Resultados, para proteger y fortalecer la libertad de expresión

Esta semana se produjo un cambio impuesto por la realidad, permitido por la democracia y conquistado por la sociedad, a la que los gobernantes están obligados a responder inmediata y eficazmente.

El clamor de justicia que lanzaron los comunicadores que cubren la fuente presidencial, iniciado por el fotógrafo de La Jornada, Francisco Olvera, entraña un simbolismo histórico trascendental.

Si se asume que la prensa es un interlocutor válido frente al poder político por la tarea que desempeña; si recordamos que por su función es un representante legítimo de la comunidad ante las autoridades, con lo sucedido en Los Pinos se puede decir que por primera vez en la historia de este país, la soberanía tomó su papel, dispuesta a hacer valer su potestad, cuyos cimientos son la seguridad y la libertad.

Su exigencia de estos bienes deriva de la situación de inseguridad que priva en todo el país; de la corrupción que ha alcanzado todas las esferas de la vida nacional; de la impunidad que invita a la reincidencia, y de la falta de congruencia permanente que se da, de larguísima data, entre las el discurso y las acciones oficiales.

El mensaje que directamente fue expresado al Presidente por un grupo de trabajadores de los medios de comunicación, pero que contiene lo mismo que cada uno de los mexicanos quisieran decirle, es claro y no puede ser desoído:

“¡Ya no más discursos!… ¡Que se abran las carpetas de investigación que no se analizan!… ¡Que haya efectividad!”, en la investigación y sanción de los crímenes perpetrados contra comunicadores.

Ante esa demanda, hubo respuesta inmediata. La dio el propio titular del Poder Ejecutivo: “Tengan la certeza de que estos crímenes no quedarán impunes, y la labor que ellos (los informadores sacrificados) realizaron porque la verdad siempre se conociera, no será en vano; no habrá de quedar en vano el que ellos lamentablemente hayan perdido la vida”.

Pero esa respuesta, previsiblemente, no va a quedar y no debe quedar en palabras. Como nunca, el gobierno está obligado a actuar pronta y eficazmente. Sus promesas deben estar en línea con los resultados. Es lo obligado en el contexto del Estado democrático y de Derecho en el que supuestamente vivimos.

Pese a las cifras de homicidios, (desde que Felipe Calderón sacudió el avispero y abandonó su equivocada lucha contra el narcotráfico) su ineludible deber es poner en práctica inmediata medidas preventivas para salvaguardar la integridad de quienes informan a la sociedad; reabrir y concluir las investigaciones guardadas en el cajón del olvido y acelerar las investigaciones de los últimos crímenes.

En esa vertiente, la detención, consignación y sentencia de los sicarios de los reporteros Javier Valdez y Miroslava Breach, que son los más recientes, generaría la esperanza de que se está en ruta del cumplimiento de compromisos explícitos y que en los demás, que incluye a miles de personas comunes, también se hará justicia.

De ser realmente atendida la petición que le fue planteada al Presidente, su gobierno sería el primero en esclarecer tantos homicidios consumados que han quedado impunes. El único mensaje que espera la población al respecto, se reduce a una sola palabra: ¡Resultados!, como él mismo, acertadamente, los ha ofrecido.

Estos, son esperables porque aún con la dificultad que representa encarar a un enemigo despiadado, brutal, poderoso y sin rostro, no se lo puede comparar con la fuerza del Estado.

Permitir que se le sobreponga implicaría la derrota de la razón, fundadora del Derecho; la pérdida de legitimidad; el debilitamiento de la civilidad, por el acallamiento de libertades, y el hundimiento de la única entidad donde la vida humana es posible: el Estado, creación máxima de la civilización.

Una respuesta contundente y definitiva a la degradación de toda actividad nacional, es inaplazable. Su delicada situación en todos los órdenes no debe soslayarse. Mejorar el ambiente de inseguridad e incertidumbre, sobre mirando hacia 2018, es un imperativo categórico.

Las urgencias que surgen de la sociedad, deben tener respuesta. Los compromisos del gobierno de actuar, hoy, menos que nunca, deben abandonarse a las palabras.

SOTTO VOCE… Una declaración honesta, la del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, de que “… quien estaba realmente mandando en la policía de Zihuatanejo era un delincuente y estaba adentro de las instalaciones”. ¿Cuántos casos más como éste habrá en todo el país?... El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, recibe el apoyo de la clase empresarial de su estado por acciones específicas que está tomando contra la delincuencia organizada, después del desastre que heredó de Malova… Como experto en la materia, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo en la reunión de la Conago del miércoles, que él encabezó: “el Estado de Derecho no existe sin paz social”. ¿Cuántos entienden eso? ¿A cuántos que lo saben, estando en el poder, les preocupa?... El costo de cancelar la licitación de frecuencias que recién se llevó a cabo sería muy alto, pero reponer y evitar que Tecnoradio se beneficie indebida y abusivamente, sanearía y reacreditaría el proceso.

ombeluniversal@gmail.com, @mariobeteta