El argumento es que quieren defender derechos de avanzada. La realidad es que desembocan en actos de autoridad propios de regímenes autoritarios que afectan libertades.
Vamos a pensar bien. Que los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) buscaban genuinamente establecer mecanismos para garantizar derechos de las audiencias de radio y televisión cuando comenzaron a concebir los “lineamientos” que estuvieron más de un año en la congeladora y que ahora quieren que entren en vigor a partir del 1 de febrero.
La realidad es que el resultado es un reglamento que podría despertar la envidia de gobiernos como los de Maduro, Putin o Castro. Ni ellos se atreven a tanto.
Por supuesto, el nuevo vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, y su jefe Donald Trump, serían muy felices si pudieran contar con un mecanismo así para lograr que la molesta prensa finalmente diga sólo lo que ellos quieren que diga. Pero en Estados Unidos sería imposible aprobar, ya no digamos aplicar, esas reglas que atropellarían la Primera Enmienda de su Constitución, que garantiza las libertades de expresión y de prensa.
Para cualquier periodista saltan a la vista los errores y los peligros de dichos lineamientos del IFT. No sorprende que en sus deliberaciones los consejeros no se hayan dado cuenta de lo que estaban diseñando. A veces ganan la sed de venganza y las ínfulas heroicas.
A partir del 1 de febrero, cualquier periodista de radio y televisión tendrá que avisar a su público, mediante una cortinilla, cada vez que vaya a emitir una opinión, para que el radioescucha o el televidente puedan distinguir la opinión de la información.
“El dólar cerró ayer en 22.25 pesos a la compra”. Cortinilla producida: lo que usted escuchará a continuación es una opinión. “Vaya caída que experimentó el peso tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”. Cortinilla producida: a continuación, un segmento de información. “A la venta, se cotizó en 21.95”.
Así tendrían que ser los noticieros. Como si las audiencias no supieran distinguir.
Sería hasta cómico si no fuera porque el Instituto tiene facultades que ya quisiera cualquier órgano censor de un gobierno autoritario. Si hay una “queja ciudadana” de que determinado periodista no metió una cortinilla de advertencia antes de emitir una opinión, por intrascendente que sea, el consejo del IFT puede castigarlo sacando del aire el noticiero e imponiendo una multa millonaria a la televisora o la radiodifusora.
No hace falta ninguna cortinilla de advertencia para distinguir que esas reglas harán las delicias de políticos de todos colores a quienes no les guste lo que se diga en un noticiero porque les bastará disfrazarse de “ciudadanos” para quejarse y sacar del aire el espacio que se atreva.
Según estas reglas, los consejeros van a decidir si las noticias cumplen con criterios de “veracidad y oportunidad”. Ellos decidirán qué es verdad y qué no, y cuándo se puede informar sobre ello. También tendrán facultades para decidir los criterios de contenidos de los medios y sus códigos de Ética. Vaya, vaya.
Hay más elementos, pero con lo anterior es más que suficiente para saber que la libertad de expresión está en grave riesgo… sin necesidad de cortinilla.
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