La Secretaría de Gobernación, escenario de oscuros episodios nunca contados, ha presenciado en las semanas recientes una serie de encuentros singulares, donde funcionarios de alto nivel y líderes parlamentarios toman dictado a jefes militares para confeccionar una ley que, en los hechos, consumará la derrota del poder civil para enfrentar al crimen organizado en México.
Testigos directos dan cuenta de cómo el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, se ha constituido durante algunas de estas reuniones en un riguroso y puntual “legislador”, al presentar adiciones y correcciones a anteproyectos de ley, aportando párrafos que se tornan intocables, todo lo cual irá a dar a un marco jurídico que será presentado públicamente como un esquema para acotar las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad —nacional, pública o interna, que en estas discusiones parecen amalgamarse en un todo vago y peligroso, según han advertido ya múltiples especialistas.
Es muy probable que en esas citas privadas en el palacio de Bucareli los improvisados formen mayoría. Que contra el viejo principio de la ciencia política, prefieran cuidar la próxima elección antes de preocuparse por la siguiente generación.
Pero el general Cienfuegos (Ciudad de México, 1948) exhibe credenciales personales, más allá de su condición castrense y de secretario de Estado, que lo hacen conocedor de los terrenos que pisa. Su formación académica tuvo énfasis en temas de seguridad y defensa. Adicionalmente, su círculo cercano refiere su pasión por el estudio de la Historia, en particular la militar, por lo que sabe de la dureza de los juicios que esa historia extiende.
La ruta crítica establecida en Gobernación prevé llevar a cabo “mesas técnicas” de debate en los primeros días de enero —con el país aun en modorra vacacional—, para una vez cubierto tan enfadoso trámite, proceder a aprobar la nueva Ley de Seguridad Interna, en enero mismo, durante un periodo extraordinario, o a más tardar en febrero, cuando arrancan las sesiones regulares.
De acuerdo con las fuentes consultadas, estos discretos coloquios han sido coordinados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En ellos se acordó el sobado recurso de que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fueran presentadas sendas iniciativas en esta materia. En la Cámara Alta la encomienda la asumió el panista Roberto Gil, y en San Lázaro el documento exhibe la firma, que no la autoría, de los priístas César Camacho y Martha Tamayo, el primero de ellos coordinador de la bancada del PRI.
El propósito tradicional de tal procedimiento es buscar qué cámara ofrece mejores condiciones para subordinar a los opositores. No hubo sorpresas: en San Lázaro la alianza oficialista formada por PRI, Verde, Panal y PES no sólo tiene mayor fuerza numérica, sino que sus negociaciones con el PAN no las cierra con el líder de la fracción, Marko Cortés, sino con el dirigente del partido, Ricardo Anaya, cuyo hombre en el Senado, Fernando Herrera, tiene un peso marginal aun ante sus correligionarios. Y es bien sabido que el PRD en el Congreso no se suma, pero sí se sume a la hora del debate y los votos.
Un acercamiento cuidadoso a los posicionamientos que han tenido sectores académicos y de organismos de la sociedad ligados a la agenda de la seguridad y los derechos humanos revela un inesperado consenso sobre la necesidad de una ley en este ámbito; incluso, una empatía con el reclamo del general Cienfuegos y de su homólogo de la Marina, Vidal Francisco Soberón, ambos asistentes a las reuniones de Gobernación, donde muestran una postura que puede resumirse en pocas palabras: si nos van a mandar a las calles, documentemos quién lo ordena, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo.
También hay coincidencia de los juristas —como lo ha escrito Pedro Salazar en estas páginas— en que la inminente ley no podría encubrir los excesos militares en contra de los derechos humanos, protegidos por todo un marco jurídico nacional y, en especial, por la cada vez más celosa —y escandalizada— mirada de los tribunales internacionales.
La creciente oposición de los conocedores gravita en que las propuestas del senador Gil Zuarth y de los diputados Camacho y Tamayo aceptan tácitamente la renuncia del poder civil a asumir su responsabilidad en la mejoría de las policías, en el combate a la complicidad de la política y el crimen, en el uso de la inteligencia contra las mafias criminales… Y esta renuncia, este fracaso de los civiles, incluye a todos los niveles de los poderes del Estado: gobierno, Congreso, jueces.
Las citadas propuestas de ley, se ha alertado ya, incorporan sin rubor propuestas para suspender garantías ciudadanas por petición del Presidente de la República o de los gobernadores, pero dejando en el limbo límites a esos estados de excepción, la transparencia que tendrán las operaciones militares y, especialmente, cuánto tiempo las Fuerzas Armadas estarán a cargo…, o si alguna vez dejarán de estarlo.
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