La ejecución intolerable y la ordeña tolerada

Salvador García Soto

En menos de una semana el país fue testigo de dos hechos graves, que pusieron en el centro del debate y la agenda pública dos temas que llevan todo el sexenio ocurriendo y que han sido ignorados, tolerados y pospuestos, ya sea por la apatía política y la falta de acuerdos o de plano por la incapacidad de un Estado rebasado y superado por la delincuencia: el robo de combustibles como negocio creciente del crimen organizado y los riesgos de violaciones graves a derechos civiles por el uso indiscriminado del Ejército en labores policíacas para enfrentar a la delincuencia.

El robo de combustibles, que tiene por lo menos 10 años ocurriendo de manera intensiva en el país, nunca creció tanto como en lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto. Cada año, en los últimos cinco años, la extracción ilegal, perfeccionada y orquestada de gasolinas y diesel de los ductos de Pemex, se incrementó en un promedio de casi 300 por ciento, para un incremento total de más del mil por ciento durante esta administración. Los reportes oficiales reconocen que diariamente, el crimen organizado que controla esa industria ilegal y millonaria, con cárteles como Los Zetas, Del Golfo y Jalisco Nueva Generación, se roban un promedio de 5.5 millones de litros diarios de combustibles en 53 municipios, provocando pérdidas multimillonarias a la empresa petrolera y al presupuesto federal.

Toda esa gasolina circula y se vende una buena parte en el mercado nacional y a la vista de todos, lo mismo en carreteras, donde se despacha en bidones, que en almacenamientos clandestinos, donde se vende entre 5 y 6 pesos el litro, o en la misma red de gasolineras controladas por Pemex que, a pesar de sus rígidos sistemas de control, no la detecta, y otra parte, sobre todo en los estados fronterizos como Tamaulipas, es exportada incluso a Estados Unidos y comprada por refinerías de Texas que luego se la revenden a Pemex como gasolina legal y a precios en dólares.

Es un negocio criminal y redondo en el que todos ganan. Ganan los narcos, que encontraron en este robo, relativamente fácil ante un Estado débil e incapaz de cuidar la kilométrica red de ductos, un actividad más lucrativa incluso que el tráfico de drogas; también ganan los pobladores de zonas depauperadas a los que, con el discurso ideologizado de que “el petróleo es de todos los mexicanos y por lo tanto tenemos derecho a usufructuarlo”, los cárteles han logrado meterlos a la ordeña donde obtienen ingresos que nunca ganarían como campesinos y obreros en trabajos eventuales y mal pagados. Aunque, igual que en el narco, al ganar dinero fácil, también se jueguen la vida por el riesgo de explosiones y derrames de combustibles hombres, mujeres y niños empleados como “carne de cañón”.

Y por supuesto también ganan los trabajadores de Pemex, ingenieros o sindicalizados, parte indiscutible de la red de corrupción que desde dentro de la empresa petrolera ayuda y apoya, con información de horarios, ubicaciones y presiones del paso programado de los combustibles por la red de ductos. Corrupción de la que no habla ni combate Petróleos Mexicanos ni su corrompido sindicato, aún cuando la empresa cuenta con sistemas y tecnología capaz de detectar variaciones de presión y merma de flujos en los ductos que transportan la gasolina y el diesel.

La cadena de la corrupción sigue con los empresarios gasolineros que, sabiendo el origen, compran y comercian combustibles robados, a través de sistemas duplicados de registro y almacenaje, de los que no se enteran o si lo hacen se coluden, las áreas de Pemex encargadas de controlar los combustibles entregados y vendidos a los expendios de su red. Y por supuesto, el círculo de la corrupción se cierra con el mismo gobierno que, a través de una vigilancia deficiente o en muchos casos inexistente, tolera y permite toda esa cadena que empieza en la ordeña y termina en la distribución y comercialización de millones de litros en el mercado negro; pero que además, a través de Petróleos Mexicanos importa de algunas petroleras y refinerías de Texas, a precios en dólares, parte de esa gasolina robada que luego es revendida más cara a los mexicanos.

¿De nada de eso se enteró el Presidente que, después del desastroso operativo militar en Palmarito —detonado a su vez por el brutal ataque a una familia poblana en el que mataron a un niño de dos años y violaron a una madre y su hija menor de edad— habló por primera vez en cinco años del problema y se comprometió a combatirlo?

La declaración tardía de Peña es de una ingenuidad total y preocupante: “El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente, es un delito. Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades. La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito […]. He dado indicaciones […] para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional”, dijo Peña en la conmemoración del 5 de mayo.

 

La ejecución y la emboscada. El otro hecho que tampoco es nuevo, pero que esta semana volvió a desatar el debate, es el abuso cometido por un soldado que en el operativo del Ejército en Palmarito, y luego de haber sido agredidos por sujetos armados que emboscaron al convoy militar provocándole cuatro bajas, decidió dispararle a uno de los presuntos delincuentes a quemarropa y cuando ya estaba abatido en el piso. ¿Es nuevo que algunos miembros del Ejército incurran en ejecuciones extrajudiciales? No, aunque esta vez quedó registrada en un video tomado por una red sofisticada de cámaras montadas por los mismos delincuentes que se roban el combustible.

Y a pesar de la defensa oficiosa que muchos quisieron hacer del Ejército, la misma Sedena reconoció y pidió que se investigue y se sancione a uno de sus integrantes que actuó fuera del orden legal. Tampoco, en el otro extremo, se sostiene el discurso de quienes, como Andrés Manuel López Obrador, hablaron “de la ejecución de un campesino” indefenso, porque el mismo video que exhibe al soldado que ejecuta, también muestra que el ejecutado era un hombre armado y con chaleco antibalas que, si de origen era campesino, no lo abatieron por esa razón, sino porque participó en una agresión que abrió fuego contra el convoy militar.

Pero ni el debate sobre la actuación del Ejército en las labores de seguridad pública para las que no fue creado ni entrenado es nuevo y repite una constante también vista a lo largo del sexenio de Peña Nieto: desde Tlatlaya y otros casos documentados, han quedado expuestos los peligros de utilizar, en una estrategia sí obligada pero también fallida, al Ejército como fuerza policiaca civil. Fue lo mismo que hizo Felipe Calderón con un saldo de muerte y violencia, y lo que replicó, exactamente igual, Enrique Peña Nieto con un incremento exponencial de la violencia que ya supera los 100 mil asesinatos violentos en lo que va de su gobierno, según cifras oficiales.

Tuvieron que pasar las cuatro bajas de los soldados y la ejecución extrajudicial registrada en video para que otra vez, en medio de “condenas enérgicas”, “rechazos contundentes” y “lamentos” de los políticos y gobernantes, se vuelva a hablar de la necesidad de legislar sobre la participación del Ejército en labores de vigilancia, pero también del aplazado y evitado tema que subyace en este debate: la incapacidad del Estado —Federación, estados y municipios— para brindar seguridad a los mexicanos con policías civiles profesionales, a pesar de los miles de millones de pesos que se han gastado en los últimos años; y ante ello, el uso permanente y desgastante del Ejército y la Marina en un combate contra el crimen y con una estrategia fallida que no reduce la violencia ni devuelve la paz a regiones enteras del país.

Nada de eso es nuevo, por más que se sorprenda el Presidente y buena parte de la clase política. Y por desgracia tampoco acabará cuando termine este sexenio.

 

Notas indiscretas… La otra parte que parece no querer enterarse y mucho menos involucrarse en el robo de combustible, son los gobernadores. Con el mismo argumento con el que se desentienden del narcotráfico y su violencia, la mayoría de los mandatarios estatales, que tampoco tienen las policías ni confiables ni capacitadas, se hacen de la vista gorda con la ordeña por ser “delito federal”. Por eso es importante que el nuevo presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, dijera que en su reunión de la próxima semana el organismo de gobernadores discutirá sobre la ordeña de gasolina. ¿Harán mea culpa los góbers?... De las buenas prácticas que se han logrado en el sector salud en los últimos años, está el ahorro por más de 10 mil 600 millones de pesos al comprar medicamentos genéricos para el tratamiento de enfermedades, sobre todo cuando ya vencieron las patentes de las grandes farmacéuticas. El beneficio aumenta además porque muchas de las empresas de genéricos son mexicanas que han obtenido sus registros sanitarios al demostrar que cumplen con todos los requisitos de calidad y equivalencia. Ojalá esa práctica persista en las compras del sector salud (Censida, ISSSTE, IMSS y Seguro Popular) que por años se realizaron de manera opaca, con corrupción y a sobreprecios… Mientras el pleito entre los Calderón y la dirigencia de Ricardo Anaya se recrudece, el que aprovecha y sigue en su proselitismo por todo el país es Rafael Moreno Valle. En los últimos días el ex góber poblano lo mismo fue a Baja California, en donde la diputada María Luisa Sánchez le organizó un evento con panistas y hasta con algunos haitianos refugiados que fueron vestidos con camiseta azul, que presentó en Monterrey su libro La Fuerza del Cambio, donde propone la segunda vuelta y los gobiernos de coalición como parte de lo que el país necesita en los nuevos escenarios de competencia democrática. Está claro que Moreno Valle no es el más popular de los aspirantes del PAN, según las encuestas, pero de que trabaja en una estrategia para sumar panistas que votarían en una elección interna, con mucho dinero y por toda la República, no hay duda… Se cierra la semana. Los dados mandan Serpiente.

 

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