Desapariciones en Jalisco ¿disputa criminal?

Guadalajara, Jal.

Durante los 18 meses de la presente administración en Jalisco se han localizado más cuerpos en fosas clandestinas que los encontrados durante los dos sexenios anteriores. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2020 se han rescatado 467 cuerpos de 84 fosas; 215 de ellos, tan sólo durante los primeros cinco meses de este año.

En tanto, la investigación realizada por el portal A dónde van los desaparecidos, basada en documentos de las fiscalías estatales, establece que entre enero de 2006 y diciembre de 2016, en Jalisco se localizaron 214 cuerpos en 137 fosas; a la cifra hay que sumar los 75 rescatados de 37 fosas halladas por la PGR en 2013 en el municipio de La Barca, y los 121 que descubrió la fiscalía en 52 fosas, entre enero de 2017 y noviembre de 2018. En total, 410 cuerpos en 226 fosas durante 12 años.

Estos datos no incluyen una cantidad indeterminada de restos óseos, osamentas y fragmentos de cuerpos localizados en las fosas y que aún no se establece a cuántas personas corresponden.

Las autoridades estatales atribuyen esta forma de violencia a una disputa entre grupos de la delincuencia organizada, especialmente a partir de marzo de 2017, cuando una ruptura dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dio origen al autodenominado Cártel Nueva Plaza.

Un ejemplo de esta lucha lo ilustra el descubrimiento de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina localizada en el área metropolitana de Guadalajara: 16 días después de que la Guardia Nacional arrestara en Tlaquepaque a 15 presuntos delincuentes que supuestamente se dedicaban a capturar a presuntos rivales para torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos, la Fiscalía de Jalisco localizó tres fosas clandestinas en distintos puntos de la metrópoli, entre ellas una en Tlajomulco de la que se rescataron los restos de por lo menos 50 personas.

Práctica sistemática

Sin embargo, casos como el ocurrido en Chapala el pasado 15 de junio, cuando se rescató de una finca a ocho personas secuestradas que presuntamente serían asesinadas y enterradas en el inmueble, demuestran que en Jalisco la desaparición de personas es una práctica sistemática que utilizan los grupos delictivos contra cualquier persona, pues las investigaciones por este caso refieren que ninguna de las víctimas estaba relacionada con algún grupo criminal.

Por este hecho están vinculados a proceso una mujer y dos hombres; a los tres se les imputaron los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada, lesiones calificadas y delitos contra la dignidad de las personas; a los dos varones, además, se les imputó violación y violación equiparada.

De las indagatorias se desprende que el posible móvil tiene que ver con la búsqueda de un estadounidense quien, al parecer, se encarga de distribuir droga en la zona de Chapala —especialmente entre la comunidad extranjera— y a quien seis de las ocho víctimas conocen, por lo que fueron torturadas para obtener información.

Entre las víctimas está una pareja de artistas que fue reportada como desaparecida el 9 de junio, y un chofer de Uber cuya ausencia fue denunciada el 10 de junio; la fiscalía tiene indicios de que en la finca donde se tenían cautivas a estas ocho víctimas había más personas privadas de su libertad, pero se desconoce su paradero y quiénes son.

El miedo crece en Chapala

La mañana del 15 de junio, convocadas por el colectivo Guerreras Unidas por Chapala, unas 300 personas se manifestaron frente al ayuntamiento para denunciar una oleada de desapariciones en el municipio, según sus cálculos, desde diciembre de 2019 se ha perdido la pista de al menos 30 personas, aunque la fiscalía estatal sólo tiene 20 registros.

Ese día, antes de que fueran liberadas las ocho víctimas, el colectivo denunció que grupos de sujetos armados operan impunemente en la región y son los responsables de las desapariciones.

Sus señalamientos coinciden con el de habitantes de este municipio que no están vinculados al colectivo: hace dos años y medio Laura buscaba a su hija y, tras reportarla como desaparecida y contactar con algunos colectivos de familias de personas ausentes en Guadalajara, logró encontrarla viva meses después.

“Esas mujeres, con tal de encontrar a sus hijos son capaces de hablar con el mismo diablo, pero aquí en Chapala, si dices algo, luego, luego te llegan, saben quién eres y te amenazan; antes yo en mi barrio podía salir a comerme unos tacos a la una de la mañana y veías gente en la calle; ahora, nomás cae la noche y todos se encierran”, dice.

Algo similar relata Yolanda, quien piensa que las autoridades locales están rebasadas y se tienen que doblegar ante el crimen organizado.

El Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) del gobierno estatal indica que hasta el 31 de mayo pasado había en el estado 9 mil 341 personas cuyo paradero se desconoce, de ellas 2 mil 212 son consideradas desaparecidas, porque se presume la comisión de un delito para provocar su ausencia, y 7 mil 129 se consideran no localizadas, pues no hay indicios de delitos relacionados con su ausencia.