San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.— Salvador Velasco Yesca no lo sabe, pero en unas horas se quedará sin hogar y patrimonio: será desterrado. Justo ahora, armadas con rifles pequeños, machetes y palos, decenas de personas rodean su casa para exigirle a él y a toda su familia que renuncie a su fe por escrito o que abandone la comunidad chinanteca de Santiago Jalahui, sin posibilidad de retorno. Es la mañana del domingo 25 de julio de 2018, el día de la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol.
Los sitiadores son tanto habitantes como policías comunitarios de este pueblo perteneciente a Santiago Choápam, un municipio indígena del norte de Oaxaca, y con su presencia quieren obligar a Salvador, a su papá, a su mamá y a dos de sus hermanos a que firmen un documento en el que renuncian a la religión cristiana evangélica, bajo la amenaza de que si no lo hacen, deben empacar lo que puedan y salir del pueblo inmediatamente, antes de que inicien las celebraciones del santo patrono. De no irse, les advierten, se atienen a que los expulsen por la fuerza.
Unas semanas antes, los Velasco Yesca se habían negado a cooperar para las fiestas católicas del apóstol, para cumplir los preceptos de su credo, que argumenta que la biblia prohíbe inclinarse delante de una imagen y rendirle adoración. Como familia, decidieron meses antes que participar en esas celebraciones contravenía los preceptos de su fe.
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“Creíamos que éramos libres de adorar a Dios en cualquier lugar que estuviéramos, pero la asamblea no entendió eso y nos quitó nuestra casa y nuestra vida”, cuenta Salvador en medio de la pequeña habitación donde vive ahora con toda su familia. Han pasado más de cinco años desde el día del destierro.
La familia ahora vive en San Juan del Río, otro pueblo chinanteco al que tuvo que huir después de que, por decisión de la asamblea, en Jalahui le quitaron el derecho a pertenecer a su comunidad por no profesar la misma fe que la mayoría de los pobladores y por negarse a cumplir con cargos religiosos amparados en los Usos y Costumbres, Sistema Normativo Indígena en el que se entreteje el poder político y el catolicismo. El presidente municipal, recuerda Salvador, les dijo que esa era “la ley del pueblo”.
“No nos dejaron defendernos, llegaron a la casa y nos sacaron a empujones por no honrar la imagen de Santiago, el que dicen que es el santo protector de los españoles. Nosotros les dijimos que nos pusieran a hacer faenas, o cooperar para otras cosas, pero dijeron que el pueblo ya había decidido que nos fuéramos”, narra Salvador, quien a cinco años aún se quiebra al recordar cómo lo arrancaron de su pueblo sin siquiera convocarlo a la asamblea, el máximo órgano comunitario de toma de decisiones, donde se determinó la expulsión.
Según cifras oficiales y casos documentados, en todo Oaxaca hay al menos 500 personas y 50 familias que viven en el exilio por una violencia que permiten y justifican las autoridades estatales, nacida de la intolerancia religiosa.
¿Autonomía o impunidad?
Pese a que Salvador Velasco Yesca y toda su familia fueron víctimas de un serie de delitos, el gobierno de Oaxaca prefiere no intervenir en casos que, como éste, se registran en comunidades indígenas, alimentando con ello la impunidad.
Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reconoce que es muy complejo salvaguardar y garantizar los derechos de víctimas de intolerancia religiosa en pueblos originarios, ya que el Estado mexicano prefiere no involucrarse argumentando respetar la autonomía comunitaria depositada en la asamblea y su toma de decisiones.
No es algo aislado. De 2018 a la fecha, la defensoría ha iniciado 76 expedientes de queja y ocho cuadernos de antecedentes por casos de intolerancia religiosa a nivel comunitario. De ellos, 46 se registraron en municipios indígenas. Hace unos cuantos días, a finales de noviembre, se registró el más reciente: también contra una familia evangélica originaria de la Cuenca del Papaloapan, la misma región de Salvador.
Según el informe proporcionado a EL UNIVERSAL por la DDHPO, en casos como estos, lo que se violenta es en sí misma la libertad, tanto a nivel jurídico como en lo referente a la libre consciencia y religión, al libre tránsito y a la seguridad personal, pues se transgreden derechos humanos que velan esas garantías.
Porfirio Flores Zúñiga, abogado oaxaqueño que se ha especializado en la defensa de víctimas de intolerancia religiosa en poblaciones indígenas y que ha documentado estos actos violentos desde 2008, asegura que actualmente en Oaxaca hay conflictos vigentes en 20 comunidades, y suman al menos 50 familias y 500 personas las afectadas. Los casos se han registrado en cinco de las ocho regiones del estado: Cuenca, Mixteca, Sierra Norte, Valles Centrales y Sierra Sur.
Su registro histórico detalla que en los 14 años que ha documentado este fenómeno, la intolerancia religiosa en Oaxaca se ha manifestado en destrucción de templos, encarcelamientos, expulsión de niñas y niños de escuelas públicas, hostigamiento a familias, destierro, despojo e incluso tortura. Todos los casos están impunes.
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Para que se detengan los destierros de personas por motivos religiosos, principalmente de quienes profesan la fe evangélica, se necesita una reforma profunda al Sistema Normativo Indígena que desvincule esta forma de gobierno y de organización social de la religión católica, pues el poder político se sostiene en un escalafón de cargos que mezcla actividades religiosas con otras que abonan a la vida comunitaria, todos ellos regidos por la asamblea.
Lo anterior lo argumenta el abogado Porfirio Flores Zúñiga, quien agrega que es un tema al que el gobierno de Oaxaca siempre ha rehuido y en el que “prefiere no meterse”, tolerando con ello que se niegue la libertad religiosa, se violenten derechos humanos y se pisoteé al Estado laico.
En el estado, la responsabilidad de atender y dar solución a estos casos corresponde a la Secretaría de Gobierno (Sego), dependencia encargada de vigilar la gobernabilidad y la construcción de paz, la misma que para Flores Zúñiga sólo “perpetúa la violencia”, escudada en el argumento de la autonomía de los pueblos indígenas.
Considera que de nada sirve que existan recomendaciones de órganos defensores de derechos humanos, ni estatal ni nacional, pues sus resoluciones no son vinculantes y “no tienen dientes” para detener o castigar estos conflictos. Mientras que la Sego sólo se limita a convocar al diálogo. Es por ello que es necesario que se modifique la ley.
“Debe haber reformas al artículo 40 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, sobre la relación de las autoridades tradicionales y la manera cómo ejercen su jurisdicción o su sistema de cargos comunitarios. Una solución sencilla, que no quiere tocar el Estado, sería realmente aplicar la laicicidad, entendida como el respeto a la libertad de culto”, argumenta el especialista.
Familias errantes
El día de su destierro, Salvador Velasco Yesca tenía 21 años y recibía tratamiento para la epilepsia que padece desde niño. Actualmente, el despojo de su vivienda y patrimonio lo obliga a pagar renta y le impide costearse los medicamentos para controlar la enfermedad. La otra opción es vivir errante con su familia en espacios prestados por temporadas.
A su padre, Modesto Velasco, el exilio también le ha mermado la salud y empeorado los padecimientos de la edad. Su mayor miedo es morir sin poder volver a su raíz. Aunque están apenas a 10 kilómetros de Santiago Jalahui, su comunidad y la de sus ancestros, no tienen permitido volver. Mientras que Zeferino y Aurelio, los hermanos de Salvador, aún no se recuperan en lo económico.
En su caso, lo que más lamenta el joven de hoy 26 años es la pérdida de los documentos que acreditan que terminó su educación preparatoria como alumno del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), lo que le ha impedido conseguir un empleo estable. Al no tener tierras, el campo tampoco es una opción.
“Todo lo vendieron, los animales de Zeferino y Aurelio también. Me dijeron los otros hermanos en la fe, a los que dejaron quedarse después de firmar los documentos por miedo a perderlo todo, que esos dineros nadie sabe quién se los quedó o si los usaron para las fiestas de Santiago al año siguiente”, cuenta el joven.
Salvador explica que muchos evangélicos fueron obligados a renunciar a su fe y a prestar servicios en la iglesia católica de la comunidad para evitar el destierro.
En la misma situación que la familia de Salvador hay otras 12, todas evangélicas, sin un lugar a dónde ir. Familias enteras con enfermos, niñas y niños pequeños y mujeres embarazadas. A todas les quitaron sus casas, parcelas y animales, y las expulsaron por profesar una fe distinta al catolicismo, cuya doctrina se fundamenta en la misericordia.
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