Decomiso de cajas de seguridad crea conflicto en QR

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La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició ayer el procedimiento de revisión y traslado a la Ciudad de México de mil 500 cajas de seguridad que rentan ciudadanos de Cancún a la empresa First National Security.

La diligencia forma parte de una investigación que generó el aseguramiento de las instalaciones de la compañía la madrugada del 9 de octubre pasado, sin que se exhibiera una orden judicial o de cateo, a decir de los representantes legales de First National.

Personal de la SEIDO arribó la mañana de ayer para abrir la bóveda donde se encontraban las mil 500 cajas y, presuntamente, inventariar los valores resguardados, para llevarlos a las instalaciones de la dependencia, en la Ciudad de México.

Hasta el cierre de esta edición, se mantenía el recuento del contenido de las cajas, procedimiento custodiado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Decenas de personas afectados llegaron al lugar, donde el coordinador del operativo —quien se negó a dar su nombre— explicó que, como parte de una investigación, se aseguraron las cajas, las cuales serán abiertas, y para recuperar su contenido los dueños deberán acudir directamente a la sede de la SEIDO a partir del próximo martes.

“Se trata de un mandato judicial, si ustedes acreditan lo que tienen no va a haber ningún problema. Ustedes tienen que entender que nosotros estamos llevando a cabo una investigación”, les explicó a los inconformes.

Mencionó que el número de averiguación del caso es la FED/Seido/Pue0000740/2017, pero agregó que no podía dar mayores detalles, excepto que no era necesario que los propietarios se presentaran con abogados a la dependencia.

Entre un mar de cuestionamientos, los afectados reprocharon a la autoridad que no se mostró ninguna orden de cateo ni judicial y que mucho menos se les notificó de las indagatorias, por lo que fueron violentados sus derechos, como el de propiedad, seguridad y privacidad.

“Si ahorita se llevan nuestras cosas, quién nos asegura que podremos recuperarlas y no nos las harán perdedizas”, les gritó una mujer, presunta dueña de una de las cajas.

Los inconformes aseguraron ser víctimas de “El robo del siglo”, pues nadie les garantiza que la totalidad de sus bienes les serán reintegrados.

Los abogados de la empresa le reclamaron al coordinador de la SEIDO que ninguna autoridad les notificó ni les explicó por qué tendrían que asegurar la totalidad de las cajas y afectar a miles de usuarios, en lugar de solicitar directamente sólo las contempladas en las indagatorias.

La firma Abraham Magaña y Asociados, que representan a la compañía, calificó lo sucedido como “una absoluta arbitrariedad”.

“Nosotros fuimos a la SEIDO y les dijimos: ‘Estamos a sus órdenes’, lo único que quiero es que no afecten a los mil 500 usuarios. Si tienen una investigación contra alguno de ellos, con confianza díganlo y apoyamos, pero no los afecten.

“No les importó. La empresa lo lamenta, no se puede hacer más. Si procedieran de buena fe, por qué perjudican a la gente haciéndola viajar hasta la Ciudad de México”, lamentó el litigante.

Varios de los perjudicados permanecieron durante la noche en el lugar, mientras en el interior de la bóveda se desarrollaba la apertura de las cajas de seguridad.

El pasado 9 de octubre, personal de la SEIDO, elementos de la Policía Federal y del Ejército aseguraron el inmueble que operaba como local del First National Security.

La empresa se dedica a la renta de cajas fuertes y presuntamente ese día dos de éstas habían quedado en poder de las autoridades federales.

La compañía, que trabaja desde hace 22 años, presentó un amparo cuya suspensión les fue negada, por lo que se tuvo que contratar a otro bufete, el cual amplió la demanda.