un comunicado.
Por su parte, el director del IJCF, Gustavo Quezada, culpó a la pandemia de Covid-19 de los retrasos, pues mucho personal dejó de laborar porque pertenece a grupos de población vulnerable.