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El gran tema que está frenando el avance de las negociaciones en el Senado para la aprobación de las leyes que darían pie a un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, es una decisión de fondo que no han tomado aún en el gobierno federal: ¿quién sería el nuevo fiscal General de la República si, como condiciona el PAN, antes de dar paso al nuevo sistema contra la corrupción, primero se debe definir la nueva fiscalía nacional autónoma? ¿Quién será su titular que aterrizará el cambio definitivo de la actual PGR, y durará nueve años en el cargo? “Primero el fiscal y luego el sistema”, exigen los panistas, mientras en el gobierno de Enrique Peña Nieto no deciden aún si quieren poner en ese nuevo cargo a la actual procuradora, Arely Gómez, o a otro fiscal para inaugurar la posición.
Ayer, en la reunión de coordinadores parlamentarios del Senado, en la que participaron Emilio Gamboa, del PRI, Fernando Herrera del PAN y Miguel Barbosa, del PRD, el tema de la transformación definitiva de la Fiscalía General de la República volvió a ponerse sobre la mesa, pues la oposición insiste: para que funcione el nuevo Sistema Anticorrupción tiene que haber un fiscal autónomo que no dependa del Poder Ejecutivo, cuyos actos de corrupción debe investigar y denunciar.
La presión, para el gobierno y para el PRI, es que el bloque opositor sigue condicionando la aprobación de las reformas de seguridad del Mando Único y el nuevo sistema de policías nacional a las leyes anticorrupción, incluida la etapa final de la nueva Fiscalía General que establece el Artículo 102 constitucional, aprobado desde 2014 y cuya designación quedó pendiente. Y mientras las negociaciones continúan, a escasos 10 días de que termine el periodo ordinario de sesiones, en la bancada priísta el tema del nuevo fiscal General de la República comenzó a hacer ruido.
El nombre del senador Raúl Cervantes, quien participa en las Mesas Técnicas de las Comisiones Unidas que discuten las leyes anticorrupción, comenzó a mencionarse como una posible propuesta del PRI y de Peña Nieto, en caso de que avance la creación de la Fiscalía General. Es decir, que en Los Pinos estarían buscando remover a la procuradora Arely Gómez y empujar a la Fiscalía autónoma a un jurista cercano al grupo en el poder.
Cervantes, quien intentó sin éxito ser ministro de la Suprema Corte, es primo del actual consejero de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y durante muchos años se desempeñó como abogado y asesor del Grupo Toluca, del empresario mexiquense Roberto Alcántara, uno de los más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la propuesta del PAN y PRD va más en el sentido de buscar un perfil no político del nuevo fiscal, ni ligado a los partidos y grupos de poder, pues si se optara por un priísta como Cervantes, se estaría comprometiendo la autonomía de la nueva Fiscalía y se le estaría dando el control del nuevo sistema de procuración de justicia y combate a la corrupción a un grupo político, el mexiquense, por los próximos nueve años. ¿O alguien piensa que Raúl Cervantes investigaría la corrupción del actual sexenio cuando tiene nexos tan cercanos y profundos con la Presidencia de Peña Nieto?
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de leyes pendientes en el Senado, la de Navegación y Comercio Marítimas, que propuso el Presidente, aún no está claro si será desahogada o la dejarán hasta el próximo periodo ante las negociaciones políticas entre los partidos. La propuesta busca devolver a la Secretaría de Marina el control y vigilancia, a través de las Capitanías de Puerto, de 103 puertos mexicanos que hoy están amenazados por la delincuencia y la corrupción. El problema es que esta iniciativa, que se considera urgente ante la escasa vigilancia que hoy tienen los puertos, no sólo se atoró por las negociaciones entre fracciones, sino que además fue torpedeada desde el mismo gabinete, pues los actuales capitanes de Puerto, dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no quieren perder un coto de poder y corrupción y se oponen a que el control portuario le sea devuelto a la Marina, que lo tuvo hasta que le fue retirado por el gobierno de Miguel de la Madrid. Hoy la propuesta de Peña Nieto es que los marinos se encarguen de la vigilancia y supervisión armada de los barcos y buques que entran a aguas nacionales, y que la SCT sólo se haga cargo de la marina mercante. La propuesta se basa en el modelo con el que la Semar recuperó los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que después de estar bajo el control del crimen organizado, hoy son de los más seguros en el país… Los dados mandan Escalera. Buen tiro.
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